Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 4 de Septiembre de 2012, expediente 47.319

Fecha de Resolución 4 de Septiembre de 2012

Poder Judicial de la Nación C.N° 47.319 “Lorenzatti, C.A. s/ excarcelación”

Juzgado n° 3 – Secretaría n° 6

Expte. n° 14.216/03

Reg. n° 946

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012.

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

I.- La presente causa llega a conocimiento de este Tribunal en virtud- del recurso de apelación interpuesto por la defensa de C.A.L., contra la resolución a través de la cual el Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3, S. n° 6, denegó la USO OFICIAL

excarcelación del nombrado.

Para así decidir, el Dr. R. consideró la gravedad de los hechos imputados así como el riesgo de fuga y de entorpecimiento de las investigaciones por parte del imputado, en caso de que recuperase su libertad.

La defensa señaló que se había solicitado el cese del estado de detención de L. por haberse vencido los plazos legales transcurridos desde su detención (29/03/12) hasta ese momento, sin que se hubiera dictado auto de mérito y sin que esa dilación fuese razonable. Se agravió así de que se hubiera conducido su presentación a un trámite excarcelatorio. En segundo lugar,

cuestionó la aproximación relativa a su encierro preventivo por entender que con el fin de justificar la privación de la libertad del imputado se había vulnerado la presunción de inocencia. Sobre la base de esta crítica, argumentó que no se encontraba fundada, más allá de ciertas consideraciones genéricas, la concurrencia concreta de los peligros procesales afirmados por el a quo.

II.- Con respecto al planteo referido a la reconducción al trámite excarcelatorio de su pedido de cese de la detención del imputado por el vencimiento del plazo fijado por el artículo 306 del ritual, sin que se haya resuelto su situación procesal, cabe señalar que la orden de arresto con la consecuente detención provisoria se dictó en función de la necesidad de la medida y de la concurrencia de los requisitos exigidos para habilitarla. En este sentido, el estado de sospecha en función del cual se dictó la convocatoria del imputado en los términos del artículo 294 del CPPN configuró la verosimilitud del derecho de la medida, mientras que el peligro en la demora, según el razonamiento del juez, se fundó en la concurrencia de riesgos procesales.

Ahora bien, en relación con el vencimiento del plazo aludido,

este Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que ese término es ordenatorio (conf. causas n° 28.829 “Vera”, reg. n° 768 del 19/09/1997; n°

33.517 “Trombetta”, reg. n° 1025 del 1/11/01; n° 35.828 “D.”, reg. n° 1046

del 29/05/05; y n° 46.138 “M.G.”...

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