LEY F-0805. Tribunal administrativo de la navegación (Antes Ley 18870)

Fecha de Última Modificación:31/03/2013
Rama:Comercial
Rango de Ley:Ley
Fecha de Publicación: 7 de Enero de 1971
Fecha de Sanción:17 de Diciembre de 1970
Fecha de Promulgación:17 de Diciembre de 1970
 
ÍNDICE
CONTENIDO
Artículo 1º

–Créase el Tribunal Administrativo de la Navegación, con sede en la Capital Federal, el que tendrá las facultades y atribuciones que por esta ley se le asignan, dependiendo administrativamente, del Comando en Jefe de la Armada. Si de la aplicación de la presente Ley surgiera la conveniencia de crear tribunales similares con sede en otros lugares de la República, el Poder Ejecutivo podrá disponer su instalación, determinando el lugar en que funcionarán.

Artículo 2º

–El Tribunal Administrativo de la Navegación tendrá jurisdicción:

  1. En todas las aguas navegables de la Nación o de las provincias que sirvan al tránsito y comercio interjurisdiccional y en sus costas, así como en los puertos sometidos a jurisdicción nacional, respecto de los hechos indicados en el artículo 5.

  2. En alta mar, así como en aguas, costas y puertos extranjeros, respecto de los mismos hechos, cuando sean causados o sufridos por buques de bandera nacional u ocurran a bordo de los mismos.

Artículo 3º

– Estará sometido a la jurisdicción del Tribunal Administrativo de la Navegación, el personal de la marina mercante nacional o extranjera, imputado como presunto responsable de la comisión de hechos de gravedad o importancia comprendidos en el artículo 5°, en los lugares señalados en el artículo 2°.

A los efectos de este artículo, se considerará personal de la marina mercante no sólo a la dotación permanente, sino también a las personas que se embarquen para asesorar al capitán en navegación, maniobras o reglamentación.

Artículo 4º

–Corresponde al Tribunal Administrativo de la Navegación:

  1. Fijar las responsabilidades de carácter profesional emergentes de accidentes de la navegación, aplicando las sanciones establecidas por las leyes y reglamentos vigentes en la materia;

  2. Proponer al Poder Ejecutivo y en su caso al Comando en Jefe de la Armada , las medidas de seguridad o las modificaciones a las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes, cuya conveniencia resulta de lo investigado por el tribunal en las causas en que intervenga;

  3. Organizar su régimen interno y presentar al Comando en Jefe de la Armada su memoria anual y presupuesto de gastos.

Artículo 5º

– Considéranse accidentes de navegación, a los efectos de esta Ley, todos los hechos causados o sufridos por buques, embarcaciones o artefactos navales, que produjeren daño o riesgo de daño a sí mismos, o a otros buques, embarcaciones o artefactos navales, o a personas o a cosas, o un perjuicio injustificado a los intereses comprometidos en la expedición marítima.

Artículo 6º

– Las decisiones del Tribunal Administrativo de la Navegación tendrán por objeto determinar la falta de idoneidad profesional, la imprudencia, impericia o negligencia del personal responsable, directa o indirectamente, de un accidente de navegación, o la inobservancia de las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes y aplicables en cada caso.

El tribunal no considerará ni se pronunciará sobre las responsabilidades penales, ya sea por delitos, faltas o contravenciones, ni las de orden civil que eventualmente surgieran de los hechos investigados.

Artículo 7º

– Cuando en una causa que instruya el Tribunal Administrativo de la Navegación surgiere “prima facie” la comisión de un delito, se efectuará la comunicación del caso al juez que fuere competente, remitiéndole testimonio de las piezas pertinentes de la causa y demás constancias que hubiere.

TÍTULO II COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL. ATRIBUCIONES DE SUS MIEMBROS Artículos 8 a 21
CAPÍTULO I COMPOSICIÓN Artículos 8 a 19
Artículo 8º

– El Tribunal Administrativo de la Navegación será presidido por un oficial superior del cuerpo de comando, escalafón general, de la Armada Argentina y estará integrado por cuatro vocales, a saber:

  1. Un oficial del cuerpo de comando, escalafón general de la Armada Argentina, de jerarquía no inferior a capitán de corbeta, con comando de buque cumplido;

  2. Un oficial del cuerpo de auditores de la Armada Argentina, de jerarquía no inferior a

    capitán de corbeta;

  3. Un oficial del cuerpo general de la Prefectura Naval Argentina, de jerarquía no inferior a la de prefecto;

  4. Un capitán de ultramar, que haya cumplido comando en dicha calidad, por lo menos durante cinco años en los diez anteriores a su primera designación como vocal.

Artículo 9º

– Los miembros del Tribunal Administrativo de la Navegación serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de las siguientes autoridades:

1) El presidente y los vocales mencionados en el artículo 8, inciso a) y b), por el Ministerio de Defensa , Comando en Jefe de la Armada .

2) El vocal mencionado en el artículo 8, inciso c), por el Ministerio de Defensa , Comando en Jefe de la Armada , que lo seleccionará de una terna que elevará el prefecto nacional naval.

3) El vocal mencionado en el artículo 8, inciso d), por el Ministerio de Defensa , Comando en Jefe de la Armada , que lo seleccionará de una terna que elevará la asociación profesional que agrupe a los capitanes de ultramar.

Artículo 10

–En caso de ausencia, enfermedad o impedimento transitorio del presidente o de cualquiera de los vocales, se procederá a su reemplazo por otro miembro que reúna las mismas condiciones legales del titular. El miembro reemplazante del titular, que actuará con la denominación de presidente interino o vocal interino, según sea el caso, será designado en la forma que determine la reglamentación.

Artículo 11

–Los miembros del tribunal durarán dos años en el ejercicio de sus cargos y serán reelegibles.

Artículo 12

– En caso de enfermedad, renuncia o incapacidad de cualquiera de los miembros del tribunal que le impidiera definitivamente continuar en sus funciones, se procederá a designar, en la forma indicada por el artículo 9 de la ley, a un reemplazante que se desempeñará hasta que concluya el período para el que fuera designado el miembro a quien sustituya.

Si por cualquier causa la asociación profesional que agrupe a los capitanes de ultramar no lograse integrar la terna para la selección del vocal mencionado por el artículo 8,

inciso d), este vocal será reemplazado por otro, que deberá reunir los requisitos exigidos en el inciso a) del mismo artículo.

Los miembros del tribunal podrán ser removidos por la autoridad que los designó, por motivos de grave inconducta o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, previa investigación que se instruirá en jurisdicción del Comando en Jefe de la Armada para acreditar la existencia de las causales invocadas. Los vocales que fueren removidos por estos motivos no podrán ser propuestos en el futuro para integrar el tribunal.

Las opiniones expresadas por los vocales al expedirse sobre los casos concretos sometidos al tribunal no podrán ser invocadas para justificar su remoción por mal desempeño del cargo, salvo que se demostrare una manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 13

–El presidente del tribunal prestará juramento al asumir su cargo, la primera vez ante el Comando en Jefe de la Armada, y en lo sucesivo ante el tribunal en pleno.

Artículo 14

– Los vocales del tribunal serán puestos en posesión de sus cargos por el presidente, previo juramento que prestarán ante el mismo.

Artículo 15

– No podrán ser designados para integrar el tribunal los parientes consanguíneos o afines de un miembro del mismo, dentro del segundo grado en la línea ascendente o descendente y del tercero en la colateral. La incompatibilidad, que podrá ser planteada ante el presidente del tribunal por cualquier persona interesada, que tuviere conocimiento de la misma, será resuelta dejando sin efecto el nombramiento.

Artículo 16

– Todos los miembros del Tribunal Administrativo de la Navegación podrán ser recusados por parte interesada en los procedimientos que se sustancien ante el mismo, en los casos previstos por el artículo 17, incisos 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9) y 10) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación #. La recusación deberá ser planteada dentro de los cinco (5) días de haberse tenido conocimiento de la existencia de la causal alegada.

Artículo 17

– La recusación será resuelta por el tribunal, con exclusión del miembro recusado, antes de la oportunidad prevista en el artículo 74, y previo el cumplimiento de las diligencias de prueba u otras que el tribunal hubiera ordenado para dilucidar la cuestión.

Artículo 18

– Mientras se sustancie el incidente de recusación se suspenderá el trámite de la causa en que haya sido planteado. Si se hiciera lugar a la recusación, se procederá a designar un nuevo miembro, con las mismas calidades del recusado, y en.

la forma prevista para el reemplazo transitorio del mismo. Esta designación sólo se extenderá y tendrá validez para la causa en la cual se haya planteado la recusación.

Artículo 19

– Todos los miembros del Tribunal Administrativo de la Navegación que se hallaren comprendidos en algunas de las causales de recusación previstas en el artículo 16, deberán excusarse. Aceptada la excusación por el Tribunal, previo el cumplimiento de los trámites que éste hubiere ordenado, se procederá al reemplazo del miembro que se hubiera excusado, en la misma forma y con los mismos efectos establecidos en el artículo 18.

CAPÍTULO II ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL Artículos 20 y 21
Artículo 20

–Corresponde al presidente del Tribunal Administrativo de la Navegación:

  1. Presidir las sesiones, dirigir los debates, y mantener el orden en las mismas;

  2. Dictar las providencias que esta Ley no exija, sean aprobadas por el tribunal; y dirigir y firmar la correspondencia, en nombre del tribunal, a las autoridades y oficinas públicas y demás personas;

  3. Poner en posesión del cargo y tomar juramento a los vocales;

  4. Establecer el régimen de licencias y concederlas de modo que las mismas no afecten

    el normal desenvolvimiento del tribunal;

  5. Informar al Comando en Jefe de la Armada las vacantes que se produjeren entre los vocales del tribunal;

  6. Rubricar, juntamente con el secretario, los libros del tribunal y los de la secretaría;

  7. Establecer y aplicar el régimen de sanciones disciplinarias respecto de los miembros, funcionarios y empleados del tribunal. Con relación a las personas que en cualquier carácter concurrieren al tribunal, el presidente estará facultado para imponer, por contravenciones que se cometan en la sede del mismo y que estén previstas por las disposiciones en vigencia, las mismas sanciones que pueda aplicar el prefecto nacional naval en su jurisdicción;

  8. Solicitar a las entidades profesionales que agrupen al personal de la especialidad de los imputados, en las causas que se ventilen ante el tribunal, el envío de uno o más representantes, para que satisfagan solicitudes de información sobre aspectos inherentes a las funciones y actividades de ese personal.

Artículo 21

–Corresponde a los vocales del Tribunal Administrativo de la Navegación:

  1. Concurrir a las sesiones, participar en los debates y emitir su voto fundado en las cuestiones sometidas al tribunal;

  2. Cumplir y hacer cumplir todas las diligencias necesarias para la buena marcha de las

causas.

TÍTULO III AUXILIARES DEL TRIBUNAL Artículos 22 a 37
CAPÍTULO I DE LA PROCURACIÓN FISCAL Artículos 22 a 27
Artículo 22

– La representación de los derechos del Estado nacional ante el Tribunal Administrativo de la Navegación, y el ejercicio de la acción pública ante el mismo estará a cargo de un procurador fiscal, el que será asistido y reemplazado en caso de impedimento accidental, por un procurador fiscal auxiliar. Ambos serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Defensa , Comando en Jefe de la Armada.

Artículo 23

– El nombramiento de los procuradores fiscales recaerá en oficiales del Cuerpo de Auditores de la Armada Argentina, de jerarquía no inferior a Capitán de Corbeta, preferentemente orientados en Derecho de la Navegación o Derecho Administrativo. Durarán dos años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos.

Artículo 24

– Los procuradores fiscales prestarán juramento ante el Comando en Jefe de la Armada, y les serán aplicables entre sí y respecto de los integrantes del tribunal, las incompatibilidades establecidas en el artículo 15.

Artículo 25

–Corresponde al procurador fiscal y procurador fiscal auxiliar, en su caso:

  1. Velar por la defensa de los derechos e intereses del Estado nacional en las causas que se ventilen ante el Tribunal Administrativo de la Navegación;

  2. Preparar y llevar adelante la acusación, cuando correspondiere;

  3. Asistir a todos los actos de cada causa, solicitar las medidas de prueba que fueran pertinentes, producir alegatos e interponer los recursos a que hubiere lugar, cuando las resoluciones dictadas no fueren acordes con lo peticionado por ellos;

  4. Vigilar la ejecución y cumplimiento de las sentencias dictadas por el tribunal.

Artículo 26

– El procurador fiscal y el procurador fiscal auxiliar podrán ser recusados en los casos previstos en el artículo 16, sustanciándose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 17, y con los efectos dispuestos por el artículo 18. El procurador.

fiscal y el procurador fiscal auxiliar podrán excusarse, conforme con lo dispuesto en el artículo 19.

Artículo 27

– La procuración fiscal contará con el personal que determine la reglamentación, solicitando su designación al Comando en Jefe de la Armada .

Para el mejor desempeño de sus funciones, los procuradores fiscales podrán solicitar al Comando en Jefe de la Armada el asesoramiento de personas idóneas en las distintas cuestiones que puedan plantearse ante el tribunal.

CAPÍTULO II DE LA SECRETARÍA Artículos 28 a 30
Artículo 28

– El tribunal contará con una secretaría cuyas funciones serán las establecidas en la presente Ley y su reglamentación. El secretario será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Defensa , Comando en Jefe de la Armada , y será un oficial del cuerpo de comando de la Armada Argentina, de jerarquía no inferior a la de teniente de navío.

Artículo 29

–Corresponde al secretario:

  1. Autorizar la firma del presidente y de los vocales del tribunal;

  2. Asistir a los debates, controlar la producción de las pruebas, otorgar las

    certificaciones y testimonios cuya expedición ordenare el tribunal; labrar las actas de los

    debates y de las sesiones;

  3. Cumplir todas las demás funciones que le encomiende el presidente del tribunal, con miras a la mayor celeridad del diligenciamiento de las causas, y la eficiencia de su trámite.

Artículo 30

– La Secretaría contará con el personal que la reglamentación determine, y su nombramiento será requerido al Comando en Jefe de la Armada .

CAPÍTULO III DE LOS CÓNSULES Artículos 31 a 33
Artículo 31

–Cuando los hechos que originan la intervención del Tribunal Administrativo de la Navegación se produzcan fuera de las aguas jurisdiccionales de la Nación, las funciones establecidas en el Artículo 40 serán cumplidas por el cónsul argentino con jurisdicción en el lugar en que aquéllos hubieran ocurrido, o en el puerto de primera arribada del buque, o de la mayor parte de los náufragos, después del accidente de navegación.

Artículo 32

– La información sumaria a labrarse por el cónsul en el caso del artículo anterior, deberá ajustarse a los requisitos y formalidades establecidos por la presente ley para instrucción de las causas, debiendo designarse un secretario, entre los funcionarios del Consulado. Pero el cónsul limitará su cometido a reunir los elementos de juicio que pudieran desaparecer, debiendo posteriormente seguir las actuaciones la Prefectura Naval Argentina, con arreglo a lo previsto por el Artículo 40.

Artículo 33

– Los cónsules comunicarán de inmediato y en la forma más directa posible al tribunal, la iniciación de las informaciones que instruyan, elevándolas al mismo una vez finalizada su instrucción.

CAPÍTULO IV DE LOS DEFENSORES Artículos 34 a 37
Artículo 34

– Toda persona imputada ante el Tribunal Administrativo de la Navegación, debe nombrar un defensor.

Artículo 35

– Los defensores deberán ser abogados inscriptos en la matrícula respectiva, o personas de la misma especialidad del imputado o idóneas en cuestiones de navegación. En estos últimos casos, dichas personas deberán actuar con la asistencia de un abogado inscripto en la matrícula, cuando plantearan cuestiones de índole jurídica.

Artículo 36

–El nombramiento de defensor puede tener lugar desde el momento en que el imputado tuviera conocimiento oficial de la causa en que se lo involucra, y podrá ser hecho incluso en forma verbal, dejándose constancia simple en las actuaciones. Si el imputado no designara defensor, se le intimará a designarlo dentro de las veinticuatro horas de notificado de la vista prevista en el Artículo 43, suspendiéndose, en este caso, el término fijado en dicho artículo, hasta tanto quede firme la designación de defensor.

Artículo 37

– Si el imputado no designara su defensor en el término fijado en el artículo anterior, el presidente del tribunal procederá sin más trámite a nombrarlo de oficio, sin perjuicio del derecho que tiene el imputado para designar, en cualquier momento y estado de la causa, otro defensor en reemplazo del nombrado de oficio.

TÍTULO IV PROCEDIMIENTO Artículos 38 a 94
CAPÍTULO I REGLAS GENERALES Artículos 38 a 42
Artículo 38

– El procedimiento ante el Tribunal Administrativo de la Navegación será verbal y actuado y se iniciará:

  1. Por sumario;

  2. De oficio;

  3. Por denuncia.

Artículo 39

– En todos los casos en que la Prefectura Naval Argentina tenga conocimiento de que se ha producido un hecho de los previstos en el Artículo 5 lo comunicará al tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes y procederá a instruir el sumario administrativo que establece la ley 18398 #, tendiente a reunir las pruebas que permitan apreciar cómo ocurrió el accidente, así como su gravedad y consecuencias. Los elementos probatorios reunidos en el sumario podrán ser aprovechados por el tribunal, sin perjuicio de las ampliaciones, aclaraciones o ratificaciones que considere necesario o conveniente practicar.

El presidente del tribunal, en conocimiento del hecho, podrá designar a uno o más de sus miembros para que se interioricen de las diligencias que se vayan realizando en el sumario administrativo que instruya la Prefectura Naval Argentina y requieran que el instructor, sin perjuicio de cumplir con su cometido, incluya pruebas de interés para el tribunal.

Artículo 40

– En los casos que el tribunal tenga conocimiento de que se ha producido un hecho de los previstos en el Artículo 5, sin que la Prefectura Naval Argentina haya tomado intervención, el presidente lo comunicará a dicha prefectura a los fines establecidos en el Artículo 39.

En cualquiera de los supuestos contemplados por el Artículo 39 y por el presente, concluido el sumario a que se hace referencia, las actuaciones serán elevadas al Tribunal Administrativo de la Navegación, el cual, previa vista al procurador fiscal, resolverá si procede o no ordenar la instrucción de la causa, de acuerdo con las previsiones del Artículo 3.

Los instructores deberán cumplir los requerimientos que formule el tribunal en el sentido de que le sea elevado sin más trámite, y en el estado en que se encuentre, el respectivo sumario administrativo.

Artículo 41

– En caso de denuncia, y si la misma fuera “prima facie”verosímil, se procederá conforme con lo previsto en el Artículo 39.

Artículo 42

– En los casos en que el tribunal resuelva que no procede ordenar la instrucción de causa, se archivarán las actuaciones realizadas, previas las comunicaciones a que hubiere lugar.

CAPÍTULO II INSTRUCCIÓN Artículos 43 a 55
Artículo 43

– Resuelta la instrucción de la causa por el tribunal, el presidente correrá vista de las actuaciones al procurador fiscal, a cada una de las partes imputadas y a los terceros legítimamente interesados, sucesivamente y en el orden que indique por el término de cuarenta y ocho horas. La vista se notificará por cualquiera de los medios previstos por la ley 19549 # y su reglamentación.

Artículo 44

– Las partes imputadas y los terceros legítimamente interesados serán notificados en los domicilios que tuvieren registrados ante la autoridad marítima, o en su defecto en los que se le conocieren. Si se ignorare el domicilio de las partes imputadas, serán citadas por edictos que se publicarán por dos días en dos diarios de la Capital Federal, de adecuada circulación.

Artículo 45

– Las partes que, debidamente notificadas o citadas por edictos, no comparecieran a tomar intervención en la causa en el plazo fijado, serán declaradas ausentes, siguiéndose los procedimientos según su estado, sin perjuicio del derecho que les corresponde para comparecer en cualquier estado de la instrucción, con la salvedad de que los procedimientos cumplidos hasta ese momento serán válidos a su respecto.

Artículo 46

– El presidente del tribunal designará un defensor a cada uno de los imputados ausentes, el que tomará la debida intervención en la causa. Desde el momento en que los ausentes comparecieren, podrán designar otro defensor en reemplazo del que hubiere actuado hasta entonces.

Artículo 47

–Cumplidas las vistas dispuestas por el Artículo 43, el presidente convocará al procurador fiscal, a los imputados y sus defensores y a los terceros legítimamente interesados a una audiencia preliminar en la cual podrán:

  1. Solicitar la apertura a prueba de la causa, ofreciendo simultáneamente aquellas que estimen procedentes y adjuntando la de carácter instrumental de que intenten valerse;

  2. Oponer las excepciones de incompetencia de jurisdicción o prescripción de la acción, únicas viables ante el Tribunal Administrativo de la Navegación; en caso de concurrir ambas excepciones, deberán ser opuestas simultáneamente;

  3. Solicitar autos para sentencia, cuando a su juicio no se requieran nuevos elementos probatorios o por ser la causa de puro derecho.

Los terceros legítimamente interesados deberán hacerse asistir por un letrado patrocinante y no serán notificados en lo sucesivo de ningún otro acto del procedimiento; su intervención en la causa se limitará a sugerir al tribunal la adopción de medidas tendientes al mejor esclarecimiento de los hechos investigados.

Artículo 48

– Dentro de las cuarenta y ocho horas de celebrada la audiencia preliminar, el tribunal se reunirá en acuerdo ordinario para pronunciarse sobre la admisibilidad de las excepciones opuestas, la apertura a prueba de la causa, la prueba ofrecida y lo demás peticionado por las partes.

El tribunal rechazará, mediante resolución fundada, las pruebas que estime improcedentes, superfluas o meramente dilatorias.

Artículo 49

– Si se plantearan excepciones, simultáneamente deberá ofrecerse la prueba correspondiente y acompañarse en el acto la de carácter instrumental. De todo ello se dará traslado al procurador fiscal, por el término de veinticuatro horas, a fin de que cumpla con los mismos requisitos.

Artículo 50

– Vencido el término fijado en el artículo anterior, el tribunal designará audiencia, dentro de los tres días siguientes, para que se produzcan las pruebas ofrecidas al plantearse las excepciones, si lo estimara necesario. En caso contrario, dictará resolución sin más trámite.

Artículo 51

– Producidas las pruebas, el tribunal dictará seguidamente resolución aceptando o rechazando las excepciones opuestas. En el primer caso, ordenará el archivo de la causa, previas las comunicaciones a que hubiere lugar.

Artículo 52

– Rechazadas las excepciones, si hubieran sido opuestas, y resuelta la apertura a prueba de la causa, el presidente del tribunal procederá a:

  1. Fijar audiencia para la producción de las pruebas;

  2. Designar los peritos que deban actuar o recabar informes de los agentes u oficinas técnicas de la administración nacional, o de terceros;

  3. Ordenar se practiquen las diligencias que sean necesarias para activar la producción

de las pruebas.

Artículo 53

– Cuando alguna diligencia de prueba deba efectuarse fuera de la Capital Federal, el presidente del tribunal podrá ordenar que sea practicada con intervención de cualquier oficina de la administración pública ubicada en el lugar en que deba realizarse. En ningún caso la declaración indagatoria podrá tomarse por exhorto.

Artículo 54

– Los funcionarios y agentes de la administración pública estarán obligados a dar curso de inmediato a los requerimientos que el presidente del tribunal les curse, a los fines indicados en el artículo anterior. Esos requerimientos serán acompañados con.

el testimonio de las piezas pertinentes que obraren en la causa y con las indicaciones o circunstancias que el tribunal juzgare pertinente.

Artículo 55

– A la audiencia de prueba concurrirán el procurador fiscal, los imputados y sus defensores, los peritos designados y los testigos. Podrán también concurrir los terceros legítimamente interesados. En el curso de la audiencia serán producidas todas las pruebas ofrecidas y aceptadas por el tribunal. El presidente del tribunal podrá, cuando las circunstancias lo aconsejaren, ordenar que parte de la prueba sea producida en una audiencia y diferir para otra u otras sesiones, según la complejidad de la causa, la producción de las pruebas que exija un tiempo más prolongado o no puedan rendirse en una sola sesión.

CAPÍTULO III DECLARACIÓN INDAGATORIA Artículos 56 a 58
Artículo 56

–Cuando haya motivo bastante para sospechar que una persona pueda ser responsable de la comisión de un hecho que caiga bajo la jurisdicción del tribunal, el presidente ordenará, directamente o a requerimiento del procurador fiscal, que preste declaración indagatoria en la audiencia de prueba. Si por cualquier causa no pudiese lograrse su concurrencia, se tendrá como válida la declaración indagatoria prestada en el sumario instruido por la Prefectura Naval Argentina. Si el imputado no hubiese prestado declaración ante la Prefectura y se sustrajera a la jurisdicción del tribunal, se prescindirá de tal declaración. En este supuesto, no resultará procedente el recurso que prevé el Artículo 88, inc. a).

Artículo 57

– Serán aplicables supletoriamente a las declaraciones indagatorias, en cuanto resultaren compatibles con el procedimiento instituido por esta ley, las disposiciones contenidas en los arts. 238 a 240, 242 a 246 y 248 a 253 del Código de Procedimientos en Materia Penal de la Capital Federal #.

Artículo 58

– El imputado será interrogado por el procurador fiscal. Concluido el interrogatorio, cualquiera de los miembros del tribunal, por intermedio del presidente, podrá formular las preguntas que considere convenientes, con arreglo a las normas indicadas en el Artículo 57.

CAPÍTULO IV DECLARACIÓN TESTIMONIAL Artículos 59 a 62
Artículo 59

– En la audiencia de prueba, el tribunal procederá a recibir declaración testimonial a todas las personas que hayan sido ofrecidas por las partes como testigos y aceptadas por el tribunal como tales, y para mejor proveer, a las demás que aquél considere que tienen conocimiento de los hechos.

Artículo 60

– Respecto de los testigos que habiendo sido ofrecidos no fueron examinados, se dejará constancia en la causa, de los motivos por los cuales el tribunal resolvió no interrogarlos.

Artículo 61

–La parte que ofrezca prueba testimonial deberá expresar los hechos sobre los que versará el interrogatorio. Se fijará día y hora para la audiencia de los testigos y una supletoria para el caso de que no concurran a la primera; ambas audiencias serán notificadas conjuntamente, pero quien proponga a los testigos tendrá a su cargo asegurar su asistencia. La ausencia del testigo a ambas audiencias hará perder al proponente el testimonio de que se trate, pero la ausencia del proponente no obstará al interrogatorio de los testigos presentes.

El presidente del tribunal, cuando lo considerase necesario, estará facultado para requerir que el testigo sea conducido por la fuerza pública, en caso de ausencia injustificada a las audiencias que se señalen.

Si el testigo no residiere en el lugar del asiento del tribunal y la parte que lo proponga aclarase que no tomará a su cargo la comparecencia, el presidente del tribunal podrá ordenar su interrogatorio en el lugar más próximo a su residencia, encomendando la realización de esta diligencia a alguna oficina pública.

Artículo 62

– Serán aplicables supletoriamente a las declaraciones testimoniales, en cuanto resultaren compatibles con el procedimiento instituido por esta ley, las disposiciones contenidas en los arts. 426 a 429, 436, primera parte, 440, 441, 443 a 446, 450 a 452, 457, 458 y 491 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación#.

CAPÍTULO V PERITOS Artículos 63 a 65
Artículo 63

– Siempre que para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia vinculada a la causa, el tribunal juzgare necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria, podrá ordenar el examen pericial, designando para ello a uno o más peritos; con el mismo objeto podrá recabar informes de los agentes y oficinas públicas de la administración o de terceros.

Las partes imputadas y los terceros legítimamente interesados podrán proponer la designación de peritos a su costa y el cuestionario sobre el que deban expedirse. El cuestionario podrá ser ampliado o modificado por el tribunal, y éste podrá incluir en la comisión pericial a otros peritos.

Artículo 64

–Serán aplicables supletoriamente a la prueba pericial, en cuanto resultaren compatibles con el procedimiento instituido por esta ley, las disposiciones de los arts.

464 a 466, 469, párr. 1, 471, 472, 474 y 476 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación#.

Artículo 65

– La designación de los peritos les será notificada con la suficiente anticipación, como para permitirles presentar su informe en la audiencia de prueba.

CAPÍTULO VI PRUEBA DE INFORMES Artículos 66 y 67
Artículo 66

– El tribunal podrá solicitar, a pedido de parte o por propia decisión, para mejor proveer, a las oficinas públicas, escribanos con registro, y entidades o personas privadas, los informes que considere oportuno.

Artículo 67

– El plazo máximo para contestar informes será de veinte días pudiendo, si existieren razones atendibles, ampliarse razonablemente este plazo, a pedido de la parte que ofreciere esta prueba o de quien deba producir el informe, o bien de oficio si el tribunal lo considerare imprescindible.

Si no se contestaren los informes requeridos dentro del plazo indicado en el párrafo anterior o de la ampliación acordada según el mismo, el tribunal podrá prescindir de esta prueba.

Serán aplicables a esta prueba las disposiciones de los arts. 396, 397, 398, párr. 1, 399, 402 y 403 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación#.

CAPÍTULO VII DISPOSICIONES COMUNES A TODAS LAS PRUEBAS Artículos 68 y 69
Artículo 68

– El procurador fiscal efectuará la presentación de las pruebas que hagan a la acusación, haciendo comparecer a los testigos, peritos y demás personas, y acompañando los elementos, documentos y demás constancias. Igual procedimiento cumplirá el defensor, en relación con las pruebas que hagan a la defensa, una vez concluida la prueba de acusación.

Cuando para proceder al interrogatorio de un imputado o de un testigo será necesario contar con un intérprete, la parte imputada o la que proponga al testigo tendrá a su cargo la presentación de un intérprete del respectivo idioma en la audiencia señalada.

Artículo 69

– El procurador fiscal y los defensores podrán efectuar las preguntas y repreguntas que fueren pertinentes a los testigos, peritos y demás personas que depusieren en la audiencia de prueba. Los miembros del tribunal, por intermedio del presidente, podrán solicitar las aclaraciones que estimen oportunas.

CAPÍTULO VIII SITUACIÓN DE LOS IMPUTADOS, TERCEROS LEGÍTIMAMENTE INTERESADOS. Artículos 70 a 73
Artículo 70

– Las personas que sean parte imputada en una causa ante el Tribunal Administrativo de la Navegación, permanecerán en libertad, mientras se sustancie el procedimiento, pero con la obligación de concurrir a todos los actos del mismo.

Artículo 71

–El presidente del tribunal podrá solicitar la detención de los imputados que, sin justa causa, no concurrieren a los actos del procedimiento; dicha medida será de aplicación en la medida necesaria para asegurar su comparecencia.

Artículo 72

– Toda persona que crea tener derecho a ser tenida como tercero legítimamente interesado en una causa ante el Tribunal Administrativo de la Navegación, podrá requerir se le otorgue ese carácter, aduciendo los fundamentos y acompañando las pruebas de su derecho. El tribunal resolverá la petición sin otro trámite.

Artículo 73

– Todos los procedimientos cumplidos hasta el momento en que se tenga a un peticionante como tercero legítimamente interesado serán válidos a su respecto, excepto el caso que aquél demostrara indubitablemente que fue mantenido al margen de la causa por la acción dolosa de un tercero.

CAPÍTULO IX DELIBERACIÓN Y SENTENCIA Artículos 74 a 85
Artículo 74

– Concluida la audiencia de prueba, y no quedando medidas probatorias pendientes de producción, lo que certificará el secretario, el presidente dispondrá que se notifique a las partes, mediante telegrama colacionado, que el expediente de la causa se halla a su disposición en la secretaría por el término de cuatro días, para la preparación de los alegatos.

Artículo 75

–Vencido el plazo fijado en el artículo anterior que será individual para cada parte, los autos se pasarán al procurador fiscal, por el término de cuatro días, para la preparación de su requisitoria.

Artículo 76

– Devuelto el expediente a secretaría, el presidente del tribunal fijará una audiencia a la que concurrirán los imputados, sus defensores y el procurador fiscal.

En el curso de dicha audiencia, el procurador fiscal pronunciará su requisitoria de acusación, y los defensores sus alegatos de defensa. Concluidos éstos, el presidente requerirá a cada imputado para que manifieste lo que crea del caso para su descargo, dejándose constancia de lo que expresaren. Concluida esta diligencia, se clausurará la audiencia.

Artículo 77

– Al día siguiente de celebrada la audiencia prevista en el artículo anterior, el presidente del tribunal pondrá la causa a estudio de los miembros del mismo, por el plazo común de quince días.

Artículo 78

– Vencido el término del artículo anterior, el tribunal se reunirá a deliberar y los vocales emitirán su opinión fundada, en el orden que indique el presidente, quien opinará siempre en último término.

Artículo 79

– A continuación, se procederá a la discusión de la causa, tomando la palabra los miembros del tribunal en el orden en que la solicitaren, actuando el presidente como director del debate.

Artículo 80

– Concluida la discusión, se procederá a la votación, emitiendo cada vocal su voto con sus fundamentos, en el orden que fije el presidente, quien siempre votará en último término.

Artículo 81

–Los votos deberán contener, necesariamente:

  1. La determinación de los hechos probados;

  2. La determinación de las responsabilidades emergentes de los mismos;

  3. La determinación de la norma aplicable;

  4. Las sanciones que deben imponerse, debidamente graduadas.

Artículo 82

– Las decisiones del tribunal serán tomadas por simple mayoría de votos y serán fundadas en cuanto a los hechos y al derecho, dejándose constancia de las disidencias, si las hubiere, y de sus fundamentos.

Artículo 83

– De todo lo actuado durante la deliberación, discusión, votación y decisión de las causas, se dejará constancia circunstanciada en acta que labrará el secretario, y que será firmada por todos los integrantes del mismo.

Artículo 84

–La sentencia del tribunal será redactada por el vocal auditor, conforme con las constancias consignadas al adoptarse la decisión de la causa, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 82.

Artículo 85

– La sentencia será notificada a los imputados, a sus defensores y al procurador fiscal, mediante nota en el expediente de la causa, extendida ante el secretario. Las partes interesadas, imputados y defensores serán citados, a tal fin, por telegrama colacionado, para que comparezcan dentro de quinto día. Vencido este.

término sin que hayan concurrido, y certificada esta circunstancia por el secretario, se los tendrá por notificados. El procurador fiscal será notificado en su despacho.

CAPÍTULO X DE LOS RECURSOS Artículos 86 a 92
Artículo 86

– Contra las sentencias definitivas del Tribunal Administrativo de la Navegación procederá el recurso de infracción de ley, en los casos en que en la sentencia se hayan quebrantado las normas aplicables, o cuando no se hayan observado las formas procesales.

Artículo 87

–En el primer caso, el recurso deberá fundarse:

  1. En la errónea determinación de la norma aplicada;

  2. En la no aplicación de la sanción correspondiente, o en la errónea o indebida aplicación de la misma.

Artículo 88

–En el segundo caso, el recurso deberá fundarse:

  1. En que no se tomó declaración indagatoria al imputado, ni se oyó su defensa;

  2. En que se han omitido diligencias de prueba, que fueron ofrecidas y aceptadas como pertinentes por el tribunal;

  3. En que se ha coartado la producción de pruebas aceptadas como pertinentes por el tribunal;

  4. En la ilegal constitución del tribunal, en el momento de dictar sentencia.

Artículo 89

– El recurso de infracción de ley se deducirá por escrito ante el Tribunal Administrativo de la Navegación dentro de los cinco días de notificada la sentencia, y deberá ser fundado.

Artículo 90

– Deducido el recurso, y siendo el mismo procedente, el tribunal elevará el expediente de la causa a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo.

Artículo 91

–El recurso de infracción de ley se tramitará con arreglo a lo previsto en los arts. 242 a 253 y 259 a 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación#, en cuanto no fueren modificados por la presente ley.

Artículo 92

– El recurso de infracción de ley podrá ser deducido por el imputado, por su defensor o por el procurador fiscal.

CAPÍTULO XI PUBLICACIÓN Y EFECTOS DE LAS SENTENCIAS Artículos 93 y 94
Artículo 93

– Las sentencias del Tribunal Administrativo de la Navegación serán publicadas en un Boletín especial que será creado al efecto, bajo la dependencia de la secretaría del tribunal.

Artículo 94

–Las sentencias definitivas del Tribunal Administrativo de la Navegación, en cuanto no fueren susceptibles de recurso alguno, tendrán autoridad de cosa juzgada administrativa, y no podrán ser impugnadas por ningún tipo de recurso administrativo.

LEY F–0805

(Antes Ley 18870)