Ley de flagrancia: primera condena a las 36 horas de cometido el delito

En menos de dos días, desde que se cometieron los delitos, ya hubo cuatro condenas en la Capital gracias a la nueva ley de flagrancia.

El primer caso fue en Caballito, a las 2.30 de anteayer, cuando una mujer fue detenida por la policía por tentativa de robo, luego que forzó la vidriera de un comercio para llevarse varias prendas. A las 36 horas, en una audiencia judicial, se la sentenció a seis meses de prisión en suspenso.

A su vez, también en la madrugada de anteayer, pero en el barrio de Constitución, tres hombres rompieron los vidrios de dos vehículos ubicados en una playa de estacionamiento en las calles Lima y Juan de Garay. Mientras robaban los equipos de música de ambos rodados, fueron sorprendidos por policías que patrullaban la zona y los detuvieron in fraganti. Con la intervención del personal del Juzgado de Instrucción N° 38, se determinó que los imputados tenían antecedentes con sentencia cumplida. En la audiencia estuvieron el fiscal, la jueza, el defensor y los imputados. El hecho fue tipificado como tentativa de robo y se acordaron 798 horas de trabajo comunitario.

También hubo otras dos audiencias por casos flagrantes de violencia de género. Golpeadas por sus ex parejas, las dos víctimas fueron atendidas por oficiales de la policía, quienes advirtieron que tenían lesiones graves, producto de los golpes que habían perpetrado los detenidos. Dado que ya había denuncias previas de agresión y la gravedad de los delitos, los casos fueron derivados como un procedimiento habitual, que son más lentos.

"El proceso de flagrancia aporta una respuesta judicial rápida y adecuada para casos sencillos que se resuelven al aplicar una sanción a pocas horas de cometido el delito", explicó a LA NACION el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Casares, quien además aseguró que están monitoreando la aplicación para hacer ajustes para ir mejorando los procesos judiciales.

La ley de flagrancia 27.272, aprobada por el Congreso Nacional el 7 de septiembre, se puso en vigor desde anteayer en todo el país. La norma prevé que las personas detenidas in fraganti, tanto al intentar cometerlo o inmediatamente después, y con las pruebas de haberlo cometido, tienen que ser llevadas ante un juez entre 24 y 48 horas después para hacer una audiencia oral y pública donde se decidirá su libertad. La norma se aplica sólo para delitos menores o delitos de gravedad, cuyas penas no superen los 15 años de prisión.

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