Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1997, expediente I 1494

Ponente:Juez LABORDE (MI)
Presidente:Laborde-Negri-Salas-Ghione-Pisano-San Martín-Pettigiani-Hitters-de Lázzari
Fecha de Resolución:23 de Diciembre de 1997
Emisor:Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

DICTAMEN DE LA PROCURACION GENERAL:

  1. A fs. 10/18 se presenta el escribano J.H. L�pez patrocinado por el Dr. H.F.L.S. solicitando se declare la inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1� de la ley� 9020 por violatorio de los arts.9, 10, 24 y 27 de la Constituci�n provincial y la revocaci�n de la Res. 329/90 dictada en consecuencia.

    Manifiesta en lo esencial que establecer el l�mite temporal para el ejercicio de la funci�n notarial en base a la edad del notario (75 a�os) importa una discriminaci�n irrazonable y arbitraria que violenta la garant�a constitucional de la igualdad ante la ley�, pues se consiente una causal de inhabilidad que no existe en las otras leyes que ata�en a los otros profesionales del derecho.

    Asimismo considera que la norma afecta su derecho de propiedad ya que la calidad de titular del Registro Notarial que detenta ha incorporado a su patrimonio el derecho de ejercer la funci�n de notario.

    Finalmente entiende agraviado el derecho de trabajar pues se lo priva compulsivamente del ejercicio del desempe�o notarial que libremente ha elegido.

    Solicita medida cautelar, funda en derecho y ofrece prueba.

  2. A fs. 20 y vta. se desestima la medida cautelar peticionada.

  3. A fs. 25/27 obra responde del Sr. Asesor General de Gobierno quien luego de negar por imperativo procesal todos y cada uno de los hechos afirmados en demanda, destaca que el ejercicio del notariado no es sin m�s el desarrollo de una profesi�n liberal sino que resulta un verdadero oficio p�blico gracias al otorgamiento de un poder especial el "registro". Que el mismo no es propiedad del profesional pues pertenece al Estado, como pertenece la facultad de otorgar "fe p�blica" respecto de determinados actos o declaraciones, y en estos t�rminos al dar fe el notario no hace m�s que representar esa funci�n p�blica como oficial p�blico "in agendo".

    Ello as� agrega resulta indiscutible la facultad del Estado de reglamentar los resquisitos para ejercitar aquellas funciones m�xime si se considera la circunstancia de que la posibilidad de ejercerlas se encuentra restringida por la existencia de un "numerus clausus".

    En consecuencia afirma resultan razonables los recaudos tomados por el Estado para asegurar la prestaci�n m�s eficiente del servicio, a la par de garantizar el recambio generacional de quienes ejercen la funci�n p�blica, trascendiendo de este modo el mero inter�s individual en resguardo del bien com�n.

    Solicita el rechazo de la demanda, con costas, y deja por su parte planteado el caso federal con sustento en los arts. 1, 104 y 105 de la Constituci�n nacional.

  4. A fs. 32 se tiene presente el desistimiento de la prueba formulado por la actora y se disponen los autos para alegar no habiendo hecho uso del derecho ninguna de las partes.

    V.E. V.E. que asiste raz�n al impugnante.

    El l�mite temporal establecido por el art. 32 inc. 1� de la ley� 9020 para el ejercicio de la funci�n notarial, aparece, a mi juicio, como un requisito que excede las exigencias funcionales previstas en la norma de referencia avanzando sobre los derechos individuales protegidos por la Constituci�n provincial, que se�ala el accionante.

    Y digo esto sobre la base de que la s�la circunstancia de alcanzar la edad de 75 a�os no puede erigirse como impedimento razonable que justifique el cercenamiento al derecho de trabajar en una profesi�n donde ha de privilegiarse la experiencia y responsabilidad aquilatadas y demostradas en los a�os de desempe�o de la actividad notarial.

    A.�rtase en torno a ello que de existir alg�n motivo que impida el correcto y eficiente desempe�o del notariado, el propio art. 32 contempla causales espec�ficas de inhabilidad (incs. 2� y 3�).

    A su vez corresponde destacar que si bien la ley� Fundamental local establece un l�mite de edad para ser funcionario del Poder Judicial (arts. 167 y 168) o miembro del Poder Legislativo (arts. 58 inc. 2�, 63 inc. 2�) no es menos cieto que nada dispone en relaci�n a la edad en que deber�n alejarse de su funci�n.

    Ello permitir�a afirmar que s�lo de estar en juego el orden p�blico ser�a factible disponer un tope de edad a tal fin.

    Entiendo que �ste no es el supuesto de autos, desde que �nicamente las inhabilidades que se establecen en los incs. 2� a 8� del mentado art. 32, por su naturaleza comprometen al orden p�blico.

    Lo expuesto resulta a mi entender bastante para acoger la inconstitucionalidad solicitada.

    Tal es mi dictamen.

    La Plata, 12 de septiembre de 1991 F.E.P..

    A C U E R D O

    En la ciudad de La Plata, a veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y siete, habi�ndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deber� observarse el siguiente orden de votaci�n: doctores L., N., S., G., P., S.M.�n, P., H., de L�zzari, se re�nen los se�ores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 1494, "L�pez, J.H.. Inconstitucionalidad art. 32 inc. 1�, ley� 9020/78".

A N T E C E D E N T E S
  1. El escribano J.H. L�pez promueve demanda originaria de inconstitucionalidad en relaci�n al art. 32 inc. 1� del dec. ley� 9020, en tanto establece como causal de inhabilidad para ejercer funciones notariales la edad de 75 a�os.

    Sostiene que ese precepto, que presupone que inexorablemente quien alcanza esa edad ya no cuenta con las virtudes necesarias para el ejercicio de tales funciones viola, por irrazonable, los arts. 9, 10, 24 y 27 de la Constituci�n de la Provincia.

    As�, considera que el principio de igualdad se ve menoscabado por esta disposici�n en tanto consagra como inhabilidad una circunstancia que no es obst�culo para el ejercicio de otras funciones o profesiones que, como la magistratura o la abogac�a, no tienen otro l�mite que no sea la aptitud f�sica y mental de quien las desempe�a. La tacha de inconstitucionalidad en este punto no es menos grave porque la norma se aplique a todos los escribanos que hayan cumplido los 75 a�os de edad, pues seg�n entiende ello mismo implica la creaci�n de un grupo o categor�a al que se le impide, arbitraria e irrazonablemente, el ejercicio de sus derechos, y en eso consiste precisamente la violaci�n del principio de igualdad.

    Sobre la base de un concepto amplio del derecho de propiedad, advierte que como tal debe considerarse al que se le confiri� oportunamente para ser titular del Registro Notarial n� 4 del partido de San Vicente y que, habi�ndose incorporado a su patrimonio sin limitaci�n temporal alguna, no puede dudarse acerca de la afectaci�n que le produce la norma que impugna a la luz de lo que establecen los arts. 9 y 27 de la Constituci�n provincial.

    Por �ltimo, manifiesta que el inc. 1 del art. 32 del dec. ley� 9020/78 tambi�n se halla en pugna con el art. 24 de la Carta Local, pues por introducir una discriminaci�n arbitraria e irrazonable provoca un pase a retiro compulsivo y obligatorio, priv�ndole de su derecho constitucional de mantenerse en el ejercicio de la funci�n que libremente ha elegido y de disfrutar del rendimiento econ�mico fatigosamente acrisolado tras toda una vida de actividad notarial.

    Por consecuencia, pide que se declare la invalidez constitucional del art. 32 inc. 1 del dec. ley� 9020/78.

  2. Corrido traslado de ley�, el Asesor General de Gobierno contesta la demanda, solicitando su rechazo.

    Sobre la base de que la funci�n que cumplen los escribanos es p�blica y que la misma implica el ejercicio de un poder propio del Estado, afirma que resulta indiscutible la facultad de �ste para reglamentar los requisitos necesarios para ejercer esa funci�n y que, dada la naturaleza de la misma, esa regulaci�n sea m�s estricta y minuciosa que la de cualquier otra profesi�n liberal.

    Entrando al fondo del asunto planteado por el accionante, sostiene que la norma del art. 32 inc. 1� del dec. ley� 9020 resulta razonable, puesto que la edad de 75 a�os, si bien por s� sola no puede erigirse a su juicio como causal de inhabilidad, supone cuanto menos una disminuci�n de la aptitud que no garantiza que la funci�n encomendada se vaya a cumplir con toda la seguridad, dedicaci�n y recaudos que la misma exige.

    Tambi�n es razonable dice si se la mira desde el punto de vista de su conveniencia espec�fica, ya que posibilita el recambio generacional de los titulares de Registros de Escrituras P�blicas, pues de otro modo, teniendo en cuenta el progresivo aumento de las espectativas de vida y el numerus clausus de esos registros, los j�venes profesionales ver�an frustrada su vocaci�n ante la imposibilidad de ejercer la profesi�n que han estudiado. Sobre el punto, manifiesta que la elevaci�n de la expectativa de vida exige, en aras del bien com�n, la sanci�n de normas como la que aqu� se impugna.

    Por esa raz�n estima que no se menoscaba en este caso el principio de igualdad, pues bajo esa premisa la formulaci�n de la...

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