Sentencia nº DJBA 156, 225; AyS 1999 I, 683 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 16 de Marzo de 1999, expediente B 50066

PonenteJuez NEGRI (SD)
PresidenteNegri-Pisano-Laborde-Salas-San Martín-Ghione-Hitters-Pettigiani
Fecha de Resolución16 de Marzo de 1999
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a diecis�is de marzo de mil novecientos noventa y nueve, habi�ndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deber� observarse el siguiente orden de votaci�n: doctores N., P., L., S., S.M.�n, G., H., P., se re�nen los se�ores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 50.066, "De Luca, J.R. contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda de nulidad del art. 26 de la ley� 4373 y sus acumuladas B. 50.046 y B. 50.047".

A N T E C E D E N T E S
  1. Los se�ores J.R. De Luca, O.A.C., O.A.B. y O.J.R., se presentan ante esta Suprema Corte, en los t�rminos del art. 26 de la ley� 4373 -O.�nica del Tribunal de Cuentas- demandando la nulidad del fallo de aquel organismo reca�do en el exp. E 1990/82 "Ensenada. R.�n de Cuentas del Ejercicio 1981" por el que se aplican multas a los contadores De Luca y C., como as� tambi�n al ex Comisionado R., y se desaprueba el gasto de A 44.078 formulando cargo deudor al ex comisionado B. en solidaridad con el contador De Luca.

    El cuestionamiento al aludido fallo est� referido por parte a los actores C., De Luca y R., a la imposici�n de multas por no haber depurado los saldos bancarios dando de baja cheques sin cobrar (en relaci�n a los dos primeros) y por el saldo negativo de la renta ordinaria indivisible (respecto del �ltimo de los citados actores).

    Solicitan se declare la inconstitucionalidad del art. 243 de la ley� O.�nica Municipal que faculta al Tribunal de Cuentas a imponer a los funcionarios y empleados alcanzados en el fallo, entre otras, la sanci�n pecuniaria antes mencionada.

    El contador B., por su parte, impugna el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas en cuanto desaprueba el gasto que realiz� en su car�cter de Comisionado, con destino a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro por la cobertura de sus agentes responsables en el manejo de fondos.

  2. Corrido el traslado de ley� a la parte demandada, �sta solicita el rechazo de las pretensiones sosteniendo la legitimidad de la decisi�n cuestionada y manifiesta, respecto de la demanda interpuesta por el Contador B., que la misma debe considerarse improcedente en virtud del incumplimiento del recaudo del solve et repete.

  3. Dispuesta por el Tribunal la acumulaci�n a la ley� 4373 al prever autom�ticamente la suspensi�n de la ejecuci�n de las decisiones del Tribunal de Cuentas por la mera interposici�n de la demanda de nulidad autorizada por el art. 26, correspond�a admitir la solicitud presentada en tal sentido por el accionante, marcando el predominio que tales normas revisten en relaci�n al art. 22 del C�digo de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo (doctr, causas B. 49.796, "M., res. 4-XII-84; B. 52.603, "A., res. 10-IV-90).

    Siendo ello as�, tampoco resulta aplicable la carga procesal del solve et repete que instituye el citado art. 30 de aquel cuerpo legal, atento la incompatibilidad con el r�gimen especial de impugnaci�n que regula la ley� 4373. Si esta �ltima establece que las decisiones del Tribunal de Cuentas no pueden ser ejecutadas judicialmente mientras se sustancia la referida demanda de nulidad del art. 26, es evidente que no puede admitirse, a trav�s de la invocaci�n del precepto sentado en el art. 30 del C�digo de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo, que se pretenda supeditar la procedencia de la revisi�n judicial al previo pago de la deuda que se halla cuestionada ante esta Corte, pues ello desnaturalizar�a el r�gimen estructurado por el legislador a trav�s de la citada ley� 4373.

  4. En consecuencia, corresponde desestimar la defensa formal interpuesta por la parte demandada y resolver afirmativamente la presente cuesti�n analizando las restantes planteadas. Costas por su orden (art. 17 del C�digo de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo).

    Voto por la afirmativa.

    El se�or Juez doctor P., por los fundamentos del se�or Juez doctor N., vot� a la primera cuesti�n por la afirmativa.

    A la misma cuesti�n planteada, el se�or Juez doctor L. dijo:

    Con salvedad de mi opini�n contraria a la competencia de esta Corte en la materia expuesta como Procurador General in re "P. adhiero al voto del doctor N..

    El se�or Juez doctor S., por los fundamentos del se�or Juez doctor N., vot� a la primera cuesti�n por la afirmativa.

    A la misma cuesti�n planteada, el se�or Juez doctor S.M.�n dijo:

    Con similar salvedad a la efectuada por el doctor L., adhiero al voto del doctor N..

    Los se�ores jueces doctores G., H. y P., por los fundamentos del se�or Juez doctor N., votaron la primera cuesti�n por la afirmativa.

    A la segunda cuesti�n planteada, el se�or Juez doctor N. dijo:

    I.1. De autos consta que el cargo formulado por el Tribunal de Cuentas, y sobre el que se agravia el demandante, es consecuencia del pago realizado por el Municipio de Ensenada a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro por la contrataci�n de un seguro de fidelidad que diera cobertura a los agentes responsables en el manejo de fondos, conforme los t�rminos del art. 218 del dec. ley� 6769/58. La resoluci�n del Tribunal de Cuentas desaprob� el gasto por considerar que la obligaci�n reca�a en los propios responsables (ver res. esp. consid. 5, parte dispositiva, art. 4).

    1. El dec. ley� 6769/58 establece que la fianza del art. 218, puede ser satisfecha mediante un seguro de fidelidad contratado "en compa��as radicadas en el pa�s" (art. 219). En el caso en examen, est� acreditado...

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