Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala D, 7 de Abril de 2022, expediente CIV 076859/2017/CA002

Fecha de Resolución 7 de Abril de 2022
EmisorCamara Civil - Sala D

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA D

76859/2017

LIOTTA, A.N. c/ RUEDA, ANDREA

FABIANA Y OTRO s/DESALOJO POR FALTA DE PAGO

Buenos Aires, de marzo de 2022.- FMC

Por devueltos.

T. presente y agréguese el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara.

AUTOS Y VISTOS:

  1. Son elevadas las actuaciones para conocer el recurso interpuesto por la Dra. C.P. de D. contra la resolución de fecha 3 de diciembre de 2021, en la que el juez de grado declaró de oficio la inconstitucionalidad de la ley 27.423 para el caso en concreto y reguló sus honorarios, por su labor como letrada apoderada de la parte actora, en $ 110.000 por el principal, en $

    22.000 por las defensas de litispendencia y falta de legitimación activa resueltas en la sentencia definitiva y en $ 20.000 por la ejecución de sentencia.

    La letrada apeló la declaración de inconstitucionalidad y asimismo sus honorarios, por considerarlos reducidos.

  2. El magistrado de grado fundó la inconstitucionalidad en diversas objeciones. Entre ellas, destacó que, en la normativa en examen, coexisten parámetros diferentes para la cuantificación de los honorarios, lo que puede conducir -sostiene- a una desproporción entre los regulados a los abogados y a los auxiliares de justicia, en desmedro del derecho de propiedad y de una justa retribución por la labor cumplida.

    Fecha de firma: 07/04/2022

    Alta en sistema: 08/04/2022

    Firmado por: P.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.M.P.O., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.G.R., JUEZ DE CAMARA

    Asimismo, consideró irrazonable vincular la actualización de la Unidad de Medida Arancelaria a los incrementos en el sueldo de un juez federal de primera instancia, que pueden no responder al proceso inflacionario vigente.

    Por otra parte, entendió que, para las personas usuarias del servicio de justicia, la norma es violatoria del principio de igualdad y la garantía de acceso a la jurisdicción, dado que, para la víctima de un hecho dañoso, el plazo de prescripción liberatoria es trienal, mientras que el artículo 10 de la ley 27.423 no establece plazo alguno para la citación de los abogados.

    Subrayó, también, que dicha normativa prevé un mecanismo de actualización monetaria de los honorarios que se acumula a los intereses, mientras que ello está vedado en relación a las acreencias de las personas que han sufrido un daño injusto.

    Por último, destacó que, para asuntos de montos reducidos, se estableció una escala elevada, lo que probablemente determine que quienes hayan sufrido un daño menor o tengan una acreencia pequeña, prefieran no ejercer sus derechos.

    La letrada apelante apela la decisión, señalando que nuestro sistema jurídico no admite un control de constitucionalidad de oficio y en abstracto. Argumenta que, en el caso de autos, no hay peritos ni reparación de daños, y que la única desproporción que advierte es la que se produce entre la retribución que le fue fijada y el valor locativo que estimó en marzo de 2021, que se va depreciando a la luz del ritmo inflacionario. Agrega que la UMA intenta alguna forma de compensación que nada tiene de inconstitucional.

    Por último, califica de contradictorio que el juez de grado, por otra parte, aprobara la base regulatoria que calculó en función de lo prescripto por el artículo 40 de la ley 27.423.

  3. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la facultad judicial de declarar la inconstitucionalidad de Fecha de firma: 07/04/2022

    Alta en sistema: 08/04/2022

    Firmado por: P.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.M.P.O., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.G.R., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA D

    una norma de oficio, aunque estableciendo la necesidad de que sea pronunciada para el caso concreto y destacando el mayor rigor que ello supone en el examen de los presupuestos que conducen a la convicción de que su aplicación conculca un derecho o garantía constitucional.

    En este sentido, ha sostenido que “si bien los jueces no pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley en abstracto, es decir fuera de una causa concreta sometida a su juzgamiento, de ello no se desprende que necesariamente la parte interesada deba requerir en forma expresa el control de constitucionalidad, ya que éste constituye una cuestión de derecho, ínsita en la facultad de los jueces que se resume en el antiguo adagio romano iura novit curia y que incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución. Este principio,

    por el que se le concede a los jueces la potestad de suplir el derecho que las partes no invocan o que invocan erróneamente, incluye el deber de mantener la jerarquía normativa de nuestro orden jurídico, de allí que una sentencia que aplique normas inconstitucionales se subleva en contra de aquélla” (del voto del D.B. en autos “M. de P., R.A.; O., R.R. y P., A.C. c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa”, 27 de septiembre de 2001).

    Sin embargo, ha destacado nuestro más alto Tribunal que “el ejercicio de tal facultad en orden a la misión de mantener el imperio de la Constitución sólo puede considerarse autorizado en situaciones muy precisas, cuando la violación de aquélla sea de tal entidad que justifique la abrogación, en desmedro de la seguridad jurídica. Es por ello que con más rigor en este caso, la declaración de inconstitucionalidad sólo será procedente cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa. En segundo término,

    debe ponderarse que su ejercicio no supone en modo alguno la Fecha de firma: 07/04/2022

    Alta en sistema: 08/04/2022

    Firmado por: P.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.M.P.O., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.G.R., JUEZ DE CAMARA

    admisión de declaraciones en...

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