Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA CIVIL 2, 22 de Abril de 2021, expediente FRE 021000150/1999/CA001
| Fecha de Resolución | 22 de Abril de 2021 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA CIVIL 2 |
Poder Judicial de la N.ión CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA
21000150/1999
LOPEZ, E.V. c/ BANCO DE LA NACION
ARGENTINA s/ LEY 18345
sistencia, 22 de abril de dos mil veintiuno. M.S.M.
Y VISTOS:
Estos autos caratulados “LÓPEZ, ESTEBAN VICTOR C/
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA S/ LEY 18.345”, EXPTE. Nº FRE
21000150//1999/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Formosa; y Y CONSIDERANDO:
La Dra. M.D.D. dijo:
-
Que 11/11/2019 el aquo hace lugar a la demanda incoada por
el Sr. L., condenando al Banco de la N.ión Argentina a abonar la suma de $90.354,22
con más intereses a calcular conforme tasa activa del BNA desde el mes de octubre de
1996, lo que ordena sea abonado en el plazo de treinta (30) días de quedar firme la
sentencia. Impone las costas a la demandada, difiriendo la regulación de honorarios para el
momento en que exista base actualizada.
Para así decidir considera central analizar si los hechos reseñados
en el sumario tienen la suficiente gravedad como para que los mismos constituyan injuria
grave que impidan la prosecución del vínculo laboral tal como alega la patronal, siguiendo
la pacífica jurisprudencia laboral sobre el tema que consagra principios generales de
valoración... Ellos son la invariabilidad de la causa del despido alegada y la opción por la
subsistencia del vínculo laboral, en el marco del principio pro homine e in dubio pro
operario
, concluyendo en que la respuesta de la patronal resulta desproporcionada en
relación a las faltas que se le atribuyen.
Señala que el reproche por parte del Banco dirigido al Sr. L.
–en su calidad de responsable de la Sucursal V.B. del BNA refiere a un solo
cliente (Sr. D., en relación al otorgamiento de un crédito de U$S 6.000 destinado
a siembra y gastos conexos, por no haber respetado la relación “porcentual entre el activo y
el pasivo
, por haber instruido erróneamente al área legal respecto a que “las acciones
judiciales se debían mantener paralizadas
y haber omitido formular otras observaciones a
Fecha de firma: 22/04/2021
Firmado por: S.G.V., SECRETARIA
Firmado por: M.D.D., JUEZA DE CAMARA
Firmado por: R.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.J.B., JUEZ DE CAMARA
21039561#285884679#20210422113350118
sus superiores, actos vinculados todos a la operación con el mismo cliente. Considera que
de tal descripción no se advierte que los hechos tengan entidad y gravedad como para
justificar el despido, no siendo configurativos de una injuria grave que tornara imposible la
prosecución de la relación laboral. Afirma que reconoce que puede reprochársele a L.
incumplimiento de directivas internas, yerros administrativos o desidia en el manejo
concreto de la relación con ese cliente en particular, pero no puede perderse de vista que
en el momento del distracto ni siquiera se hallaba probado que tales decisiones hubieran
causado un perjuicio económico al Banco, pues conforme se señala en el sumario se
incluyó como potencial reclamo “ser responsable, en la proporción que corresponda, …”,
por lo cual el supuesto perjuicio era sólo potencial. Hace mérito del informe de las
conclusiones de auditoría (del 13/08/1996) obrante en autos del que resulta que en
oportunidad de emitirse el mismo la operación “se encuentra cancelada”, por lo cual –
dice es evidente que aun cuando pueda formularse algún reproche al actor por las
deficiencias en la labor técnica propia, lo cierto es que los actos cumplidos no causaron
perjuicio al Banco, ya que el cliente abonó la deuda, lo cual pone en duda la certeza y
eficacia de tales mecanismos de evaluación del riesgo. Alude a que la existencia de
sucursales bancarias en pequeñas ciudades tiene por objeto una evaluación de la cartera
local más cercana y eficaz que, más allá de lo estrictamente técnico, pone a la entidad
bancaria pública en la labor más estricta de cumplimiento de sus fines sociales y
comunitarios, con una finalidad de fomento, de colaboración e implementación de las
políticas públicas y que el crédito fue dado a un productor agropecuario para plantar
algodón, utilizando mano de obra local, por lo que, en su caso, hubiera correspondido una
sanción menos severa al actor, como una suspensión, llamado de atención o cambio de
funciones.
Entiende que, por las características del préstamo, el mismo
podía ser otorgado “excediendo las relaciones técnicas de endeudamiento vigentes” como
consecuencia de la situación de crisis o emergencia, lo que tampoco fue considerado por el
Banco cuando resolviera la situación de L., además que el actor no tendría facultades
para instruir al área legal para que paralice el proceso iniciado contra el cliente y, aun si
fuera el caso el área correspondiente tenía la posibilidad y el deber (como responsables
específicos de la gestión de los juicios) de señalarle el camino legal adecuado para los
intereses del Banco, ya que el funcionario despedido se limitó a señalar que habiéndose
refinanciado la deuda correspondía no avanzar en el proceso, lo cual en sí mismo
considera no parece objetable y era decisión del área legal aplicar o no esa información
para asegurar –en su caso el recupero del crédito si la refinanciación no fuera cumplida, lo
Fecha de firma: 22/04/2021
Firmado por: S.G.V., SECRETARIA
Firmado por: M.D.D., JUEZA DE CAMARA
Firmado por: R.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.J.B., JUEZ DE CAMARA
21039561#285884679#20210422113350118
Poder Judicial de la N.ión CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA
cual tampoco sucedió. Concluye su valoración de los hechos en que el reproche al actor
resultó infundado al hacerlo responsable de actos y consecuencias que excedían su ámbito
propio y que, en todo caso, podían ser corregidos por otras áreas del Banco en el ámbito de
sus respectivas competencias.
Resalta que no se advierte del legajo del actor otros reproches
relevantes a lo largo del tiempo que puedan justificar la decisión, ni la patronal alegó en su
despido incumplimientos anteriores que puedan merecer reproche para configurar una
injuria grave con la que se justifique la alegada pérdida de confianza para el cese el vínculo,
además de la inexistencia de quebranto económico atento el cumplimiento del pago por
parte del cliente, lo que es un dato corroborante de que la decisión del funcionario lejos
estuvo de ser un acto irreflexivo o ruinoso. Puntualiza que la pérdida de confianza tuvo que
derivar de un hecho objetivo, injuriante por sí mismo, no pudiendo quedar bajo la mera
calificación subjetiva de la empleadora, de allí que el despido es injustificado e incausado,
por lo que ordena el pago de las indemnizaciones previstas en la Ley 20.744, para lo cual
recurre a la pericial obrante en el cuaderno de la demandada, que describe los rubros
reclamados y su cuantificación, y fija el monto a la fecha del despido (octubre ‘96) en la
suma $90.354,22, con más la tasa activa del Banco N.ión.
II. Contra dicha resolución ambas partes interpusieron y fundaron
sendos recursos de apelación: la actora a fs. 240 y la demandada a fs. 247/249 –conforme
constancia digital, ambos concedidos libremente y con efecto suspensivo el 05/12/2019
(fs. 241) y el 09/03/2020 (fs. 250/251) respectivamente.
1 Agravios del actor:
En general solicita se revoque y se deje sin efecto el fallo en
cuanto condena a la suma de $90.354,22 con más intereses a tasa activa desde octubre de
1996 y hasta su efectivo pago, por cuanto el a quo no ha tenido en cuenta el art. 276 LCT
(actualización por depreciación monetaria).
Alega que al momento de producirse el distracto laboral regía la
Ley de Convertibilidad, y que lo montos reconocidos al actor resultan injustos y
objetivamente irrisorios por los más de 20 años de tramitación del juicio en cuyo lapso la
moneda nacional ha experimentado innumerables devaluaciones. Agrega que los mismos,
al mes de octubre de 1996, representaban 90.354,22 dólares estadounidenses.
Ordenado en Cámara el traslado de los agravios a la contraria, no
fueron replicados por la demandada en tiempo y forma, dándosele por decaído el derecho
dejado de usar a fs. 532.
2 Agravios de la demandada:
Fecha de firma: 22/04/2021
Firmado por: S.G.V., SECRETARIA
Firmado por: M.D.D., JUEZA DE CAMARA
Firmado por: R.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.J.B., JUEZ DE CAMARA
21039561#285884679#20210422113350118
Dice que la sentencia es violatoria del derecho de defensa en
juicio y denota una inadecuada apreciación de las probanzas de autos aportadas por su
parte.
El aquo determina que los hechos reprochados a L. no tienen
la entidad y la gravedad como para justificar la sanción de despido, lo que –dice es
caprichoso y desajustado si se tiene en consideración que es sustancia fundamental del
ejercicio de la “Gerencia” cumplir y hacer cumplir los extremos determinados por las
normas de la institución en general y del otorgamiento de créditos en particular. Sostiene
que el gerente de una filial es el ente de fiscalización de cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, estando dentro de las funciones principales que le asigna
la patronal la de velar por dicho cumplimiento y, en dicho marco, el actor incumplió sus
deberes principales conforme surge del sumario administrativo N° 946/96 llevado por la
institución en legal forma, con intervención del agente, del que surgen todas y cada una de
las imputaciones en su contra, como así también sus antecedentes desfavorables, como ser
que fue sancionado el 03/01/1996 por la Gerencia Zonal por haber otorgado en la Sucursal
de La Leonesa un crédito en apartamiento de las normas vigentes.
Señala que el propio actor, en los antecedentes del préstamo,
manifiesta que actuó con plena conciencia de la situación de compromiso patrimonial del
cliente, y no obstante haberlo calificado de alto riesgo de insolvencia, decidió otorgar, fuera
de los parámetros reglados, el préstamo en cuestión, traicionando así la confianza e
intereses de la institución bancaria.
Cuestiona la postura del a quo de sostener que la falta de
quebranto económico saneó el incumplimiento, ya que el hecho injurioso...
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