Otra ley para consagrar la impunidad

 
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El Poder Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso un proyecto de reforma al Código Procesal Penal que oculta el propósito de garantizarles impunidad a los funcionarios gubernamentales que sean acusados de corrupción.

La iniciativa, que sorprendentemente surgió sin que se hubiera designado previamente a un grupo de expertos para su elaboración, aparenta tener un aspecto positivo, al propiciar el abandono de la actual reunión en la persona del juez de la doble función de investigar y juzgar. El sistema acusatorio, que se propone ahora, busca desplazar de los jueces a los fiscales la tarea de investigar, si bien ya muchos magistrados desde hace mucho tiempo delegan en éstos esa misión.

Sin embargo, para que el desdoblamiento de esas funciones sea eficaz la independencia del Ministerio Público Fiscal debe estar garantizada de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de nuestra Constitución, luego de su reforma de 1994. En efecto, esta cláusula expresa que éste es un "órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera", que tiene por función "promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad".

La presente situación de este órgano extrapoder que es el Ministerio Público no podría ser más opuesta a lo que la Constitución prescribe. Su titular, Alejandra Gils Carbó, es parte de Justicia Legítima, organización de jueces y fiscales que se declaran militantes del proyecto nacional encabezado por Cristina Fernández de Kirchner y actúan como tales.

Por este solo hecho debería ser removida de su cargo, por cuanto incumple las condiciones elementales de equilibrio, ecuanimidad e independencia que exige la ley a quienes desempeñan esa función. Se trata, no obstante, de un mero detalle frente al atropello a sus deberes que comete a diario esta supuesta "defensora de la legalidad". Como si fuese una encubridora general, más que una procuradora general, se viene destacando por velar para que no se investiguen los graves hechos de corrupción que atraviesan los once años de administración de los Kirchner. Como mero ejemplo, cabe recordar que ha impedido que los fiscales se ocupen de la "ruta del dinero K", que obligaría a que se investigue al empresario del poder Lázaro Báez. Esto, lejos de haber sucedido, importó el inicio de un juicio contra el fiscal José María Campagnoli por no haber obedecido las órdenes de Gils Carbó, acompañado de su suspensión y de la disminución de su...

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