Límites a los planes: el Gobierno se endurece ante los reclamos de las organizaciones sociales

El Gobierno frenó el alta de planes sociales a pesar de las movilizaciones al ministerio de Desarrollo Social.

Ya nadie puede hacerse el desentendido. Los jugadores están sentados y todas las cartas se encuentran tiradas sobre la mesa. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta , acaba de anunciar que el Gobierno no tiene planeado ampliar los programas sociales hasta el final del mandato de Alberto Fernández. La confirmación, en boca de uno de los funcionarios más cercanos al Presidente, expuso una decisión tomada en la Casa Rosada: poner blanco sobre negro las condiciones que rigen la tirante relación entre la cartera que gestiona la asistencia y las organizaciones sociales .

En el oficialismo lo plantean sin medias tintas: en un contexto de creciente conflictividad social, el Gobierno vio necesario salir a mostrar firmeza y marcar un límite en el ida y vuelta que mantiene con los piqueteros de izquierda , quienes marchan recurrentemente a las puertas del histórico edificio de 9 de Julio y Belgrano, donde funciona el ministerio. En ese sentido, aunque reconocen que es una medida atada a lo que ocurra con la reactivación económica, son claros respecto de que, a partir de ahora, los recursos estarán dirigidos a la "creación de empleo genuino".

La confirmación de que no se otorgarán más altas de programas Potenciar Trabajo -la principal política llevada adelante por el ministerio, que cuenta con más de 1.200.000 beneficiarios que cobran $16.500 por mes por cuatro horas diarias de contraprestación- es presentada por Zabaleta como la otra cara de la moneda de una iniciativa que ya generó rispideces en los sectores de izquierda: darles libertad a quienes cobran el programa social para elegir la unidad ejecutora en la que trabajar .

Esa medida, que ya comenzó a ser promocionada en redes sociales, no tardó en encender las alarmas en las filas de los movimientos de izquierda. Los referentes piqueteros denunciaron que se trata de una maniobra dirigida a dejar en un "limbo" a quienes decidan irse del lugar en el que realizan la contraprestación . Un supuesto ardid que, según advierten, lejos de buscar afianzar la autonomía de esas personas encuadradas en alguna actividad no registrada, los colocaría a disposición de lo que decidan los funcionarios de turno.

Desde la cartera que conduce Zabaleta, en cambio, lo plantean como un paso necesario en el camino hacia la tan mentada generación de empleo genuino. En ese sentido, aseguran que la...