Una ley fascista

 
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Una de las leyes más asombrosas que haya dictado la Legislatura bonaerense en su historial de tres siglos ha dispuesto que tanto en las publicaciones gráficas como en los contenidos audiovisuales y en los actos públicos de gobierno de los tres poderes de la provincia, debe utilizarse la cifra de 30.000 desaparecidos cada vez que se haga referencia "al accionar genocida en nuestro país". Para que no haya dudas sobre el tipo de cultura política que trasunta esa norma, se deja establecido que ella concierne al período que comenzó el 24 de marzo de 1976 y concluyó el 9 de diciembre de 1983. Fue votada por unanimidad en el Senado; en Diputados, sólo se pronunció en contra Guillermo Castello, de Coalición Cívica.

La iniciativa pretende congelar el debate histórico, acallar las disidencias con los números a que se abrazan las organizaciones de derechos humanos que recientemente hicieron la reivindicación del terror subversivo, al que el Estado respondió con otro terror aún de grado superior, e imponer la censura previa y cercenar la libertad de expresión. Dentro de todo lo inentendible de esa norma podría explicarse que los legisladores peronistas hayan procurado dejar fuera de sus alcances la etapa siniestra de la Triple A. Esta fue la consecuencia paraestatal del llamado del presidente Perón a "exterminar" las bandas guerrilleras. Lo hizo después de que una de éstas intentara ocupar sangrientamente un regimiento en Azul, en enero de 1974. ¿Pero qué sentido ha tenido que legisladores de partidos democráticos, y alguno de ellos de experiencia y responsabilidades más que centenarias, como el radicalismo, hayan votado como lo hicieron, hasta con olvido de ese otro aciago período, que precedió al 24 de marzo de 1976?

Una ley tan desconcertante como ésta, originada en una iniciativa del senador Darío Díaz Pérez, del Frente para la Victoria, parece haber sido hecha y votada por fanáticos. Mejor dicho, por fanáticos principiantes o que simulan desconocer en absoluto aspectos elementales de nuestra historia más próxima. Si el 10 de diciembre de 1983, en lugar de haber asumido la presidencia de la Nación el doctor Raúl Alfonsín lo hubiera hecho el candidato del Partido Justicialista, doctor Ítalo Luder, se habría convalidado la autoamnistía que habían dictado los militares en su propio su favor. Este diario se opuso a ese beneficio, con el cual no se habrían realizado los juicios a las juntas militares, pero nadie con algún peso en el peronismo discrepó...

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