Más secretismo, menos democracia y república

Pese a la natural tendencia del gobierno kirchnerista a confundir las cuestiones de Estado con secretos de Estado, no ha dejado de sorprender negativamente que el propio jefe de Gabinete, , señalara días atrás que el Poder Ejecutivo Nacional no remitirá al Congreso el texto completo del acuerdo recientemente celebrado con el .En tanto que el artículo 75 de la Constitución Nacional establece que, entre las muchas atribuciones del Poder Legislativo, se encuentra la de "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación", no pueden menos que causar indignación las expresiones del jefe de Gabinete.Puede sospecharse que el gobierno de pretenda ocultar los detalles del reciente acuerdo con el grupo de países acreedores que las autoridades argentinas efectuaron no sólo a la contraparte, sino también a su propio relato. Pero la realidad es mucho más grave que eso: el secretismo oficial es absolutamente contrario a los más elementales principios republicanos y democráticos.La, además de limitar la democracia, torna dificultoso el ejercicio ciudadano en el control del poder político. Y el abuso del secreto desde el Gobierno sólo puede conducir a la imposición de un relato oficial que, en la mayoría de los casos, tiende a ocultar lo que realmente ocurre.Ejemplos de lo señalado abundan en la gestión nacional del kirchnerismo. Por citar sólo un caso, no parece razonable que aún se desconozca el contrato que liga a YPF con la empresa norteamericana Chevron para la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta. Tampoco resulta criterioso que los argentinos no podamos saber a cuánto asciende el sueldo del presidente de YPF, Miguel Galuccio. Si bien es cierto que la principal petrolera argentina es una sociedad anónima, por el hecho de que el Estado nacional sea su accionista mayoritario, correspondería que la ciudadanía tuviera acceso a una información mucho más detallada y transparente.La serie de cuestiones poco transparentes no termina allí. La reglamentación de la ley de publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, aprobada el año pasado, ha provocado que la información al alcance de la sociedad sobre cada uno de aquéllos sea muchísimo más escueta, lo cual disminuye notablemente la capacidad de control ciudadano. A tal punto que, si esta reforma se hubiese puesto en práctica hace varios años, probablemente ni el vicepresidente Amado Boudou ni el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime estarían siendo hoy...

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