Ley nº 2891. Ley orgánica de la justicia penal

• Páginas: 121-140
• Autor: José Ignacio Gerez

LEY N° 2891

LEY ORGÁNICA DE LA JUSTICIA PENAL

Por cuanto:

La Legislatura de la Provincia del Neuquén sanciona con

fuerza de ley:

Título I

Disposiciones Generales

Capítulo I

Principios Fundamentales

Artículo 1º. Servicio público. La administración de Justicia,

como Poder del Estado, brinda un servicio público para el manteni-

miento de la calidad republicana de las instituciones, del equilibrio de-

mocrático, el imperio de la ley, la participación ciudadana y la convi-

vencia pacífica. Cumple sus funciones con eficacia y eficiencia,

resguardando la calidad del servicio, cumpliendo, de un modo estricto,

los principios y normas previstos en la Constitución Nacional, en la

Constitución Provincial, en el Código Procesal Penal y en las demás

normas vigentes, y garantiza la más amplia y efectiva tutela judicial

de los derechos.

Artículo 2º. Acceso a la justicia. Todas las personas tienen dere-

cho a elegir la forma de resolución de sus conflictos, en los límites per-

mitidos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y por

las leyes, y a acceder a una justicia imparcial, pronta, oportuna y gra-

tuita. El Poder Judicial está obligado a remover todos los obstáculos

que impidan acceder en condiciones de igualdad al servicio judicial.

Los jueces tienen como misión principal la realización de la justicia

y la solución pacífica de los conflictos, en procura de contribuir a resta-

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blecer la armonía entre sus protagonistas, la paz social y la vigencia de

la ley.

El Poder Judicial debe promover, fomentar e impulsar la utilización

de formas alternativas de resolución de conflictos y la creación de espa-

cios a este efecto.

Artículo 3º. Dignidad. El juez debe respetar la dignidad de toda

persona y otorgarle un trato adecuado, sin distinción alguna en el ejer-

cicio de sus funciones; debe superar los prejuicios culturales que pue-

dan incidir de modo negativo sobre su comprensión y valoración de los

hechos, así como su interpretación y aplicación de las normas.

El juez tiene el deber de asegurarse de que las personas que partici-

pen en la audiencia, especialmente la víctima y el imputado, compren-

dan el sentido y el alcance de las distintas acciones que se desarrollan

en la misma.

Artículo 4º. Juicio por Jurados y Participación Ciudadana.

Conforme lo ordenan la Constitución Nacional, la Constitución Provin-

cial y el Código Procesal Penal, la administración de Justicia es ejerci-

da, de manera conjunta, por los jueces profesionales y por los ciudada-

nos a través del Juicio por Jurados y los distintos mecanismos de

participación ciudadana, con los alcances establecidos en las leyes pro-

cesales respectivas.

Artículo 5º. Jurisdiccionalidad y Litigio. La función jurisdic-

cional es indelegable, se limita a resolver las controversias que las par-

tes le presentan.

Los órganos jurisdiccionales no pueden conocer solicitudes, trámi-

tes o procedimientos que no impliquen la resolución de un conflicto.

Artículo 6º. Imparcialidad. Los jueces deben mantener, a lo lar-

go del proceso, una equivalente distancia con las partes, sus represen-

tantes y abogados, y evitar todo tipo de comportamiento que pueda re-

flejar favoritismo, predisposición o prejuicio.

En el desarrollo de la función judicial, deben garantizar que se res-

pete el derecho de las personas a ser tratadas de un modo igualitario.

Artículo 7º. Independencia. Los jueces deben ejercer sus funcio-

nes libres de interferencias y rechazar cualquier intento de influencia

política, social, económica, de amistad, por grupos de presión, por el

clamor público, por el miedo a la crítica, por consideraciones de popula-

ridad o notoriedad, y por motivaciones impropias sobre sus decisiones.