Ley de blanqueo: más de 600 operaciones dudosas

En público, el Gobierno rechazó las críticas internacionales y negó que la ley de blanqueo de capitales que impulsó a principios de 2009 le abriera las puertas del país al lavado. Pero en privado ordenó elevar los controles para calmar a esos mismos observadores y reducir los riesgos y los eventuales reproches.La presión, dos años después, se plasmó en cerca de 600 reportes de operaciones sospechosas (ROS) llegadas desde bancos y otros actores del sistema financiero local, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos oficiales y fuentes al tanto de lo ocurrido.La primera tanda de esos reportes pasó ya por la Unidad de Información Financiera (UIF), que tras más de un año de revisión y análisis la giró a la Unidad Fiscal de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Ufilavdin) que lidera el fiscal general Raúl Pleé, aunque ninguna de esas operaciones ya giradas a la Justicia encendió una alarma.Hasta ahora los reportes enviados a Tribunales se reducen a menos de una docena, según indicaron fuentes judiciales a LA NACION. Todos ellos, además, se remitirán al fuero penal tributario, ante la sospecha de que los fondos blanqueados no serían fruto de actividades de lavado.Ex funcionarios de la UIF detallaron, por su parte, que los primeros ROS llegaron a la unidad semanas después de cerrada la ventana para blanquear capitales. Esos reportes incluyeron algunos nombres "sensibles", según indicaron a LA NACION, aunque ninguno de ellos tampoco llegó aún a la Justicia.La propia UIF aportó, en tanto, los primeros datos sobre el saldo bajo sospecha de la ley de blanqueo y moratoria al responder una consulta formal del bloque de senadores radicales, liderados por Gerardo Morales, realizada en junio de 2010.Los senadores consultaron "qué recaudos adoptó o está adoptando la UIF" para garantizar que los $ 18.113 millones -unos US$ 5000 millones al tipo de cambio entonces vigente- que llegaron al país no provenían "de delitos serios, como el narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, corrupción" y otros.El presidente de la unidad antilavado, José Sbattella, se negó a aportarle datos a los senadores que pudieran vulnerar la confidencialidad dispuesta por ley. Pero les detalló que "al 12 de julio del corriente [por 2010], la Unidad ha recibido un total de 586 reportes de operación sospechosa", según consta en la copia de la nota 790/2010 que obtuvo LA NACION. Todos los reportes, aseveró, estaban bajo "exhaustivo tratamiento".Cónclave en MiamiLa...