Libertad de expresión y sanción administrativa. Funcionarios, jueces y el uso de las redes sociales

Autor:Martín Oyhanarte
Cargo:Abogado (UCA, 2000), Master of Laws (Harvard Law School, 2004), Profesor de Historia y Derecho Constitucional (USAL).
Páginas:1-12
RESUMEN

En el presente trabajo se examina cuál es el alcance que debe darse al derecho fundamental de libre expresión en el contexto del empleo público. En particular, se analizan cuáles son los estándares y requisitos constitucionales que condicionan el ejercicio de la potestad sancionatoria en el plano administrativo por el uso inadecuado de las redes sociales en el caso de empleados estatales en... (ver resumen completo)

 
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Libertad de expresión y sanción administrativa.
Funcionarios, jueces y el uso de las redes sociales
Freedom of expression and impose administrative penalties. Officials,
judges, and the use of social networks
Martín Oyhanarte*
RESUMEN
En el presente trabajo se examina cuál es el alcance que debe darse al
derecho fundamental de libre expresión en el contexto del empleo público. En
particular, se analizan cuáles son los estándares y requisitos constitucionales
que condicionan el ejercicio de la potestad sancionatoria en el plano
administrativo por el uso inadecuado de las redes sociales en el caso de
empleados estatales en general, y de los jueces en particular.
ABSTRACT
This paper examines the scope that should be given to freedom of speech in
the context of public employment. In particular, it analyzes the constitutional
standards and requirements that condition the exercise of the administrative
disciplinary power in cases of inappropriate use of social networks by state
employees in general, and of judges in particular.
PALABRAS CLAVE
Expresión, sanción disciplinaria, sanción administrativa, empleados, redes,
jueces
KEYWORDS
Speech, disciplinary, administrative, managerial, employees, networks, judges
I. Introducción
El uso de las redes sociales es parte de nuestra vida cotidiana y profesional.
Facebook, Twitter, o los blogs jurídicos son tan solo algunas de las plataformas
que nos permiten informarnos, interactuar con otros actores del quehacer
jurídico y, sobre todo, expresar libremente nuestras opiniones. Tanto las
instituciones estatales vinculadas al Derecho, como las asociaciones
profesionales, las universidades, los jueces y los abogados recurren a estos
medios de comunicación con fines pedagógicos, de difusión o de debate sobre
temas de interés jurídico o de cualquier otra índole.
Esta participación es, en general, saludable y positiva. Acerca a la
ciudadanía a los tribunales y facilita la deliberación pública de los problemas
jurídicos. Sin embargo, el carácter masivo de esos medios de comunicación,
así como su velocidad, inmediatez e informalidad, generan con frecuencia la
falsa noción de que el uso de las redes sociales en internet está más allá de
toda regulación y fuera del sistema de responsabilidad civil, penal o
* Abogado (UCA, 2000), Master of Laws (Harvard Law School, 2004), Profesor de Historia y Derecho
Constitucional (USAL).

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