Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 3 de Noviembre de 2017, expediente CNT 015192/2012/CA001

Fecha de Resolución 3 de Noviembre de 2017
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II SENTENCIA DEFINITIVA NRO.: 111440 EXPEDIENTE NRO.: 15192/2012 AUTOS: L.G.A. c/ BARATERO GUSTAVO ENRIQUE Y OTROS s/DESPIDO VISTO

Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 03 de Noviembre del 2017, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

M.Á.P. dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente, a las pretensiones deducidas en el escrito inicial y condenó a los codemandados Estudio Barattero S.A., G.E.B. y D.H.Q. a abonar al accionante algunos rubros salariales e indemnizatorios reclamados. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación la parte actora y los mencionados codemandados, en los términos y con los alcances que explicitan en sus respectivas expresiones de agravios.

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar los agravios expresados por las partes en el orden que se detalla en los considerandos subsiguientes.

Los codemandados se quejan en primer término por cuanto en la sentencia apelada se tuvo por acreditada la existencia del contrato de trabajo entre el actor y el codemandado Estudio Barattero S.A. que fuera invocada en el escrito de demanda. Para ello, observo que el Sr. Juez a quo, luego de analizar los elementos de prueba producidos en estas actuaciones, en particular la prueba testimonial, concluyó que “…el accionante ha logrado acreditar que se desempeñó para el demandado ESTUDIO BARATTERO S.A., realizando tareas inherentes a la investigación de siniestros, configurándose de tal modo la situación prevista en el art. 23 de la LCT, y en dicho contexto, el actor se encontraba en condiciones de intimar por la regularización de su contrato de trabajo…” (fs. 531, 5to. párr.).

L., cabe señalar que los planteos recursivos de los codemandados dirigidos a cuestionar la naturaleza laboral de la relación en el segmento Fecha de firma: 03/11/2017 analizado -y sin que esto implique desmerecer en modo alguno la labor profesional de los Alta en sistema: 21/11/2017 Firmado por: G.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.F., SECRETARIO INTERINO #20702335#192807359#20171106105336191 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II letrados que suscriben las presentaciones-, no cumplimentan el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art. 116 de la L.O. porque aunque receptan los fundamentos en que se sostiene la sentencia que antes reseñara, sus cuestionamientos contra éstos se basan en consideraciones de carácter genérico que no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas.

Creo conveniente recordar aquí que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, a través de argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, mediante la invocación de la prueba cuya valoración se considera desacertada o la puesta de manifiesto de la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art.116 LO). A tal fin, se debe demostrar, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juzgador y se deben indicar en forma precisa las pruebas y las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. esta S., in re: “Tapia, R. c/Pedelaborde, R.”, S.D. Nº73117, del 30/03/94, “S.M.C. c/A.M. S.A. s/despido”, S.D Nº 100.168, del 24/2/12, entre otras).

Enseña C.J.C. que la expresión de agravios, establece el alcance concreto del recurso y fija la materia reexaminable por el ad quem en las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que sean cuestionadas (conf. arg. art. 271 Y 277 CPCCN). Su blanco es la sentencia respecto de la cual debe formularse una crítica frontal, concreta y argumentada tratando de demostrar los errores que se atribuyen al a quo en el ámbito en que se hayan cometido.

En tal sentido, dicho tratadista enfatiza que, de la misma manera que la sentencia, la expresión de agravios que ha de controvertirla debe observar a su turno los principios de plenitud y congruencia (conf. C.C.J. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación –anotado y comentado- Abeledo-Perrot, Bs. As. 1975, T.I., págs. 445 y stes.).

Si bien la insuficiencia formal apuntada bastaría para desestimar -sin más- la procedencia de la vía recursiva intentada, a fin de no privar a los recurrentes del acceso a esta instancia de revisión y para dar el más amplio campo de operatividad posible a la garantía constitucional al derecho de defensa en juicio, analizaré

-seguidamente- el contenido de su presentación.

Al respecto, en primer lugar, cabe precisar que la prueba testimonial rendida en las presentes actuaciones acredita la prestación de servicios por parte del demandante en favor del codemandado Estudio B.S.A.. Ello así por cuanto los agravios de los codemandados en relación a la valoración de las declaraciones de los testigos ofrecidos por su parte no hace mella a la conclusión reseñada. El hecho de que estos deponentes hayan coincidido en que el actor se desempeñaba en calidad de “informante” y no de “investigador” no altera el presupuesto contenido en el mentado art.

Fecha de firma: 03/11/2017 Alta en sistema: 21/11/2017 Firmado por: G.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.F., SECRETARIO INTERINO #20702335#192807359#20171106105336191 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II 23 de la LCT, en tanto éste se reduce a la “prestación de servicios”, el cual –aún partiendo de la versión emergente únicamente de los testigos aportados por los accionados- se ve configurado en la especie por el hecho de suministrar determinada información requerida por la empresa accionada.

No obstante ello, considero que los cuestionamientos que ensayan los recurrentes contra los testimonios aportados por el actor no afectan su solidez convictiva, pues el hecho de que todos éstos hayan pasado a trabajar al “Estudio Prisma”

del testigo S.E.O. (ver fs. 554 vta.) -el cual resultaría un competidor de la accionada-, no constituye un elemento que, por sí solo, demuestre que los testigos hayan faltado a la verdad en sus dichos acerca de haber tomado conocimiento directo de las tareas efectuadas por el Sr. L. en calidad de investigador de siniestros, en la que todos ellos coincidieron (arts. 90 LO y 386 CPCCN).

Sobre dicha base, cabe concluir que la prestación de servicios por parte del actor en favor de la empresa accionada en la que, aunque con distintos alcances, han coincidido todos los deponentes, aún para la posición doctrinaria más restrictiva respecto de la interpretación que corresponde otorgar a la presunción del art. 23 de la LCT, implica la prueba directa de la subordinación de los servicios pues éstos, en definitiva, se llevaron a cabo en un ámbito de actividad sujeto a un poder jurídico de organización y de dirección ajeno (conf. Justo L., “La presunción del contrato de trabajo. Art. 23 LCT” en L.T.XXIX, pág. 481). De los elementos de juicio antes reseñados se desprende inequívocamente que la prestación del actor, constituyó uno de los medios personales que el Estudio Barattero S.A. organizó y dirigió para llevar a cabo su actividad empresaria (arg. art. 5 LCT).

Por otra parte, observo que los accionados no han acreditado que el actor contara con una auto-organización económica que permita calificarlo como un empresario de los servicios que prestó en su favor por lo que, a mi entender, no cabe sino concluir que tal prestación tuvo por causa la existencia de un contrato de trabajo (conf.

arts. 21, 23, 25 y 26 LCT).

Como es sabido, la asunción de riesgos por parte de quien presta un servicio es definitoria de una actividad por cuenta propia; y, por el contrario, la ajenidad en los riesgos de quien ejecuta una determinada tareas es una nota definitoria de una relación subordinada. Si bien se adujo en los respondes que el actor habría desarrollado tareas por su propia cuenta, la posibilidad del cumplimiento de otras tareas en forma independiente, no obstan a la calificación como “dependientes” de las labores que realizó en favor de los codemandados. No se acreditó que dicha prestación de servicios tuviera por causa algún vínculo de naturaleza extra-laboral, y es obvio que la mera afirmación de los accionados según la cual dichas tareas se habrían efectuado por su propia Fecha de firma: 03/11/2017 Alta en sistema: 21/11/2017 Firmado por: G.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.F., SECRETARIO INTERINO #20702335#192807359#20171106105336191 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II cuenta y riesgo, carece de aptitud para desplazar la operatividad de las normas de orden público que rigen el contrato de trabajo.

Por el contrario, observo que, si bien la sociedad comercial demandada sostuvo en su defensa que la relación con el actor se redujo a la compra de cierta información relacionada con su actividad en la investigación de siniestros, no expuso ni aportó ningún elemento de prueba tendiente a demostrar tales extremos, es decir, la existencia de la “compra” de información, acompañando las correspondientes facturas y registros contables de los cuales se desprenda, al menos en su faz formal, la existencia de...

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