Una ley con la que no conviene apresurarse

La ley de telecomunicaciones actualmente en vigencia es de 1972. Todo el mundo, creo, sabe eso. Y todo el mundo lo sabe porque los promotores del nuevo proyecto, llamado Argentina Digital, se encargaron de usar este hecho como argumento para su pronta aprobación.

Pero la sensación de urgencia es engañosa. La actual ley de telecomunicaciones ya era antediluviana en 2003. Lo era también en 1999. Y el año pasado, para el caso. En rigor, esa ley se volvió obsoleta en 1995, cuando el servicio de acceso público a Internet llegó a la Argentina, de la mano de Startel. O en 1990, cuando el país estableció su primer vínculo satelital con la Red desde Cancillería. Diré más: esa ley ya nació marchita. El año anterior había aparecido el microprocesador –que lo cambiaría todo– y entre octubre y noviembre de 1969 se habían conectado los primeros cuatro nodos de Arpanet, la antecesora de Internet.

Así que toda esta prisa por promulgar una nueva ley de telecomunicaciones no tiene el menor sustento. Dadas las circunstancias, si la ley actual fuera de 1876, cuando Bell patentó el teléfono, daría más o menos lo mismo. Fue la digitalización en el nivel del consumo doméstico –a partir, digamos, de mediados de la década del ‘70 y, sobre todo, desde 1981 en adelante– la que disparó los cambios exponenciales que observamos hoy.

La velocidad de los avances se ha vuelto tan extraordinaria que antes de que se seque la tinta del Boletín Oficial las leyes sobre tecnología pueden volverse ancianas, si no completamente inválidas o delirantes. Esta velocidad no va atenuarse en los tiempos por venir. Por el contrario, el progreso va a ir cada vez más rápido. En julio, un equipo de la Universidad Técnica de Dinamarca logró transmitir el equivalente a un DVD en 1 milisegundo, , y Samsung quiere tener lista una para los juegos de invierno de 2018.

Creo que haríamos bien en replantearnos si es por medio de una ley que nos adecuaremos a semejante ritmo o si es preferible una entidad independiente y multisectorial que vaya regulando sobre la marcha, como la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés), que le reporta al Congreso. A propósito, la chicana fácil aquí es argüir que la FCC es una suerte de intermediario entre los lobbistas de las grandes telefónicas y el gobierno estadounidense. Eso es harina de otro costal. La idea de un organismo regulatorio independiente del Ejecutivo y con directores cuyos mandatos duran más que los de los...