Ley 27512

 
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El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

LEY GENERAL DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS APÁTRIDAS

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°— La protección de las personas apátridas se regirá por las disposiciones del derecho internacional, particularmente de los derechos humanos, aplicables en la República Argentina, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, así como cualquier otro instrumento internacional sobre apátridas que se ratifique en lo sucesivo y por lo que dispone la presente ley. Debido a su carácter de normativa especial, ésta prevalece sobre la normativa legal vigente aplicable a los extranjeros en general, salvo respecto a aquella que sea más favorable a la persona apátrida.

Artículo 2°— Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a toda persona solicitante de la condición de apátrida, o apátrida que se encuentre bajo jurisdicción de las autoridades argentinas, y siempre que no esté comprendida por las disposiciones de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado 26.165 y su reglamentación.

A efectos de la presente ley, se entenderá por “jurisdicción” el territorio nacional, sus fronteras, mar territorial, espacio aéreo o aguas interiores.

Artículo 3°— El propósito de esta ley es asegurar a las personas apátridas y solicitantes del reconocimiento de tal condición, el disfrute más amplio posible de sus derechos humanos y regular la determinación del estatuto, protección, asistencia y otorgamiento de facilidades para la naturalización de las personas apátridas que no sean refugiadas.

TÍTULO II

De la condición de apátrida

Capítulo I

Definición. Ámbito de aplicación.

Artículo 4°— A los efectos de la presente ley, se entiende por “apátrida” a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme su legislación.

Artículo 5°— No se aplicará la presente ley:

1. A las personas que reciben actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, mientras estén recibiendo tal protección o asistencia.

2. A quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país.

Artículo 6°— No se concederá el estatuto de apátrida a las personas respecto de las cuales haya razones fundadas para considerar:

a) Que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, definido en los instrumentos internacionales referentes a dichos delitos;

b) Que han cometido un delito grave de índole no política fuera del país de su residencia, antes de su admisión en dicho país;

c) Que son culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Capítulo II

Interpretación de la ley

Artículo 7° — Esta ley será interpretada desde una perspectiva sensible al género, a la edad, y a la diversidad, y en el sentido que más favorezca a la persona apátrida.

No podrá interpretarse la ley para limitar o excluir a las personas apátridas del goce y ejercicio de cualquier otro derecho reconocido en los tratados internacionales sobre derechos humanos en los que el Estado es parte, la Constitución Nacional o las leyes.

Las cláusulas de exclusión, cesación, revocación y cancelación previstas en esta ley serán interpretadas de manera restrictiva, no pudiendo establecerse otras por analogía.

Artículo 8°— La normativa sobre ingreso, admisión, permanencia y egreso del territorio nacional de personas extranjeras, así como la relativa a su documentación y naturalización o, en general, aquella sobre procedimientos administrativos, serán de aplicación directa si establecieran condiciones más favorables para la persona apátrida.

Capítulo III

Principios aplicables

Artículo 9°— No discriminación. Las autoridades garantizarán el libre y pleno ejercicio de todos los derechos reconocidos en esta ley a cualquier persona apátrida que se encuentre sujeta a la jurisdicción del país, sin discriminación alguna por motivos de etnia, color, sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de género, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional, social o étnico, situación económica, nacimiento, condición migratoria o cualquier otra condición social.

Artículo 10.— No sanción por ingreso o permanencia irregular. No se impondrá a la persona apátrida ni a la solicitante del reconocimiento de tal condición sanciones penales, o administrativas por causa de su entrada o presencia migratoria irregular, siempre que se presente sin demora a las autoridades y alegue causa justificada de su entrada o presencia migratoria irregular.

Si como resultado del análisis de la solicitud el solicitante de la condición de apátrida fuera reconocido como tal, se dejará sin efecto toda medida judicial o administrativa que se hubiera dictado motivada en su ingreso o presencia migratoria irregular.

Artículo 11.— No expulsión. La persona apátrida o solicitante del reconocimiento de tal condición no será expulsada del país, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público. En tal caso, la expulsión únicamente se efectuará en virtud de una decisión tomada conforme los procedimientos legales vigentes, ser razonable y proporcionada, asegurando un balance adecuado entre las consecuencias de la medida y el interés de la sociedad.

Toda medida de expulsión será resuelta por la Dirección Nacional de Migraciones o el organismo que lo reemplace en el futuro, conforme lo establecido en la ley 25.871 y su reglamentación respetando las garantías del debido proceso, y previa consulta con la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE).

Salvo razones imperiosas de seguridad nacional, se permitirá a la persona apátrida presentar pruebas en su descargo, interponer recursos y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente.

Si procediere la expulsión, se concederá al apátrida un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país, sin detrimento que puedan aplicarse durante ese tiempo las medidas legales que se estimen necesarias. La Dirección Nacional de Migraciones o el organismo que lo reemplace en el futuro, o a su requerimiento la CONARE, podrá solicitar por la vía que corresponda, la admisión de aquél a un país determinado. Con ese fin, también podrá solicitar al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados —ACNUR— su intervención con el propósito de facilitar la identificación de un país.

Artículo 12.— Unidad familiar. Reunificación. Se preservará la unidad familiar de la persona apátrida y del solicitante de tal condición con su cónyuge o persona con la cual se halle ligado en razón de afectividad y de convivencia, sus descendientes, ascendientes, y hermanos que...

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