Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA IV, 14 de Mayo de 2019, expediente CNT 000299/2010/CA002 - CA001

Fecha de Resolución14 de Mayo de 2019
EmisorCÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA IV

Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITVA N° 105.931 CAUSA N°

299/2010 SALA IV “MACARONI GUSTAVO DANIEL Y OTROS

C/ PROVINCIA ART S.A. S/ ACCIDENTE-LEY ESPECIAL”

JUZGADO N° 58.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 14 de mayo de 2019, reunidos en la S. de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora S.E.P.V. dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia (fs. 479/492) se alzan las partes a tenor de los memoriales obrantes a fs. 503/510 (actora) y fs.

497/500 (demandada), este último replicado a fs. 512/517 por su contraria.

A su vez, la aseguradora cuestiona por elevados los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y a los peritos intervinientes, mientras que la perito contadora (fs. 496) y el abogado del trabajador (fs. 510) apelan los suyos –ambos por derecho propio-

por insuficientes.

II) La demandada, en el considerando III de su memorial recursivo, sostiene que apela “la extensión de la condena civil…”

dispuesta en grado (fs. 497) –por lo que cabría ajustarse a dicho planteo-, aunque en el contenido del agravio efectúa alguna referencia a la fundada en la ley especial por el infortunio sufrido por el actor; así,

su relato es poco claro pues pareciera confundir lo resuelto respecto del accidente de trabajo con lo decidido con fundamento en la normativa civil por la incapacidad derivada de las tareas desarrolladas por el demandante.

Ahora bien, aun de considerar que la demandada ha cuestionado también la condena fundada en la ley especial por el accidente de trabajo sufrido por el actor, cabe considerar que la queja se encuentra desierta –conforme art. 116 LO- pues no ataca los fundamentos de grado de los que surge que, según el informe contable, el accidente fue oportunamente denunciado y la ART brindó las prestaciones Fecha de firma: 14/05/2019

Alta en sistema: 21/07/2020

Firmado por: H.C.G., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: S.E.P.V., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.A.R., J. de Cámara Firmado por: L.G.B., S. #20888390#234361095#20190514121805866

Poder Judicial de la Nación pertinentes (fs. 122/125) sin que se acredite en autos el rechazo oportuno en los términos del art. 6 de la ley 24.557. Ello sella la suerte de la queja.

III) Seguidamente ingresaré en el análisis de los planteos incoados por el trabajador en cuanto cuestiona que la Sra. J.a de grado haya calculado la reparación con aplicación del tope previsto en el artículo 1278/00.

En efecto, corresponde dejar aclarado en primer lugar que si bien el criterio sostenido por esta S., en supuestos como el presente -en atención a que el infortunio ocurrió el 12/05/2009- dispone que las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 deban ser calculadas según las previsiones de la citada norma con las modificaciones introducidas por el decreto 1278/00, sin que corresponda aplicar las que posteriormente agregó el decreto 1694/09 (ver, entre otros, SD 96.784 del 10/12 /12

Asmat, C.F.Y. c/ QBE ART S.A s/ Accidente – Ley especial

y SD 96.026 del 30/12/11 “Coggiola, H.A. c/

Provincia ART S.A S/ Accidente – Ley especial” del registro de este Tribunal), lo cierto es que esta S. se ha pronunciado respecto de la aplicación del “tope” precisado en el decreto 1278/00 en un caso que presenta sustancial analogía con el presente, que la Corte Suprema sostuvo, con cita del art. 14 bis de la Constitución Nacional, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (entre otros instrumentos internacionales), que:

…en la presente causa, ante el carácter de las aludidas referencias normativas, es necesario concluir que la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades laborales bajo un régimen tarifado -al cual apuntan los textos transcriptos-, no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima. Luego, resulta evidente que si bien el art. 8 de la ley 9688

(según ley 23.643) atendió, como principio, a la mentada pérdida por medio del cómputo de la reducción del salario de la víctima, impidió, a la postre, que esta finalidad fuese lograda en los supuestos en los Fecha de firma: 14/05/2019

Alta en sistema: 21/07/2020

Firmado por: H.C.G., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: S.E.P.V., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.A.R., J. de Cámara Firmado por: L.G.B., S. #20888390#234361095#20190514121805866

Poder Judicial de la Nación cuales, como el de esta controversia, resultó aplicable el importe indemnizatorio máximo que preveía. Este último arbitrio, en breve, no se adecuó a los fines que la norma debía —y pretendió, aunque sólo como principio— consagrar ("Azar" Fallos: 299:428, 430, y sus citas).

La conclusión que se acaba de asentar, por lo demás, encuentra definitivo sustento en reiterada jurisprudencia de la Corte en cuanto tiene expresado que el trabajo humano exhibe características que imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia, también normativamente comprendidos en la Constitución Nacional ("M.", Fallos: 304:415, 421 y su cita). Más todavía; dicha justicia no es otra que la justicia social, vale decir, aquella por la que se consigue o se tiende a alcanzar el "bienestar", esto es, "las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad" ("Berçaitz",

Fallos: 289:430, 436 -1974-; v., entre otros, además del ya citado caso "A.": "P.c.B. y Cía.", Fallos: 246:345, 349; "R. c/

Borrás", Fallos: 250:46, 48/50 y sus citas, y "P. c. Disco SA",

Fallos: 332:2043, 2057/2058 y sus citas - 2009). Justicia esta que, por lo pronto, inspiró la elaboración y sanción del citado art. 14 bis, según lo asentaron con entera nitidez los reformadores de 1957 (v. la exposición de los convencionales J. —informante del despacho de la Comisión Redactora—, Peña, P., S.,

P. y M., Diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente. Año 1957, Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1958, t. II, págs. 1221, 1253, 1262 y 1267, 1293 y 1344,

respectivamente), así como el reiteradamente citado PIDESC (Comité

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general N° 12 El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11), 1999,

párr. 4). En el campo de los derechos humanos, asimismo, el principio pro homine, exige que aquéllos sean interpretados con la mayor amplitud que permita la norma que los reconozca, y censura, por ende,

toda exégesis restrictiva ("M.", Fallos: 330:1989, 2004 - 2007),

cuanto más que, de acuerdo con reiterada y conocida doctrina, el Fecha de firma: 14/05/2019

Alta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR