Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 3 de Marzo de 2010, expediente B 66414

PresidenteSoria-Negri-Hitters-Pettigiani-Kogan
Fecha de Resolución 3 de Marzo de 2010
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 3 de marzo de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS.,N.,Hitters,P.,K., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 66.414, "L. ,C.D. contra Provincia de Buenos Aires (Mrio. Just. S.. P..). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

I.C.D.L. , por su propio derecho, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, solicitando la nulidad de las resoluciones de fecha 26-XI-2001 emanada del Jefe del Servicio Penitenciario y la nº 128 del 20-XII-2002 del señor Ministro de Justicia, por las que respectivamente se rechazaron los recursos de reconsideración y apelación interpuestos contra la resolución 2938 del 30-VIII-2001 dictada por el primero, mediante la cual se le había aplicado una sanción de 25 días de arresto, sin perjuicio del servicio.

Previa resolución de este Tribunal, amplió la demanda a efectos de optar por la vía del proceso sumario de impugnación en materia de empleo público, prevista en el Titulo II, Capítulo II del Código Contencioso Administrativo (arts. 71/3 y conc., ley 12.008, texto según ley 13.101), circunstancia en la que reiteró en su totalidad el contenido de su demanda inicial.

  1. Corrido el traslado de ley, se presentó la Fiscalía de Estado por medio de sus representantes, solicitando el rechazo de la demanda en todas sus partes.

  2. Agregadas en fotocopias sin acumular las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba ofrecida por la actora, y glosados los alegatos de ambas partes, la causa quedó en estado de dictar sentencia, por lo cual corresponde plantear y votar la siguiente

    C U E S T I Ó N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I Ó N

    A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

  3. El reclamante señala que ingresó al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires en agosto de 1994, en el Escalafón General y que desempeñó funciones de enfermero en la Sección Sanidad de la Unidad nº 10 de M.R. hasta enero de 1998 en que fue trasladado a la Unidad nº 28 de M., allí estuvo encargado del Pabellón hasta diciembre de 1998, pasando luego a la Unidad nº 29 de M.R., donde también cumplió funciones de igual naturaleza.

    Explica que el 10-VIII-2000 concluyó la carrera de Técnico Superior en Laboratorio, obteniendo un certificado de título en trámite. El 22-VIII-2000 se le dio el pase a la Guardia de Seguridad Exterior de la Unidad nº 29, en la que se presentó el 25-VIII-2000, oportunidad en la que se negó a portar armas, alegando que se lo impedía su conciencia moral basada en principios religiosos, razón por la cual se labró un sumario y se le tomó declaración, donde se asentó que profesa la religión Testigos de Jehová, que estaba tramitando el título de Técnico Superior en Laboratorio y que tenía un certificado del mentado trámite.

    Destaca que el instructor del sumario emitió un auto de imputación donde se lo consideró incurso en infracción a los arts. 92 incs. 1º y 19º y 93 inc. 9º del dec. ley 9578/1980, dictándose el 30 de agosto de 2001 la resolución 2938/01, mediante la cual se aprobó lo actuado por la instrucción, se declararon acreditadas las infracciones a las normas citadas en el auto de imputación y atento a las particularidades del caso se aplicó una sanción de 25 días de arresto sin perjuicio del servicio.

    Aduce que su creencia religiosa era conocida y jamás negada por la Institución a lo largo de todo el sumario administrativo, añadiendo que el pase a la sección Guardia de Seguridad Exterior "fue una sorpresa", máxime cuando se le denegaron vacaciones en agosto de 2000 por falta de enfermeros, de lo que deduce que debió haber seguido cumpliendo funciones como tal.

    R. que fue designado en la Conserjería Dos, que no se lo proveyó de armamentos ni de uniformes ni insignias (tal como informa el J. de Guardia), que otros dos conserjes desempeñaban el trabajo, también sin portar armas, con lo que entiende demostrado que pudo cumplir con su labor sin tal portación y mediante otras alternativas valiosas para el servicio, en las que podría haber sido tomado como enfermero diplomado o técnico de laboratorio.

    Manifiesta que contra la sanción impuesta dedujo recursos de reconsideración y apelación que fueron desestimados por Resolución 128 del 20-XII-2002.

    Añade que continuó prestando servicios sin portar armas hasta febrero de 2002, lo que a su entender ha demostrado que se pudo evitar la sanción de su conducta en el episodio que la originó, ya que siendo un objetante de conciencia pudo desempeñarse adecuadamente en el Servicio Penitenciario sin llevar consigo tales elementos, y también lo avala el dictamen del 11-VII-2002 por el que se entendió procedente su pase al Escalafón Profesional y Técnico.

    Ofrece prueba documental e informativa, funda su derecho en normas de la Constitución nacional y provincial, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar a la demanda declarando la nulidad de los actos impugnados con efecto retroactivo, como si no hubieran existido.

  4. La Fiscalía de Estado se opone a la procedencia de la pretensión. Puntualiza que, en tanto los hechos constitutivos de la falta imputada no se hallan en entredicho, el objeto del proceso se circunscribe a dirimir la validez de la sanción aplicada por la Administración. En concreto, es menester establecer si el comportamiento del actor ha importado la infracción prevista en el art. 93 inc. 9º del dec. ley 9578/1980.

    Refiere que en el expediente administrativo obran actas públicas oficiales de las que surgen declaraciones de testigos que presenciaron el hecho por el que se atribuye al actor la comisión de la infracción, consistente en negarse a cumplir la orden (v. fs. 2) y a portar armas o efectuar disparos, por profesar la religión de los Testigos de Jehová (v. fs. 29). Evalúa además que otros testimonios, obrantes a fs. 8/20, son contestes con tales...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR