Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 22 de Agosto de 2016, expediente CNT 023210/2012/CA001

Fecha de Resolución22 de Agosto de 2016
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V

Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA V Expte. nº CNT 23210/2012/CA1 SENTENCIA DEFINITIVA.78692 AUTOS: “LLORENTE ALEJANDRA MARGARITA C/ BANCO GENERAL DE NEGOCIOS SA S/ QUIEBRA S/ DESPIDO” (JUZG. Nº 26)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 22 días del mes de agosto de 2016 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR E.N.A.G. dijo:

Contra la sentencia de grado que rechazó la demanda se alza la actora. La representación letrada apela sus honorarios por considerarlos bajos.

La actora se agravia en primer término por cuanto la sentencia de origen asume que debe aplicarse la calificación decidida por el síndico con autorización judicial de lo que el decisorio en crisis deriva: “…no estamos ante una relación jurídica nacida con la sola voluntad de las partes (cuya legalidad puede ser puesta en tela de juicio), sino ante una contratación cuyo control de legalidad es anterior al nacimiento del vínculo (autorización judicial)”.

El planteo es inadmisible en un Estado de Derecho. Ningún acto jurídico en razón de su origen es legítimo por esa sola razón. Aún las leyes emanadas del Congreso de la Nación pueden ser objeto de un control de constitucionalidad. A fortiori, el contrato individual signado por un funcionario público ad hoc con la aprobación del juez de la quiebra puede y debe ser objeto de un juicio de legalidad.

Al respecto debe señalarse que las normas imperativas establecen un plazo máximo tanto para el contrato de trabajo eventual (artículo 72 LNE) como para el contrato de trabajo por tiempo indeterminado (artículo 93 RCT). El efecto del orden público de protección es la desactivación de la tipificación acordada por las partes para procederse de oficio a la tipificación que corresponde de acuerdo al tipo contractual.

Consecuentemente, ope legis, el contrato celebrado entre las partes debe ser considerado como de tiempo indeterminado.

En segundo lugar, se indica que no corresponde aplicar el CCT 18/75 a la concreta relación laboral pues en el punto se aplica la norma del artículo 51 de la ley de entidades financieras.

En el punto la sentencia carece de fundamento pues la norma citada establece:

ARTICULO 51. — Una vez que el juez interviniente declare la quiebra, ésta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR