Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 16 de Diciembre de 2020, expediente A 73330

Presidentede Lázzari-Kogan-Genoud-Pettigiani
Fecha de Resolución16 de Diciembre de 2020
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.330, "L.S. e Hijos S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión declarativa de certeza. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresde L., K., G., P..

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata declaró inconstitucional el art. 5 de la ley 13.850, confirmando lo decidido mediante la sentencia de primera instancia, a través de la cual se estableció que la firma actora mantiene la exención frente al impuesto sobre los ingresos brutos que le fuera acordada (v. fs. 82/89 y 140/148).

Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 153/163), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 153/163).

Dictada la providencia de autos (v. fs. 179) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctor de L. dijo:

I.1. La firma L.S. e Hijos S.A., dedicada a la actividad pesquera, promovió una acción declarativa con el objeto de que se declarase la inconstitucionalidad e ilegalidad de las normas a través de las cuales la Provincia de Buenos Aires dejó sin efecto la exención frente al impuesto sobre los ingresos brutos que le había sido reconocida. Para el caso de que se acogiera lo peticionado, hizo reserva de solicitar la devolución de todos los importes abonados por dicho concepto.

Concretamente, sostuvo que el Estado provincial violó lo dispuesto por el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, aprobado mediante la ley 11.463 y cumplimentado -en lo que aquí interesa- mediante las leyes 11.490 y 11.518. Ello así, por cuanto el art. 5 de la ley 13.850 suspendió las exenciones derivadas de ese plexo normativo, exceptuando únicamente a aquellos contribuyentes cuyos ingresos hubieran sido, durante el período fiscal anterior, inferiores a sesenta millones de pesos.

En lo que respecta a la vía intentada, apuntó que los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial contemplan un proceso especial ante la Suprema Corte para casos en los que se persigue la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos, pero observó que, vencido el plazo de caducidad allí previsto (como estimó que había sucedido en la especie), queda abierta la posibilidad de ocurrir ante la justicia ordinaria.

I.2. Al decidir el caso, el juez de primera instancia advirtió que el art. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo no requiere en forma expresa, como requisito de admisibilidad de la pretensión declarativa de certeza, la existencia de un estado de incertidumbre. Tras derivar de allí que este concepto debería apreciarse con flexibilidad, evaluó que, en autos, la actora traía a consideración una controversia actual y concreta respecto del alcance de una situación derivada de su relación jurídica como contribuyente, que no revestía carácter consultivo ni importaba una indagación meramente especulativa y que -por ende- la pretensión resultaba útil para el fin planteado.

Añadió que -a su entender- la incertidumbre (requisito mencionado por el art. 322 del CPCC, al que remite el art. 12 inc. 4 del CCA) se presenta cuando el demandado no ha adoptado un comportamiento que torne necesario, desde el punto de vista del actor, una sentencia de condena y consideró que ello era lo que sucedía en el caso.

Recordó que el 12 de agosto de 1993 el Estado nacional y las provincias suscribieron el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, con el objetivo principal de eliminar los gravámenes que provocaban efectos distorsivos en la economía y que en ese marco aquellas asumieron el compromiso de eximir del impuesto sobre los ingresos brutos, en forma parcial y progresiva, a distintas actividades, entre éstas la de pesca que desarrolla la firma actora. Agregó que mediante las leyes 11.490 y 11.518 se consagró el beneficio en cuestión y que a través de la resolución 2.252/01, la ex Dirección Provincial de Rentas declaró a L.S. e Hijos S.A. exenta del pago del gravamen referido a partir del 1 de enero de 1994. Dedujo que el pacto aludido se hizo operativo en la provincia de Buenos Aires a partir de la sanción de las citadas leyes 11.490 y 11.518, pero advirtió que, con posterioridad, la ley 13.850 suspendió las exenciones allí establecidas.

Entendió que debía dilucidarse aquí, si pese a lo expuesto, estos beneficios se mantienen vigentes, cuestión que resolvió de manera afirmativa tras razonar que el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento debe prevalecer sobre la ley 13.850 debido a la superior jerarquía normativa que reviste por surgir de un acuerdo interjurisdiccional, lo cual impide su derogación unilateral por cualquiera de las partes. Destacó que dicho instrumento no fue denunciado por la provincia demandada. Adujo que al efecto de decidir no era necesario declarar la inconstitucionalidad de la ley cuestionada, sino que bastaba con una interpretación armónica conforme la cual aquella no podía suspender ni dejar sin efecto la exención reconocida a la sociedad actora sobre la base de los antecedentes indicados.

I.3. El tribunala quocaracterizó la pretensión declarativa de certeza regulada por el art. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo como una vía procesal amplia, de carácter independiente y principal, diferente por ende de la acción declarativa contemplada en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial, cuya naturaleza es subsidiaria. Sin oponer objeciones a la admisibilidad de aquella en el caso sujeto a juzgamiento, manifestó que la accionante, cuestionando la constitucionalidad de la ley 13.850, perseguía hacer cesar el estado de incertidumbre que se habría generado a partir de la sanción de esta última norma.

En cuanto al fondo de la materia debatida, sostuvo que los tratados o leyes convenio celebrados entre las provincias y el gobierno nacional (y dentro de ellos, el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento) cuentan con un rango normativo específico que impide su derogación, modificación o la alteración de su contenido por parte de cualquiera de los signatarios, salvo que alguno de ellos materialice el procedimiento de denuncia. Seguidamente observó que, en cumplimiento de lo previsto en la cláusula primera, puntos 3 y 4, apartado "a" del Pacto involucrado, la legislatura bonaerense sancionó la ley 11.518, a través de la cual dispuso eximir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos, entre otras, a la actividad pesquera. Consideró que, en tanto dicho convenio no fue denunciado, la provincia demandada se encuentra obligada por él y que su objeto y fin se vieron frustrados por la decisión de suspender la vigencia de la exención previamente otorgada.

Destacó que la fecha originalmente establecida por el referido Pacto Federal para el cumplimiento de las medidas consensuadas (esto es, el 30 de junio de 1995) fue objeto de sucesivas prórrogas, dispuestas por el Estado nacional mediante las leyes 24.468, 24.699, 25.063, 25.239 y 26.078, a las cuales la Provincia de Buenos Aires adhirió mediante las leyes 11.646, 11.904, 12.555, 12.575 y 13.698. Interpretó, sin embargo, que tales normas no importaban haber puesto en crisis la operatividad y vigencia de dicho convenio en aquellas parcelas de compromiso que tuvieron oportuna ejecución.

Rechazó el argumento del Fisco según el cual la firma accionante no se encontraría habilitada para "...demandar el cumplimiento de un Pacto del cual no ha sido parte...", ello en virtud de precedentes que reconocen "standing" suficiente a quienes se consideren directamente alcanzados por alguna de las medidas (tributarias o no) dispuestas en leyes convenio (conf. CSJN Fallos: 330:530, 332:998, 330:1718, 329:6023; e.o.). Además, -en la inteligencia dela quo- la sociedad de autos no procura exigir a la Provincia de Buenos Aires "que cumpla el Pacto", sino "...que se vierta luminosidad sobre la relación jurídica tributaria que la une con el Fisco provincial [...] y que se ha visto empañada por la adopción de una medida fiscal [...] que desconoce otra anteriormente dictada [...] para satisfacer, justamente, el compromiso asumido al suscribir el...

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