Ley de Lucha contra la Violencia Familiar Nº 24.417

• Páginas: 107-123
• Autor: Orlando Gabriele

LEY DE LUCHA CONTRA

LA VIOLENCIA FAMILIAR Nº 24.417

Sanción: 07/12/1994

Promulgación: 28/12/1994

Publicación: B.O. del 03/01/1995

Artículo 1º. Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico

o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar

podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez

con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares

conexas. A los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el

originado en el matrimonio o en las uniones de hecho.

Artículo 2º. Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces,

ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus

representantes legales y/o el Ministerio Público. También estarán obli-

gados a efectuar la denuncia los servicios asistenciales sociales o edu-

cativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcio-

nario público en razón de su labor. El menor o incapaz puede directamente

poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público.

Artículo 3º. El juez requerirá un diagnóstico de interacción fami-

liar efectuado por peritos de diversas disciplinas para determinar los

daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima, la situación de peli-

gro y el medio social y ambiental de la familia. Las partes podrán

pedir otros informes técnicos.

Artículo 4º. El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los

hechos motivo de la denuncia, las siguientes medidas cautelares:

a) Ordenar la exclusión del autor, de la vivienda donde habita el

grupo familiar;

b) Prohibir el acceso del autor, al domicilio del damnificado como

a los lugares de trabajo o estudio;

c) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido

salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor;

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a los que se hubiere dado intervención en el proceso, como así tam-

bién a aquellos cuyos intereses pudieren resultar afectados por la

naturaleza de los hechos.

Artículo 25. Una vez adoptadas las medidas cautelares estableci-

das en el artículo 21 de la presente Ley, el Tribunal, de oficio, ordena-

rá realizar un diagnóstico de situación entre los sujetos involucrados.

El mismo será elaborado en forma interdisciplinaria y tendrá como

objeto determinar los daños físicos o psíquicos sufridos por la víctima,

evaluar las circunstancias de peligro o riesgo y el entorno social.

Artículo 26. El Juez o Tribunal interviniente, en caso de conside-

rarlo necesario, requerirá un informe al lugar de trabajo y/o lugares

donde tenga actividad la parte denunciada, a los efectos de tener un

mayor conocimiento de la situación planteada.

Asimismo, deberá solicitar los antecedentes judiciales y/o policiales

de la persona denunciada, con la finalidad de conocer su conducta

habitual.

Artículo 27. En todos los casos el principio orientador será preve-

nir la revictimización, prohibiéndose la confrontación o compareci-

miento conjunto de la víctima y el agresor.

Artículo 28. Cuando intervenga un Juzgado con competencia en

materia penal o un Juzgado con competencia en materia de menores

en una situación de violencia familiar, cualquiera sea la resolución

que adopte, deberá remitir, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas

de haber tomado conocimiento de los hechos, testimonio completo de

las actuaciones y de la resolución adoptada al Juez con competencia

en materia de violencia familiar.

Asimismo, cuando se haya dispuesto el procesamiento con pri-

sión, deberá comunicar la excarcelación o la concesión de salidas tran-

sitorias o cualquier forma de conclusión del proceso, al Juzgado com-

petente en materia de violencia familiar, previo a su efectivización.

También deberá ponerlo en conocimiento de la víctima en su domici-

lio real y de su letrado en el domicilio constituido, de la forma que

entienda más eficaz para obtener la finalidad de protección persegui-

da por esta Ley.

Artículo 29. Los Juzgados con competencia de urgencia en mate-

ria de violencia familiar, comunicarán los hechos con apariencia

delictiva que hayan llegado a su conocimiento, dentro de las veinti-

cuatro (24) horas, al Juzgado con competencia penal de turno, sin

perjuicio de continuar la acción propia y las medidas provisorias que

hubiere adoptado. Para los delitos de instancia privada, se requerirá

el expreso consentimiento de la víctima o de su representante legal,

en el caso de menores o incapaces.

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d) Decretar provisoriamente alimentos, tenencia y derecho de co-

municación con los hijos.

El juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuer-

do a los antecedentes de la causa

Artículo 5º. El juez, dentro de las 48 horas de adoptadas las me-

didas precautorias, convocará a las partes y al Ministerio Público a

una audiencia de mediación instando a las mismas y su grupo fami-

liar a asistir a programas educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta

el informe del artículo 3º.

Artículo 6º. La reglamentación de esta ley preverá las medidas

conducentes a fin de brindar al imputado y su grupo familiar, asisten-

cia médica psicológica gratuita.

Artículo 7º. De las denuncias que se presenten se dará participa-

ción al Consejo Nacional del Menor y la Familia a fin de atender la

coordinación de los servicios públicos y privados que eviten y en su

caso, superen las causas del maltrato, abusos y todo tipo de violencia

dentro de la familia.

Para el mismo efecto podrán ser convocados por el juez los orga-

nismos públicos y entidades no gubernamentales dedicados a la pre-

vención de la violencia y asistencia de las víctimas.

Artículo 8º. Incorpórase como segundo párrafo al artículo 310 del

Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984) el siguiente:

En los procesos por alguno de los delitos previstos en el Libro

Segundo, Título I, Capítulos I, II, III, V y VI, y Título V, Capítulo I, del

Código Penal cometidos dentro de un grupo familiar conviviente, aun-

que estuviese constituido por uniones de hecho, y las circunstancias

del caso hicieren presumir fundadamente que pueden repetirse, el

juez podrá disponer, como medida cautelar, la exclusión del hogar del

procesado. Si el procesado tuviere deberes de asistencia familiar y la

exclusión hiciere peligrar la subsistencia de los alimentados, se dará

intervención al asesor de Menores para que se promuevan las accio-

nes que correspondan.

Artículo 9º. Invítase a las provincias a dictar normas de igual

naturaleza a las previstas en el presente.

Artículo 10. Comuníquese, etcétera.

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c) Disponer —inaudita parte— cuando razones de seguridad lo acon-

sejen, el inmediato alojamiento de la o las víctimas en el estableci-

miento hotelero o similar más cercano al domicilio de éstas. Asimis-

mo, en todos los casos, podrá disponer que el alojamiento temporario

sea en la residencia de familiares o allegados que voluntariamente

acepten lo dispuesto. La lista de los establecimientos hoteleros o si-

milares, será provista por el Tribunal Superior de Justicia y con car-

go a la partida presupuestaria que anualmente asigne, a tal fin, el

Poder Ejecutivo Provincial;

d) Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el do-

micilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente

también la víctima;

e) Prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o

desarrollar cualquier conducta similar, en relación con la víctima,

demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho;

f) Incautar las armas que el agresor tuviere en su poder, las que

permanecerán en custodia en sede judicial;

g) En caso que la víctima fuere menor o incapaz, puede otorgar su

guarda provisoria a quien considere idóneo para tal función, si esta

medida fuere necesaria para su seguridad psicofísica y hasta tanto se

efectúe un diagnóstico de situación;

h) Establecer, si fuere necesario y con carácter provisional, el ré-

gimen de alimentos, tenencia y de visitas, mientras se inician, sus-

tancian y resuelven estas cuestiones por el trámite que para ellas

prevén las normas procedimentales en vigencia;

i) Solicitar las acciones previstas en el inciso g, del artículo 33 de la

presente Ley —Programa de Erradicación de la Violencia Familiar—, y

j) Disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de

rehabilitación.

Artículo 22. En todos los casos previstos en el artículo anterior,

el Juez ordenará a quien entienda conveniente, la supervisión de su

cumplimiento, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública para

asegurarlo.

En un plazo no mayor de diez (10) días de adoptada la medida,

convocará una audiencia, a los efectos de su evaluación. En caso de

no comparecencia, dispondrá la conducción del agresor.

Artículo 23. Las medidas adoptadas tendrán el alcance y la dura-

ción que el Juez disponga, conforme a los antecedentes que obren en

el expediente, pudiendo disponer su prórroga cuando perduren situa-

ciones de riesgo que así lo justifiquen.

Artículo 24. El Juez o Tribunal deberá comunicar la medida cau-

telar decretada a las instituciones y/u organismos públicos o privados