Ley de abastecimiento: el regreso de una polémica norma que nunca fue efectiva contra los precios

Roberto Feletti

Cada tanto, pero lamentablemente cada vez más seguido, la política argentina le quita el polvo a una de las normas más polémicas que existe en materia de administración de comercio: la ley de abastecimiento. Esta vez, la llegada de Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio Interior volvió a poner sobre la mesa el articulado de aquel digesto que gran parte de la jurisprudencia considera inconstitucional.

Nadie duda, actualmente, de la vigencia de una ley que se aprobó en el Poder Legislativo en 2014. Pero claro, como se construyó sobre los andamios de otra que fue atacada judicialmente durante años por comprometer derechos constitucionales, no son pocos los que opinan que la actual legislación también adolece de los mismos vicios que aquella. Por ahora, se la blande como amenaza, pero de aplicarse sobre alguna empresa, es muy probable que se generen fuertes disputas en los Tribunales para cuestionar los alcances del sistema.

Por ahora, la única medida para controlar la inflación es el sistema de Precios Cuidados

El camino normativo empezó en 1974. Poco antes de la muerte del entonces presidente Juan Perón y con el nombre de "ley de abastecimiento y represión del agro" el Congreso sancionó la ley 24.680. En su redacción original se establecía, en el artículo 12, "que los funcionarios podrán allanar comercios o empresas y requerir el apoyo policial si fuera necesario; secuestrar documentación; intervenir la mercadería en infracción; clausurar establecimientos, y citar a los ejecutivos de una empresa ".

Pero, sin dudas, el punto más controversial era el que le entregaba al Gobierno la facultad de pedir a un juez la "detención preventiva de los presuntos responsables por el término de hasta 48 horas, cuando sea necesario para el esclarecimiento de la infracción" , así como fijar precios máximos o márgenes de utilidad. En 2014, la nueva ley eliminó algunas de las disposiciones más controversiales como las penas privativas de la libertad, al mismo tiempo incorporó un régimen con importantes herramientas con las que el Gobierno podría intervenir con fuerza en la economía y en el comercio. A esto se le suman facultades para restringir el derecho de propiedad y a la autonomía contractual de los privados.

Fueron décadas de controversia, aunque la discusión sobre la vigencia o no empezó años después. En 1991, cuando se promulgó el decreto de desregulación económica, después ratificado por el Congreso, se dispuso la derogación de esta...