Ley N° 3-Texto actualizado (No oficial)

• Firmantes: Ibarra-Grillo
• Jefe de Gobierno: Fernando De La Rúa
• Emisor: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Fecha de la disposición: 3 de Febrero de 1998

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

TEXTO ACTUALIZADO DE LA LEY N° 3 - QUE CREA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD - TEXTO NO OFICIAL INCLUYE REFORMAS DE LAS LEYES 140, 514 Y 707

LEY N° 3-TA

CREA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD PARA LA DEFENSA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEMÁS DERECHOS E INTERESES INDIVIDUALES, COLECTIVOS Y DIFUSOS TUTELADOS POR LAS CONSTITUCIONES Y LAS LEYES. DESIGNACION, ATRIBUCIONES. ADJUNTOS. PROCEDIMIENTOS, INFORME A LA LEGISLATURA. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

Buenos Aires, 03/02/1998

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

TÍTULO IArtículos 1 a 14

Designación. Cese y condiciones. Atribuciones

Artículo 1°

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. Ejerce las funciones establecidas por la ley sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

Art. 2°

Es misión de la Defensoría la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos y garantías e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y las leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración, de prestadores de servicios públicos y de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local.

Quedan comprendidos también los actos de naturaleza administrativa de los poderes Judicial, Legislativo y de los Organos de control.

Art. 3°

La Defensoría está a cargo de un Defensor o Defensora del Pueblo designado por Resolución de la Legislatura de la Ciudad por el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, en sesión especial y pública convocada al efecto con diez días de anticipación.

Art. 4°

Previo a la convocatoria de la sesión, la Legislatura, a través de la Junta de Etica, Acuerdos y Organismos de Control, debe abrir por un período de diez (10) días un registro para que los ciudadanos, por si o a través de organizaciones no gubernamentales, hagan sus propuestas respecto de postulantes con antecedentes curriculares que las fundamenten. Sólo son considerados candidatos aquellos postulantes que sean propuestos por algún legislador.

Con una antelación no menor de tres (3) días y durante tres (3) días deben ser anunciadas las fechas de apertura y cierre del registro de postulantes y la celebración de la audiencia pública, por la emisora radial de la Ciudad de Buenos Aires y el Boletín Oficial y al menos tres (3) diarios de amplia circulación, en una emisora de radiodifusión de AM y en una de televisión abierta.

Vencido el plazo de cierre el registro debe darse a publicidad durante dos (2) días y en igual forma que la detallada en el párrafo anterior, la nómina de candidatos propuestos por los Diputados y Diputadas y los postulantes anotados en el Registro.

La totalidad de los antecedentes curriculares presentados deben estar a disposición de la ciudadanía.

Quienes deseen formular impugnaciones u observaciones respecto de los candidatos propuestos, deben hacerlo por escrito en los siguientes cinco (5) días, bajo su firma y fundarlas en circunstancias objetivas que puedan acreditarse por medios fehacientes. Los candidatos tienen acceso a las mismas durante los tres (3) días siguientes.

Cumplido lo expuesto en el párrafo anterior, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Junta de Etica, Acuerdos y Organismos de Control deben celebrar la audiencia pública a efectos de considerar las impugnaciones con la participación de los candidatos.

Art. 5°

La Resolución que designa al Defensor o Defensora del Pueblo debe publicarse en el boletín Oficial.

El Defensor o Defensora del Pueblo toma posesión de su cargo ante la Legislatura prestando juramento o compromiso de desempeñar debidamente el cargo.

Art. 6°

El Defensor o Defensora del Pueblo debe reunir las condiciones establecidas para ser legislador y goza de iguales inmunidades y prerrogativas. Le alcanzan las inhabilidades e incompatibilidades de los Jueces. Le está vedada la actividad político partidaria.

Art. 7°

La duración del mandato del Defensor o Defensora del Pueblo es de cinco (5) años, pudiendo ser designado en forma consecutiva por una sola vez.

Art. 8°

El Defensor o Defensora del Pueblo percibe igual remuneración que los diputados o diputadas de la Ciudad.

Art. 9°

Son de aplicación al Defensor o Defensora del Pueblo, en lo pertinente, las normas en materia de recusación y excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial vigente en la Ciudad.

Dentro de los diez (10) días siguientes a su designación y antes de tomar posesión del cargo, el Defensor o Defensora del Pueblo debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo.

Art. 10La actividad de la Defensoría del Pueblo no se interrumpe en el período de receso de la Legislatura ni durante la feria judicial.

Art. 11El Defensor o Defensora del Pueblo cesa en sus funciones por alguna de las siguientes causas:

1. Muerte;

2. Por vencimiento del plazo de su mandato;

3. Por renuncia presentada y aceptada por la Legislatura;

4. Por remoción, a través de juicio político, fundado en las causales que prevé el artículo 92 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 12En caso de muerte, renuncia o remoción del Defensor o Defensora del Pueblo, la Legislatura debe iniciar en el plazo máximo de 10 días el procedimiento tendiente a la designación del nuevo titular.

Art. 13Para el cumplimiento de sus funciones el Defensor o Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tendrá las siguientes atribuciones:

1. Comprobar el respeto a los derechos humanos en unidades carcelarias y penitenciarias, dependencias policiales e instituto de internación o guarda, tanto públicos como privados sujetos al control de la administración;

2. Solicitar vista de expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil a los efectos de la investigación, aún aquellos clasificados como reservados o secretos, sin violar...