LOPEZ, ANDREA BEATRIZ c/ ASCUA, ESTER MARIA VICTORIA Y OTRO s/DESPIDO

• Fecha: 16 Mayo 2018
• Número de expediente: CNT 044630/2015/CA001
• Número de registro: 205052935

Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA EXPEDIENTE Nº: CNT 44630/2015/CA1 “L.A.B.C.A.E.M. VICTORIA Y OTRO S DESPIDO” JUZGADO Nº 68 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 16/05/2018 reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La Dra. D.R.C. dijo:

La sentencia Interlocutoria de fs. 78/79 que hizo lugar a la excepción de incompetencia, suscita la queja que interpone la actora a fs.

80, quien apela la imposición de costas, con réplica de la contraria a fs. 82/84.

La Sra. Juez a quo, compartiendo lo dictaminado por la Sra. Fiscal, consideró que “en las presentes actuaciones no se da ninguno de los supuestos contemplados por el art. 24 L.O., por lo que la excepción resulta procedente.”

Así, impuso las costas a cargo de la parte actora.

La accionante se queja por la imposición de las costas. Sostiene que al dejarlas a su cargo, le causan un gravamen irreparable, solicitando que se revoque el decisorio y se impongan en el orden causado.

Ahora bien, preliminarmente debo recordar, para que no se pierda el eje de la solución a la que arribaré, que el trabajador es un sujeto especialmente protegido desde el derecho sustantivo, y para que ello cobre plena efectividad debe ser resguardado desde lo adjetivo, reglamentando en el mismo sentido que aquel.

El legislador advirtió que el principio protectorio para no ser una mera declaración, debía ser utilizado por los jueces a la hora de orientar las interpretaciones y decisiones en la faz práctica del proceso. Vale aclarar, que aun cuando el legislador no lo hubiese manifestado expresamente, esto debía aplicarse, pues resultaba del armado de los principios del derecho del trabajo, cuando la base estructural es el Principio de la Realidad. Así como también desde un nivel superior, cuando el principio general reza, que donde la ley no distingue, nosotros no debemos hacerlo.

Esta misma lógica es la que campea en el tema de las costas, y la posibilidad que se le otorga al juez para poder eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, encontrando mérito para ello (artículo 68 del CPCCN).

El mismo resulta un enunciado pragmático, mirando a la realidad, pues en materia laboral, lo contrario implicaría que los trabajadores, aun estando convencidos de que les asiste un derecho subjetivo a reclamar, se abstengan de hacerlo por temor a las consecuencias económicas.

Pues, tal situación implicaría una negación del derecho al acceso a la justicia, el cual debe ser garantizado.

Así, vale recalcar que en el marco actual del paradigma de los Derechos Humanos Fundamentales (art. 75 inciso 22 de la Constitución Fecha de firma: 16/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #27206948#205052935#20180516092506122 Poder Judicial de la Nación Nacional), el acceso a la justicia es considerado un derecho prioritario, pues es el que asegura el ejercicio eficaz del resto de las prerrogativas.

En esta misma lógica, en el caso “Cantos” (Sentencia de 28 de noviembre de 2002.Serie C No. 97), la Corte Interamericana se abocó a decidir, entre otras cuestiones, si el monto que los tribunales argentinos le requerían al peticionario en carácter de tasa de justicia, al habérsele negado el acceso a un beneficio de litigar sin gastos, resultaba incompatible con los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la CADH. La Corte consideró

que se trataba de una hipótesis de “obstrucción al acceso a la justicia, pues no aparecen como razonables, aun cuando la mencionada tasa de justicia sea, en términos aritméticos, proporcional al monto de la demanda. Esta Corte considera que si bien el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, lo cierto es que éstas deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho (…). Este Tribunal estima que para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión judicial definitiva. También se requiere que quienes participan en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o...