Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 10 de Octubre de 2018, expediente L. 119602

Presidentede Lázzari-Pettigiani-Soria-Negri-Genoud-Kogan
Fecha de Resolución10 de Octubre de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 10 de octubre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresde Lázzari, P., S., N., G., K.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.602, "L., J.A. contra H.E.S. y D.S.S.H. y otros. Enfermedad profesional".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 479/488).

Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 537/550 vta.).

Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

  1. El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por el señor J.A.L. condenando solidariamente a H.E.S. y Domingo Sutil S.H. y CNA ART S.A. -hoy QBE ART S.A.- a abonarle la suma que específicamente determinó en concepto de prestación por incapacidad parcial y permanente prevista en la ley 24.557, más sus intereses.

    Para así decidir, en lo que interesa, en el veredicto determinó que el actor padece -como consecuencia de las tareas que desarrollaba- de hipoacusia por trauma acústico y neurosis post-traumática moderada, que lo incapacita en 19,70% del índice de la total obrera; y que al momento de la toma de conocimiento de la afección el trabajador tenía cincuenta y siete años de edad, siendo su ingreso base mensual computable de $2.007,62.

    En la sentencia, calculó la prestación correspondiente, de conformidad con las pautas de la ley 24.557 -decreto 1.278/00-, lo que arrojó como resultado la suma de $23.896,18.

    Seguidamente, declaró la improcedencia del pedido de aplicación del índice RIPTE establecido en la ley 26.773. Ello así, en tanto entendió que no correspondía aplicar el nuevo mecanismo a una situación anterior a su vigencia -26 de octubre de 2012-, cuya primera manifestación invalidante se produjo el 24 de septiembre de 2009, fundando su decisión en diversos precedentes de esta Suprema Corte referidos al ámbito temporal de aplicación de los decretos 1.278/00 y 1.694/09.

    Finalmente, dispuso aplicar al monto de condena intereses desde su exigibilidad -24 de septiembre de 2009- y hasta su efectivo pago a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación.

  2. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación y errónea interpretación de los arts. 14, 14 bis, 17 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 27, 31 y 39 de la Constitución provincial; 9 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo; 14, 26 y concordantes de la ley 24.557; 9, 17 y concordantes de la ley 26.773; 26 del Pacto de San José de Costa Rica; 23, 24 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Asimismo, invoca transgredida la doctrina legal que cita (v. fs. 537 vta./538).

    Formula los siguientes planteos:

    II.1. En concreto, postula que el tribunal de mérito soslayó aplicar al caso el índice RIPTE previsto en la ley de referencia. En este orden, entiende que el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 impone la aplicación inmediata de la nueva norma, ya que -aduce- de otro modo su existencia no tendría ningún sentido práctico ni jurídico (v. fs. 544).

    Sostiene que al resolver de esa manera, no sólo violó la doctrina legal de esta Corte, que refiere al principioin dubio pro operario, sino que además desconoció el principio de progresividad previsto en el art. 39 de la Constitución provincial.

    A continuación, plantea que el gravamen que le origina a la accionante la indemnización a la que se condenó a las demandadas frente a lo que constituiría su adecuado resarcimiento por aplicación de los nuevos valores establecidos a partir del art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, luce evidente ni bien se repara en los montos que arrojan las liquidaciones en uno y otro caso (v. fs. 545 vta.).

    Afirma que en el precedente "A." (sent. de 3-XI-2009) la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado disponiendo la aplicación de la nueva legislación a casos reglados por regímenes anteriores (v. fs. 546/547).

    Con todo -prosigue-, ela quodebió haber declarado de oficio la inconstitucionalidad de los arts. 14 apartado 2 inc. "a" -párrafo final- de la ley 24.557 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 por resultar violatorios de los arts. 14 bis, 17, y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 2.1 del PIDESC y 39 inc. 3 de la Constitución provincial.

    II.2. También se alza contra la tasa fijada para calcular los intereses (pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires), sosteniendo que tal pronunciamiento del tribunal resulta violatorio de la doctrina establecida por esta Suprema Corte en la causa "Zócaro".

  3. El recurso prospera parcialmente.

    III.1.a. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado en el caso por la diferencia entre el capital de condena y la suma que pretende la recurrente- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 278, CPCC, conforme ley 14.141).

    Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "G.", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "V.", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "L.", sent. de 13-V-2015; e.o.).

    III.1.b. Sentado lo anterior, entiendo que el agravio por el que se objeta el rechazo a la aplicación al caso de la ley 26.773, no puede prosperar.

    III.1.b.i. La respuesta sobre el particular no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte -si bien, como habré de señalar luego, no contribuí a su conformación- aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "D.", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "C.", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "P.", sent. de 5-III-2014).

    Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "P.", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C.G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "I.", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.

    De modo tal que la cuestión debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.

    III.1.b.ii. En la causa L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016 he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.

    Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión...

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