Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 2 de Julio de 2019, expediente CAF 065281/2018/CA001

Fecha de Resolución: 2 de Julio de 2019
Emisor:Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA II 65.281/2018 En Buenos Aires, a los días del mes de julio de 2019, reunidos en acuerdo los señores Jueces de la S.I.I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para conocer del recurso interpuesto en los autos “L., Dan c/ EN - M Interior OP y V - DNM s/ Recurso Directo DNM”, respecto de la sentencia obrante a fs. 180/186 vta., el Tribunal estableció

la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. L.M.M. dijo:

  1. Por sentencia de fs. 180/186 vta., el señor J. de grado rechazó el planteo de inconstitucionalidad y el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

    Para decidir de ese modo, en primer lugar, respecto al planteo de inconstitucionalidad, recordó que para su procedencia resultaba necesario un sólido desarrollo argumental, con fundamentos suficientes para que pudiera ser atendido. De tal modo, debía contener no sólo el aserto de que la norma impugnada causaba agravio, sino también la demostración de éste en el caso concreto, ya que la impugnación sobre la cual se sostiene que la normativa atacada afecta garantías constitucionales no resulta suficiente para ejercer la más delicada de las funciones que fueron encomendadas a un tribunal de justicia, por lo que no cabía formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o garantía constitucional invocados.

    Remarcó que no se advertía la alegada lesión, restricción, alteración y/o amenaza, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, de derechos y garantías constitucionales, en tanto -tal como lo afirmó la Dirección Nacional de Migraciones- el acto administrativo cuestionado fue dictado de conformidad a lo previsto en la Ley 25.871, que independientemente a su reforma por el Decreto 70/2017, el hecho constatado y la sanción seguían siendo las mismas.

    En tal sentido, destacó que -salvo una leve variación en la puntuación, y en el uso de mayúsculas y términos en plural, que no alteran la esencia del precepto-, la norma que daba fundamento a las disposiciones de la Dirección Nacional de Migraciones era idéntica a la correspondiente al régimen anterior.

    Por ende, si el decreto instauró nuevos supuestos para la expulsión de extranjeros, ello resultaba irrelevante en este caso.

    Además, rechazó el planteo respecto de los principios constitucionales que la actora entendiera vulnerados -como el derecho de defensa en juicio y de razonabilidad-. Así, puntualizó que, sin perjuicio de la regulación del Fecha de firma: 02/07/2019 Alta en sistema: 04/07/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 1 Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #32529499#238423683#20190701132553201 Procedimiento Especial Sumarísimo establecido por el Decreto 70/17, lo cierto era que el extranjero fue debidamente notificado de la D.osición SDX Nº

    41711; pudo interponer el respectivo recurso administrativo -el que fue tratado y rechazado por la D.osición SDX Nº 177186-; y, finalmente, contó con la posibilidad de interponer la revisión judicial, en los términos de lo previsto por el artículo 69 septies, de la Ley 25.871.

    Señaló los principios que gobiernan la potestad sancionatoria de la Administración y que dichas decisiones -en tanto constituyen actos administrativos- quedaban sujetas al control judicial, a efectos de proscribir la discrecionalidad y la prescindencia arbitraria de la ley.

    En tal sentido, recordó que la presente demanda encontraba su marco cognitivo en lo normado por el artículo 89, que dispone que el recurso judicial se limitaba al control de legalidad, debido proceso y de razonabilidad del acto motivo de impugnación.

    En tales condiciones, -y de conformidad a los considerandos de la resolución atacada- tuvo por acreditado que la situación de la extranjera se subsumía en los impedimentos para ingresar y permanecer en el territorio nacional, preceptuados en el inciso “k”, del artículo 29, de la Ley 25.871; y entendió que los hechos esgrimidos por la recurrente carecían de entidad suficiente para desvirtuar los impedimentos descriptos en la norma.

    Destacó que, en dicho contexto, resultaba acreditado que los actos dictados por la Administración cumplían todos y cada uno de los requisitos esenciales del acto administrativo (conf. artículos 7 y 8, de la Ley 19.549), no advirtiéndose menoscabo alguno respecto de los derechos de la actora, por violación o inobservancia de lo establecido en la normativa procesal administrativa mencionada y lo dispuesto por la Ley 25.871.

    Finalmente, aclaró que -una vez que firme y consentido el decisorio- la Dirección Nacional de Migraciones podría concretar la retención del extranjero, en los términos de lo establecido en los artículos 69 septies, sexto párrafo, y 70, de la Ley 25.871.

  2. Disconforme con lo resuelto, a fs. 191/202 vta., la parte actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios, que no fueron contestados (ver fs. 204).

    A fs. 208 y vta. dictaminó el señor F. General ante esta Alzada, quien entendió que la ausencia de agravio concreto y la generalidad con la que se había formulado el planteo determinaban el rechazo del agravio constitucional articulado por la recurrente.

    Fecha de firma: 02/07/2019 Alta en sistema: 04/07/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 2 Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #32529499#238423683#20190701132553201 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA II 65.281/2018

  3. En primer lugar, la actora recordó que la D.N.M. no había elevado en tiempo útil el informe a que hace referencia el art. 69 septies, del Decreto 70/2017 y que viene a sustituir la contestación de demanda. Ante su incumplimiento, mediante providencia de fecha 16 de Octubre de 2018, se ordenó el desglose de su presentación extemporánea. Sin embargo, -señaló-en la misma foja y a continuación de la firma del J. actuante, y sin que se cumpla con lo ordenado en punto al desglose -ni con los requisitos que para las certificaciones que efectúa el Secretario del Juzgado establece el reglamento de la justicia- la Secretaria del juzgado produjo una certificación, sin justificar de modo alguno la razón por la cual la hacía, salvo suplir la omisión de la D.N.M., en un acto procesal enervado de nulidad.

    Se quejó de que el Sr. J. decidiera intimar a la D.N.M. a que acompañe el expediente administrativo, como medida para mejor proveer, pero sin cumplir con la acordada de la C.S.J.N. 3/2015, lo que constituía un evidente desequilibrio entre las partes.

    En tal sentido, indicó que se había vulnerado el equilibrio procesal de las partes en la instancia judicial, con una marcada protección y parcialidad a favor de la D.N.M., pues la sentencia, desde el punto de vista formal, podía perfectamente ser dictada sin el expediente administrativo; y declarando nulo el acto, por carecer de causa y antecedentes, atento la falta de la D.N.M. de adjuntar los elementos que hacían a su derecho.

    Alegó que la sentencia era nula como acto jurisdiccional, por arbitraria atentando contra el derecho de defensa, de modo absolutamente parcial, en detrimento de la parte más débil y vulnerable de la relación procesal y, por sobre todas las cosas, ratificando de manera clara y explícita que el inmigrante no tiene ningún derecho constitucional.

    Con respecto al expediente administrativo, sostuvo que el acta N° 81874 no fue completada por la actora, sino por un empleado de la DNM, y la asistencia que prestaba el traductor -también empleado de la DNM-, no se aclaraba en qué consistía y tampoco su parte había tenido la oportunidad de constatar esa Declaración Jurada -en la que se incluía la imputación de un hecho o conducta irregular, que no se adecuaba a la realidad-, y que su parte desconocía. Es decir, que ese primer instrumento contenía falsedades que no podían tomarse en cuenta al dictar sentencia, porque de haberlo sabido la inmigrante no suscribía el acta, en tanto ello implicaba el reconocimiento de un acto reprochable, y de cuyos efectos la inmigrante no fue jamás anoticiada, tampoco se le había expedido copia de dicha acta, ni había tenido la Fecha de firma: 02/07/2019 Alta en sistema: 04/07/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 3 Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #32529499#238423683#20190701132553201 oportunidad de observar el expediente administrativo digitalizado, configurándose una expresa violación de su derecho de defensa.

    El acto impugnado adolecía de un vicio esencial en el elemento causa, pues el considerando cuarto solo refería que ingresó al país eludiendo el control migratorio, sin determinar cuál era el elemento que permite efectuar esa atribución de conducta.

    Se agravió de la sentencia en tanto no se había expedido de manera concreta sobre la constitucionalidad del Decreto 70/2017. La omisión en el tratamiento de dicha inconstitucionalidad implicaba denegación de justicia, pues solo analizando el fin o propósito de la norma observada, y la sanción que para el caso de ingreso irregular, contemplaba la normativa original de la ley 25.871 y la actual a través del referido decreto, se debió efectuar el análisis pertinente de legalidad o constitucionalidad.

    En la aplicación al caso concreto, el gravamen estaba contenido en el hecho que le había atribuido la comisión de un hecho que de modo alguno al momento de su ingreso se encontraba sancionado con la expulsión, más el agravamiento de la prohibición de ingreso por cinco años; y más grave aún era la calificación del hecho punible, que no contaba con prueba alguna, salvo la simple afirmación de la D.N.M.

    Indicó que otro elemento que evidenciaba la inconstitucionalidad del Decreto, era la expresa contravención de la opinión consultiva 6/86 de la CIDH, pues ha modificado derechos de inmigrantes -en su perjuicio-, sin intervención del Poder...

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