Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 4 de Junio de 2020, expediente FMZ 028300/2014/CA001 - CA003

Fecha de Resolución: 4 de Junio de 2020
Emisor:CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A
 
EXTRACTO GRATUITO

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

En la ciudad de Mendoza, a los 4 días del mes de junio

del año dos mil veinte, reunidos en acuerdo los señores jueces miembros de la sala

"A", de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, doctor Juan Ignacio

Perez Curci, M.A.P. y doctor A.R.P., juez subrogante,

procedieron a resolver en definitiva estos autos Nº FMZ 28300/2014/CA1CA3,

caratulados: “LLORENTE, OCTAVIO c/ A.F.I.P s/ AMPARO LEY 16.986”,

venidos del Juzgado Federal de San Rafael, en virtud del recurso de apelación

interpuesto a fs. 398/409 y vta., contra la resolución de fs. 391/397 vta., cuya parte

dispositiva establece: “1º) NO HACER LUGAR a la Acción de Amparo interpuesta

por el Dr. O.L.. 2º) COSTAS por su orden, de conformidad al art. 71

del C.P.C.N. y art. 17 de la ley 16986. 3º) REGULAR los honorarios

correspondientes a la Dra. A.C.M., en el doble carácter, en la

suma de $45.000 (PESOS CUARENTA Y CINCO MIL). 4º) REGULAR los honorarios

correspondientes al Dr. C.E.R., en el doble carácter, en la

suma de $20.000 (PESOS VEINTE MIL). 5º) REGULAR los honorarios

correspondientes a los D.. O.L. y P.A., en la suma

de $30.000 (PESOS TREINTA MIL) en forma conjunta y por todo concepto (art. 12

de la Ley 21.839). 6º) ESTAR a lo dispuesto en el Pto. 3º de la resolución de fs.

315/318, respecto de la regulación de honorarios. 7º) APLICAR a las sumas

determinadas en los dispositivos precedentes, desde el dictado de la presente hasta su

efectivo pago, la tasa de interés activa que fija el Banco de la Nación Argentina. 8º)

F. la presente, HÁGASE DEVOLUCIÓN de la documentación reservada en caja

de seguridad de este Tribunal.”

El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia recurrida?

De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 del Código Procesal

Civil y Comercial de la Nación y arts. 4º y 15º del Reglamento de esta Cámara, previa

y oportunamente se procedió a establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y

votación: Vocalías Nº 1, 2 y 3.

Sobre la única cuestión propuesta, el señor Juez de Cámara, Dr. Alfredo

Rafael Porras, dijo:

  1. ) Contra la sentencia de fs. 391/397 vta., interpone y funda recurso de

    apelación a fs. 398/409 vta., el actor por su propio derecho, el cual es concedido a fs.

    410 con traslado a la contraria.

    Fecha de firma: 04/06/2020

    Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.R.P., Juez de Cámara Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado(ante mi) por: C.R.O., SECRETARIO CAMARA

    En cuanto a los agravios se queja en primer lugar, del escueto tratamiento que

    efectúa el sentenciante por el que concluye en el reconocimiento a la AFIP, para

    modificar por disposición administrativa del Administrador Federal una ley (11.683).

    Critica la interpretación dada a la ley 27.430 en cuanto modifica la ley 11.683,

    al sustituir la figura del “A.F.” por la de “Representante del Fisco”, tornando

    la cuestión en abstracta.

    A su entender, las modificaciones al régimen por el cual se rigen los Agentes

    Fiscales, deben efectuarse también por ley. Sostiene que el art. 217 de la ley 27.430,

    solamente expresa que se “substituye la expresión” Procuradores o Agentes Fiscales

    por la de Representantes del Fisco; que el hecho de cambiar la designación del cargo

    del Abogado de la AFIP no faculta al Administrador a modificar por Resolución las

    facultades legales establecidas en la norma. Esto es, cambiar el nombre de la función,

    pero no las atribuciones o facultades de estos.

    Refiere que no es una cuestión abstracta toda vez que las modificaciones al

    régimen por el cual se regían los Agentes Fiscales devenidos en representantes del

    Fisco, deberían haberse cambiado también por ley.

    Sostiene que la sola sustitución del nombre del cargo de funcionario de AFIP

    no conlleva el cúmulo de modificaciones que efectuó la Administración Federal por

    Resolución Administrativa, en fecha anterior a la nueva norma.

    Reitera que, a los Representantes del Fisco deberían aplicárseles las mismas

    prerrogativas que a los Agentes Fiscales, por cuanto la ley 27.430 en su art. 217 solo

    cambió la designación.

    Seguidamente, en su libelo, analiza la normativa aplicable a la potestad

    reglamentaria del Administrador Federal. Refiere que el mismo ha violado el régimen

    previsto en la ley 11.683 arts. 92, 96 y 97 y cc., y el decreto 1390/2001 respecto de los

    procuradores o agentes fiscales.

    Alude a las consecuencias adversas para la efectividad de la representación

    legal de las acreencias, en los términos de la ley 25.239, en la ejecución de créditos

    fiscales.

    Señala que las resoluciones atacadas han derogado la figura legal vigente. Se

    transforma al gestor judicial de la AFIP en las ejecuciones fiscales, en un funcionario

    interno de planta permanente, arrasando la figura legal del agente judicial prevista en

    la ley 25.239 y en el convenio colectivo de trabajo.

    Fecha de firma: 04/06/2020

    Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.R.P., Juez de Cámara Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado(ante mi) por: C.R.O., SECRETARIO CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

    Cita el fallo “INTERCORP” (15/06/2010), en el que la Corte declaró la

    inconstitucionalidad parcial del art. 92 de la ley 11.683 en la redacción dada por la ley

    25.239 en lo que se refiere a las facultades del agente fiscal de disponer embargos.

    También dice que el art. 4 de la Disposición 327/2014 viola la garantía de

    estabilidad prevista en el art. 14 de la C.N., en la ley 25.164 que junto con la ley

    24.185, reguló las convenciones colectivas de trabajo entre la Administración Pública

    Nacional y sus empleados y su DR 447/43, las disposiciones de la CCT Laudo 15/91,

    art. 11 y cc.

    Que, en el caso, tal artículo implica una revocación implícita del

    nombramiento y, consecuentemente, es nulo de nulidad absoluta.

    Considera, en síntesis, que el vínculo que une al Agente Judicial con la

    Administración Nacional de Ingresos Públicos es de empleo público, y por

    consiguiente, le asiste el derecho a la estabilidad consagrado en el art. 14 bis de la

    Constitución Nacional, el que, como ha señalado la Corte, se integra con el derecho a

    la carrera.

    Que asimismo, cuenta con las garantías emanadas de una norma especial como

    es la CCT Laudo 15/91, norma convencional que en su art. 11 prevé especialmente la

    garantía de estabilidad, no solo en cuanto a la permanencia en el cargo sino con la

    extensión a la jerarquía y nivel alcanzado.

    Sostiene que las resoluciones atacadas afectan tales garantías y sus atributos

    inherentes y, en consecuencia, violan también principios propios del derecho laboral

    por el uso inadecuado del “ius variandi” en perjuicio del trabajador.

    Ello por cuanto no solo se lo reubica en otra categoría sino que también se le

    asignan otras tareas que exceden las previstas en su nombramiento, con lo cual varía

    sustancialmente el objeto de éste, revocándolo implícitamente. Insiste que tal acto

    administrativo solo puede ser revocado por declaración judicial (LNPA, art. 17).

    Reitera que la reubicación oficiosa de los Agentes Judiciales, desde la función

    8 (Agente Judicial) a la función 17 (Abogado de 5ta.), con variación del fluxograma o

    tareas asignadas como correspondientes a cada función, resulta violatorio de lo

    dispuesto en el art. 11 CCT Laudo 15/91 que protege la estabilidad.

    La discrecionalidad en el obrar administrativo no debe llevar a la arbitrariedad.

    La disposición 327/2014 no invoca razones concretas de interés general que

    justifiquen su dictado y en cambio causa perjuicios graves a los interesados.

    Finalmente, invoca con mayor amplitud los perjuicios por el ius variandi,

    tales como el cambio en el horario de trabajo, sus consecuencias en su estudio

    Fecha de firma: 04/06/2020

    Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.R.P., Juez de Cámara Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado(ante mi) por: C.R.O., SECRETARIO CAMARA

    particular luego de veinte años en el desarrollo de tales funciones; y que la mejora

    económica en cuanto al escalafón, es insignificante, habida cuenta de la estructura que

    dice haber montado para las tres mil ejecuciones a su cargo.

  2. ) Corrido el pertinente traslado, a fs. 411/421 vta. la demandada AFIP

    contesta, solicitando su rechazo, con costas.

    Señala, inicialmente, que el recurrente reitera en su mayoría lo ya expresado en

    su escrito inicial, no constituyendo una verdadera expresión de agravios a los términos

    del art. 266 del CPCCN.

    No obstante analiza y rebate los agravios invocados. Refiere que le asiste razón

    al sentenciante al considerar cuestión abstracta al planteo de modificación irregular de

    una ley por una por una disposición del Administrador Federal, por haber sido

    zanjada con la modificación de la ley.

    Es que, la nueva ley 27430 sustituye la denominación “procuradores o agentes

    fiscales” en los art. 96 y 97 de la ley 11683 por la de “representantes del Fisco” ya

    utilizadas en las Disposiciones 327 y 328/2014, por lo que de ese modo se cambió una

    ley (11683) por otra ley (27.430).

    Refiere que, la modificación efectuada por la ley 27.430 no implica

    simplemente un cambio de nombre de la función, sino que implica precisamente el

    reconocimiento legislativo de la nueva función, con las atribuciones o facultades

    establecidas en las disposiciones que el actor impugna.

    Destaca que las resoluciones impugnadas tienen como fundamento el art. 6 del

    Decreto 618/97 de constitución y organización de su mandante, por lo que el

    Administrador Federal no se excedió en su competencia en su dictado. Cita

    jurisprudencia en apoyo.

    En otro punto, sostiene que el agente judicial nunca fue un abogado externo

    sino un funcionario en relación de dependencia de la AFIP y que, en razón de ello, se

    le aplica a su relación laboral el Convenio Colectivo de Trabajo AFIPDGI y demás

    normas laborales aplicables al resto de los...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA