LEY ADM-1853. Convenios colectivos para trabajadores del estado (Antes Ley 24185)
| Fecha de Última Modificación | 31/03/2013 |
| Rama | Administrativo |
| Rango de Ley | Ley |
| Fecha de Publicación | 21 de Diciembre de 1992 |
| Fecha de Sanción | 11 de Noviembre de 1992 |
| Fecha de Promulgación | 16 de Diciembre de 1992 |
Las negociaciones colectivas que se celebren entre la Administración Pública Nacional y sus empleados, estarán regidas por las disposiciones de la presente Ley.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir al sistema de negociación que aquí se establece, de conformidad con las reglamentaciones que dicten sus órganos competentes.
Quedan excluidos de la aplicación de la presente normativa:
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El Presidente y Vicepresidente de la Nación, y el Procurador General de la Nación;
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El Fiscal General de Investigaciones Administrativas y los Fiscales Adjuntos;
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Los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo de la Nación, el Procurador del Tesoro de la Nación, funcionarios superiores y asesores de gabinete;
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Las personas que, por disposición legal o reglamentaria emanadas de los poderes del gobierno, ejerzan funciones asimilables o de jerarquía equivalente a los cargos mencionados;
e)El personal militar y de seguridad de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional , Prefectura Naval , Policía Federal , Servicio Penitenciario Federal u Organismos asimilables;
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El personal diplomático comprendido en la Ley de Servicio Exterior, que reviste en jerarquías superiores que requieran acuerdo del Senado;
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El Clero Oficial;
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Las autoridades y funcionarios directivos o superiores de entes estatales u organismos descentralizados nacionales;
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El personal que requiera un régimen particular por las especiales características de sus actividades cuando así lo resolviere el Poder Ejecutivo nacional mediante resolución fundada;
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Los sectores de la Administración Pública nacional que a la fecha de la sanción de esta Ley se encuentren incorporados al régimen de las convenciones colectivas de trabajo, a no ser que por acuerdo de las partes se optara por el sistema que aquí se establece.
La representación de los empleados públicos será ejercida por las asociaciones sindicales, uniones o federaciones con personería gremial y ámbito de actuación nacional de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6°.
Cuando no hubiera acuerdo entre las asociaciones sindicales con derecho a negociar respecto de la conformación de la voluntad del sector trabajador en la comisión negociadora, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social procederá a definir de conformidad con la reglamentación, el porcentaje de votos que le corresponda a cada parte. A tal fin tomará en cuenta la cantidad de afiliados cotizantes que posea cada asociación en el sector que corresponda.
La representación del Estado será ejercida por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas y el Subsecretario de Gestión y Empleo Público o sus respectivos representantes con jerarquía no inferior a Subsecretario,
quienes serán responsables de conducir las negociaciones con carácter general. En el caso de establecerse negociaciones con alcance sectorial, la representación se integrará además con los Ministros o titulares de la respectiva rama de la Administración Pública nacional. Podrá, además, disponerse la designación de otros funcionarios o asesores expertos en materia laboral, a efectos de integrar la representación estatal y colaborar en las negociaciones.
La negociación colectiva podrá realizarse dentro de un ámbito general o sectorial. Las partes articularán la negociación en los distintos niveles.
Para cada negociación, general o sectorial, se integrará una comisión negociadora, en la que serán parte: los representantes del Estado empleador y de los empleados públicos que será coordinada por la autoridad administrativa del trabajo.
En el caso de negociaciones en el ámbito sectorial, intervendrán conjuntamente las asociaciones con personería gremial que correspondan a dichos ámbitos y aquellas que en el orden nacional incluyan a este sector en su ámbito de actuación.
Los representantes del Estado empleador o de los empleados públicos podrán proponer a la otra parte la formación de una comisión negociadora indicando por escrito las razones que justifiquen el pedido y las materias objeto de la negociación. El pedido deberá ser notificado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , el cual, mediante el dictado del acto respectivo, constituirá la comisión negociadora.
La negociación colectiva regulada por la presente Ley será comprensiva de todas las cuestiones laborales que integran la relación de empleo, tanto las de contenido salarial como las demás condiciones de trabajo, a excepción de las siguientes:
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La estructura orgánica de la Administración Pública nacional;
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Las facultades de dirección del Estado;
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El principio de idoneidad como base del ingreso y de la promoción en la carrera administrativa.
Las tratativas salariales o aquéllas referidas a las condiciones económicas de la prestación laboral, deberán sujetarse a lo normado por la ley de presupuesto y a las pautas que determinaron su confección.
Las partes estarán obligadas a negociar de buena fe. Este principio comporta para las partes los siguientes derechos y obligaciones:
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La concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas en debida forma;
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La realización de las reuniones que sean necesarias, en los lugares y
con la frecuencia y periodicidad que sean adecuadas;
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La designación de negociadores con idoneidad y representatividad suficientes para la discusión del tema que se trata;
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El intercambio de la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate;
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La realización de los esfuerzos conducentes a lograr acuerdos que tengan en cuenta las diversas circunstancias del caso.
Sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la legislación vigente, entre el incumplimiento de estas obligaciones por alguna de las partes, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social podrá dar a conocimiento público la situación planteada a través de los medios de difusión adecuados a tal fin.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad administrativa de aplicación de la presente Ley, y en ejercicio de sus funciones estará facultado para disponer la celebración de las audiencias que considere necesarias para lograr un acuerdo. Cuando no logre avenir a las partes, podrá proponer una fórmula conciliatoria; a tal fin estará autorizado para.
realizar estudios, recabar asesoramiento y, en general, requerir toda la información necesaria a efectos de posibilitar el más amplio conocimiento de la cuestión de que se trate.
El acuerdo que se suscriba constará en un acta que deberá contener:
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Lugar y fecha de su celebración;
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Individualización de las partes y sus representantes;
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El ámbito personal de la aplicación, con mención clara del agrupamiento, sector o categoría del personal comprendido;
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La jurisdicción y el ámbito territorial de aplicación;
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El período de vigencia;
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Toda mención conducente a determinar con claridad los alcances del acuerdo.
Vencido el término de vigencia de una convención colectiva, se mantendrán subsistentes las condiciones de trabajo resultantes de la misma, al igual que las normas relativas a contribuciones y demás obligaciones asumidas por el Estado empleador. Todo ello hasta que entre en vigencia un nuevo acuerdo, siempre que en el anterior no se haya convenido lo contrario.
Las cláusulas de los acuerdos por las que se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a favor de las asociaciones de trabajadores participantes en la negociación, podrán tener validez tanto para los afiliados como para los no afiliados, según se haya pactado, debiendo cumplirse con lo establecido por el artículo 33 de la Ley 23551.
En el ámbito de la Administración Pública nacional sujeto al régimen de la presente Ley, el acuerdo deberá ser remitido para su instrumentación por el Poder Ejecutivo mediante el acto administrativo correspondiente.
El acto administrativo de instrumentación deberá ser dictado dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de la suscripción del acuerdo.
Instrumentado el acuerdo por la autoridad que corresponda, o vencido el plazo sin que medie acto expreso, el texto completo de aquél será remitido dentro de los cinco (5) días al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , para su registro y publicación dentro de los diez (10) días de recibido.
El acuerdo regirá formalmente a partir del día siguiente al de su publicación, y se aplicará a todos los empleados, organismos y entes comprendidos.
En caso de desacuerdo en el desarrollo de las negociaciones, o que se suscitare un conflicto ocasionado por cuestiones que puedan ser materia de ellas, cualesquiera de las partes deberá comunicarlo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , para formalizar los trámites de la instancia obligatoria de conciliación.
El Ministerio podrá también intervenir de oficio si lo considerara oportuno, en atención a la naturaleza del conflicto, siendo de aplicación lo dispuesto por la Ley 14786 .
Las asociaciones sindicales, los representantes del Estado empleador y la autoridad administrativa del trabajo podrán proponer un listado de personas que actuarán como mediadores, quienes serán de reconocida versación en materia de relaciones laborales en el sector estatal, y con práctica en la negociación colectiva.
Las partes de común acuerdo, seleccionarán del listado propuesto, quién o quiénes actuarán en la mediación, no pudiendo designar otra persona que las que integren dicho listado, salvo acuerdo expreso y unánime.
En caso de falta de acuerdo sobre la designación del mediador, y siempre que las partes quieran continuar con este procedimiento, la autoridad administrativa del trabajo designará al mediador.
Al comienzo de las negociaciones las partes procurarán acordar mecanismos de autorregulación del conflicto tales como:
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Suspensión temporaria de la aplicación de las medidas que originan el conflicto;
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Abstención o limitación de las medidas de acción directa que pudieran afectar la prestación de servicios públicos esenciales durante los períodos críticos;
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Establecimiento de servicios mínimos cuya prestación deba ser garantizada durante la realización de medidas de acción directa, notificando a la autoridad de aplicación con cinco (5) días de anticipación las guardias mínimas.
La aplicación de estos sistemas no excluye la vigencia de las disposiciones legales que rigen la materia.
Los regímenes convencionales que se establezcan como consecuencia de esta Ley se regirán por criterios de interpretación e integración de normas generales que rijan la materia, no resultando de automática aplicación las disposiciones de la Ley 20744 .
Los preceptos de esta Ley se interpretarán de conformidad con el convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo sobre fomento de la negociación colectiva, ratificado por la Ley 23544 .
