Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 10 de Noviembre de 2020, expediente CNT 070253/2016/CA001

Fecha de Resolución10 de Noviembre de 2020
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala V

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL- SALA V

EXPTE. Nº CNT 70.253/2016 “L., GABRIEL

ALEJANDRO c/ ESTADO

NACIONAL JEFATURA DE

GABINETE s/EMPLEO

PUBLICO”

En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de noviembre de dos mil veinte,

reunidos en acuerdo los jueces de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver el recurso interpuesto por la actora en los autos caratulados “L.,

G.A. c/ ESTADO NACIONAL JEFATURA DE

GABINETE s/EMPLEO PUBLICO”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Sr. Juez de Cámara, Dr. G.F.T. dijo:

I.- Que mediante la sentencia de fojas 142/146, el juez de grado rechazó la demanda interpuesta por el Sr. G.A.L. contra el Estado Nacional – Proyecto de Modernización del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tendiente a obtener una indemnización por despido sin causa, cuyo capital había estimado en la suma de $ 318.771,55 (pesos trescientos dieciocho mil setecientos setenta y uno con 55/100), con más sus intereses. Impuso costas a la actora vencida.

Para así decidir, luego de reseñar los antecedentes del caso, el magistrado interviniente destacó que el accionante era personal contratado de la demandada, cuyo vínculo se extendió desde el 1/01/2006 al 30/06/2013. Ahora bien, consideró que el Sr. L. había conocido y aceptado las obligaciones y derechos emergentes de su contratación, de cuyos términos no podía inferirse que el actor poseyera la estabilidad propia del empleo público, toda vez que las partes convinieron explícitamente que los contratos podían ser rescindidos en cualquier momento sin expresión de causa y sin derecho a Fecha de firma: 10/11/2020

Firmado por: PABLO GALLEGOS FEDRIANI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: G.F.T., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.L.P., PROSECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: J.A., JUEZ DE CAMARA

indemnización, como así también que el contrato no importaba una expectativa o derecho a prórroga en beneficio del contratado.

En estas condiciones, entendió inaplicable al caso la doctrina expresada por el Alto Tribunal en la causa “Ramos” (Fallos 333:311), dado que las normas bajo las cuales fue contratado el actor no preveían un límite temporal y porque no fue acreditado que la contratación del accionante hubiera encubierto una maniobra fraudulenta a fin de evitar un nombramiento en planta permanente. De tal modo,

concluyó que la relación contractual entre las partes tenía claros visos de provisionalidad y no era susceptible de generar una expectativa de permanencia laboral en los términos empleados por la Corte en el citado precedente, motivo por el cual no existió una conducta ilegítima del Estado Nacional que comprometiera su responsabilidad y fundara la reparación pretendida.

II.-Que disconforme con lo resuelto, a fojas 147 la parte actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios a fojas 151/155.

Al respecto, el actor cuestionó la valoración de la prueba,

en tanto el juez de grado consideró inaplicable la doctrina de la causa “Ramos”. En tal sentido, se refirió a los contratos aportados como prueba,

donde se describen las tareas que debía realizar, las cuales -a su criterio-

correspondían a funciones propias de la planta permanente. Agregó que,

si bien fue contratado por tiempo determinado y de forma transitoria, no se verifican los extremos previstos en el artículo 9º de la Ley Nº 25.164

para realizar tal tipo de contrataciones. A partir de ello, señaló que conforme surgía de la prueba documental y testimonial obrante en autos,

sus tareas eran habituales, normales y permanentes, “[dado que] prest[ó]

servicios en forma ininterrumpida durante 9 años (…) cumplía una jornada, recibía órdenes de superiores jerárquicos [y] el demandado (…)

no probó (…) el carácter transitorio o estacional de la prestación de servicios ni cualquiera de los supuestos de excepción previstos por el art.

9 de la Ley Nº 25.164” (v. fs. 152/152vta.).

Por otro lado, entendió que la aplicación de la doctrina de los actos propios del trabajador resulta improcedente, en tanto atenta con la estabilidad del empleado público y la protección contra el despido arbitrario.

Fecha de firma: 10/11/2020

Firmado por: PABLO GALLEGOS FEDRIANI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: G.F.T., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.L.P., PROSECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: J.A., JUEZ DE CAMARA

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FEDERAL- SALA V

Por consiguiente, solicitó que se hiciera lugar a los agravios expresados y, subsidiariamente se agravió por la imposición de costas a su parte y postuló la aplicación de lo dispuesto en el artículo 68

in fine del CPCCN, en tanto su parte pudo creer que le asistía mejor derecho.

III.- Que a fojas 157/170, la parte demandada contestó el traslado ordenado a fojas 156.

En su memorial, desconoció la existencia de un vínculo laboral en relación de dependencia con el accionante. Al respecto,

sostuvo que el actor fue contratado bajo el régimen particular de locación de servicio dentro del “Proyecto de Modernización del Estado Nacional”,

en la órbita del programa “Carta Compromiso con el Ciudadano” y que se trataba de la ejecución de un proyecto financiado por un organismo internacional (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,

P. BIRF 4423AR y 7749AR).

En este sentido, sostuvo que la contratación entre su mandante y el Sr. L., resulta legítima dentro del “régimen especial de contratación de personal especializado de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672 (t.o. 1999), el Decreto 1184/01 y su modificatorio Decreto 2345/08” y alegó que el transcurso del tiempo no transformaba en ilegítima la contratación celebrada.

Agregó que el contrato de prestación de servicios era temporal y que las tareas que el actor cumplía (diseñador gráfico) eran propias de su especialidad (dentro del programa mencionado), no pudiendo considerarse que las mismas concernían a la actividad permanente, normal y regular de la Administración Pública.

IV.- Que en este estado de las actuaciones, corresponde examinar el recurso de la actora, que obliga a analizar si el vínculo entre las partes fue...

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