Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 11 de Abril de 2012, expediente B 64267

PresidentePettigiani-Negri-Soria-Genoud-de Lázzari
Fecha de Resolución11 de Abril de 2012
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 11 de abril de 2012, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresP., N., S., G., de L.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 64.267, "López, M.I. contra Municipalidad de General S.M.. Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

I.M.I.L., con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de General S.M., en su carácter de ex agente, con el objeto de que se anulen los decretos 307 del 4-III-2002 y 581 del 22-IV-2002, ambos dictados por el señor Intendente municipal en el expediente 14.222-L-01.

Por consecuencia de la nulidad pretendida, solicita se condene a la demandada al pago a su favor de una indemnización por retiro voluntario, más los intereses que correspondan y la actualización monetaria.

Ofrece prueba, reserva el caso federal y pide que las costas sean impuestas a la accionada.

  1. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Municipalidad de General S.M., por apoderada, y contesta la demanda. Sostiene la legitimidad de los actos atacados y pide el rechazo de la acción.

    Ofrece prueba, reserva el caso federal y pide que las costas sean impuestas a la parte actora (fs. 83/92).

  2. Agregado el expediente administrativo 4051-14.222-L (fs. 40/76), el cuaderno de prueba actora (fs. 106/178) y su alegato (fs. 182/183), sin que la demandada haya hecho uso de este derecho, la causa quedó en estado de pronunciar sentencia por lo que el Tribunal resolvió plantear y votar la siguiente

    C U E S T I Ó N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I Ó N

    A la cuestión planteada, el señor J. doctorP. dijo:

  3. La actora relata que había ingresado al plantel municipal el 13-XI-1978 siendo designada Jefa de Departamento "con función", con un régimen de treinta y cinco horas semanales en el Departamento Judicial, dependiente de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Gobierno.

    Expresa que el 1-II-2001 pidió una licencia sin goce de sueldo hasta el 31-I-2002 inclusive y que, antes de su vencimiento, el 28-XII-2001 pidió acogerse al beneficio de retiro voluntario.

    Continúa diciendo que el 28-I-2002 presentó un pedido de pronto despacho y el 4-III-2002 se dictó el decreto 307 por el cual se desestimó su reclamo, con fundamento en un informe producido por el Secretario de Economía y Hacienda.

    Argumenta que la motivación expresada es "endeble e insostenible", que de ella misma surge la ilegitimidad del obrar estatal y que la "crítica situación económica financiera del Municipio" no le es oponible. Cita jurisprudencia.

    A continuación recuerda que fue notificada de la primera decisión el 26-III-2002 y que contra ella dedujo un recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio el 11-IV-2002, que fue rechazado por decreto 581 del 22-IV-2002.

    Funda su derecho en los arts. 11 y 14 de la ley 11.757 y en la ordenanza presupuestaria vigente por ese entonces. Sostiene que reúne todos los requisitos mentados en la norma para acceder al beneficio en cuestión y que si el departamento ejecutivo no reglamentó su implementación ello no puede ser un obstáculo porque no se trata de una atribución facultativa para ese órgano.

  4. La Municipalidad de General S.M. niega que la actora tenga derecho al retiro voluntario que invoca y que reúna los requisitos necesarios a tal fin.

    Manifiesta que, al igual que otros municipios, sufrió una crisis económico financiera a consecuencia de una situación similar en la Provincia y que, por ordenanza 7702/01, adhirió a la ley provincial de emergencia.

    A diferencia de la interpretación expuesta por la accionante, sostiene que la ley 11.757 no especifica todos los requisitos que deben cumplirse para acceder al retiro voluntario y que ese beneficio sólo sería procedente si el departamento ejecutivo lo reglamentara. Recuerda el carácter relativo de los derechos y cita el art. 14 de la Constitución nacional.

    Afirma que la parte actora no tiene un derecho adquirido de acogerse al retiro voluntario, mucho menos un crédito a su favor por tal concepto, y enfatiza que no puede sostenerse que la señora L. reúna los requisitos para obtener la indemnización que persigue si ni siquiera es posible determinar cuáles son esas condiciones.

    Respecto de la ordenanza presupuestaria, aduce que en su art. 27 se autoriza al departamento ejecutivo a "establecer y reglamentar" el régimen, pero que de ninguna manera ello implica generar una obligación de hacerlo, sino que sólo se trata de una...

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