LEY O-2348. Aprobacion de la convencion interamericana sobre (Antes Ley 25179)

Fecha de Última Modificación:31/03/2013
Rama:Internacional Publico
Rango de Ley:Ley
Fecha de Publicación:26 de Octubre de 1999
Fecha de Sanción:22 de Septiembre de 1999
Fecha de Promulgación:20 de Octubre de 1999
 
CONTENIDO
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRÁFICO INTERNACIONAL DE
MENORES
CAPITULO PRIMERO NORMAS GENERALES
ARTICULO 1:
El objeto de la presente Convención, con miras a la protección de los derechos
fundamentales y el interés superior del menor, es la prevención y sanción del
tráfico internacional de menores, así como la regulación de los aspectos civiles
y penales del mismo.
En tal sentido, los Estados parte de esta Convención se obligan a:
a) asegurar la protección del menor en consideración de su interés superior;
b) instaurar un sistema de cooperación jurídica entre los Estados Parte que
consagre la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así
como adoptar las disposiciones legales y administrativas en la materia con ese
propósito; y
c) asegurar la pronta restitución del menor víctima del tráfico internacional al
Estado de su residencia habitual, teniendo en cuenta el interés superior del
menor.
ARTICULO 2:
Esta Convención se aplicará a cualquier menor que se encuentre o resida
habitualmente en un Estado Parte al tiempo de la comisión de un acto de
tráfico internacional contra dicho menor.
Para los efectos de la presente Convención:
a) "menor" significa todo ser humano cuya edad sea inferior a dieciocho años.
b) "Tráfico internacional de menores" significa la substracción, el traslado o la
retención, o la tentativa de substracción, traslado o retención, de un menor con
propósitos o medios ilícitos.
c) "propósitos ilícitos" incluyen, entre otros, prostitución, explotación sexual,
servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya sea en el Estado de residencia
habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se halle localizado.
d) "Medios ilícitos" incluyen, entre otros, secuestro, consentimiento fraudulento
o forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de
lograr el consentimiento de los padres, las personas o la institución a cuyo
cargo se halla el menor, o cualquier otro medio ilícito ya sea en el Estado de
residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se
encuentre.
ARTICULO 3:
Esta Convención abarcará, asimismo, los aspectos civiles de la sustracción, el
traslado y la retención ilícitos de los menores en el ámbito internacional no
previstos por otras convenciones internacionales sobre la materia.
ARTICULO 4:
Los Estados Parte, en la medida de lo posible, cooperarán con los Estados no
Parte en la prevención y sanción del tráfico internacional de menores y en la
protección y cuidado de los menores víctimas del hecho ilícito.
En tal sentido, las autoridades competentes de los Estados Parte deberán
notificar a las autoridades competentes de un Estado no Parte, en aquellos
casos en que se encuentre en su territorio a un menor que ha sido víctima del
tráfico internacional de menores en un Estado Parte.
ARTICULO 5:
A los efectos de la presente Convención, cada Estado Parte designará una
Autoridad Central y comunicará dicha designación a la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos.
Un Estado Federal, o un Estado en el que están en vigor diversos sistemas
jurídicos, o un Estado con unidades territoriales autónomas, puede designar
más de una Autoridad Central y especificar la extensión jurídica o territorial de
sus funciones.
El Estado que haga uso de esta facultad designará la Autoridad Central a la
que puede dirigirse toda comunicación.
En caso de que un Estado Parte designara más de una Autoridad Central hará
la comunicación pertinente a la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos.
ARTICULO 6:
Los Estados Parte velarán por el interés del menor, procurando que los
procedimientos de aplicación de la Convención permanezcan confidenciales en
todo momento.
CAPITULO II
ASPECTOS PENALES
ARTICULO 7:
Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas eficaces, conforme a su
derecho interno, para prevenir y sancionar severamente el tráfico internacional
de menores definido en esta Convención.
ARTICULO 8:
Los Estados Parte se comprometen a:
a) Prestarse asistencia mutua en forma pronta y expedita por intermedio de sus
Autoridades Centrales, dentro de los límites de la ley interna de cada Estado
parte y conforme a los tratados internacionales aplicables, para las diligencias
judiciales y administrativas, la obtención de pruebas y demás actos procesales
que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de esta Convención;
b) Establecer por medio de sus Autoridades Centrales mecanismos de
intercambio de información sobre legislación nacional, jurisprudencia, prácticas
administrativas, estadísticas y modalidades que haya asumido el tráfico
internacional de menores en sus respectivos Estados; y
c) Disponer las medidas que sean necesarias para remover los obstáculos que
puedan afectar en ellos la aplicación de esta convención en sus respectivos
Estados.
ARTICULO 9:
Tendrán competencia para conocer de los delitos relativos al tráfico
internacional de menores:
a) el Estado Parte donde tuvo lugar la conducta ilícita;
b) el Estado Parte de residencia habitual del menor;
c) el Estado parte en el que se hallare el presunto delincuente si éste no fuere
extraditado; y
d) el Estado Parte en el que se hallare el menor víctima de dicho tráfico.
Tendrá preferencia a los efectos del párrafo anterior el Estado Parte que
hubiere prevenido en el conocimiento del hecho ilícito.
ARTICULO 10:
Si uno de los Estados Parte que supedita la extradición a la existencia de un
tratado recibe una solicitud de extradición proveniente de un Estado Parte con
el cual no ha celebrado tratado, o en caso de haberlo no lo contemple entre los
delitos extraditables, podrá considerar la presente Convención como la base
jurídica necesaria para concederla en caso de tráfico internacional de menores.
Asimismo, los Estados Parte que no supeditan la extradición a la existencia de
un tratado reconocerán el tráfico internacional de menores como causal de
extradición entre ellos.
Cuando no exista Tratado de extradición, ésta estará sujeta a las demás
condiciones exigibles por el derecho interno del Estado requerido.
ARTICULO 11:
Las acciones instauradas conforme a lo dispuesto en este capítulo no impiden
que las autoridades competentes del Estado Parte donde el menor se
encontrare ordenen en cualquier momento su restitución inmediata al Estado
de su residencia habitual, considerando el interés superior del menor.
CAPITULO III
ASPECTOS CIVILES
ARTICULO 12:
La solicitud de localización y restitución del menor derivada de esta Convención
será promovida por aquellos titulares que establezca el derecho del Estado de
la residencia habitual del menor.
ARTICULO 13:
Serán competentes para conocer de la solicitud de localización y de restitución,
a opción de los reclamantes, las autoridades judiciales o administrativas del
Estado Parte de residencia habitual del menor, o las del Estado Parte donde se
encontrare o se presuma que se encuentra retenido.
Cuando existan razones de urgencia a juicio de los reclamantes, podrá
presentarse la solicitud ante las autoridades judiciales o administrativas del
lugar donde se produjo el hecho ilícito.
ARTICULO 14:
La solicitud de localización y de restitución se tramitará por intermedio de las
Autoridades Centrales o directamente ante las autoridades competentes
previstas en el artículo 13 de esta Convención. Las autoridades requeridas
acordarán los procedimientos más expeditos para hacerla efectiva.
Recibida la solicitud respectiva, las autoridades requeridas dispondrán las
medidas necesarias de conformidad con su derecho interno para iniciar, facilitar
y coadyuvar con los procedimientos judiciales y administrativos relativos a la
localización y restitución del menor. Además, se adoptarán las medidas para
proveer la inmediata restitución del menor y, de ser necesario, asegurar su
cuidado, custodia o guarda provisional, conforme a las circunstancias, e
impedir de modo preventivo que el menor pueda ser trasladado indebidamente
a otro Estado.
La solicitud fundada de localización y de restitución deberá ser promovida
dentro de los ciento veinte días de conocida la sustracción, el traslado o la
retención ilícitos del menor. Cuando la solicitud de localización y de restitución
fuere promovida por un Estado Parte, éste dispondrá para hacerlo de un plazo
de ciento ochenta días.
Cuando fuere necesario proceder con carácter previo a la localización del
menor, el plazo anterior se contará a partir del día en que ella fuere del
conocimiento de los titulares de la acción.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las autoridades del
Estado Parte donde el menor fuere retenido podrán ordenar en cualquier
momento la restitución del mismo conforme al interés superior de dicho menor.
ARTICULO 15:
En las solicitudes de cooperación comprendidas en esta Convención
transmitidas por vía consular o diplomática o por intermedio de las Autoridades
Centrales, será innecesario el requisito de legalización u otras formalidades
similares. En el caso de solicitudes de cooperación cursadas directamente
entre tribunales de la zona fronteriza de los Estados Parte tampoco será
necesario el requisito de la legalización. Asimismo, estarán exentos de
legalización en el Estado Parte solicitante los documentos que sobre el
particular se devuelvan por las mismas vías.
Las solicitudes deberán estar traducidas, en su caso, al idioma o idiomas
oficiales del Estado Parte al que se dirijan. Respecto a los anexos, bastará la
traducción de un sumario que contenga los datos esenciales de los mismos.
ARTICULO 16:
Las autoridades competentes de un Estado Parte que constaten en el territorio
sometido a su jurisdicción la presencia de una víctima de tráfico internacional
de menores deberán adoptar las medidas inmediatas que sean necesarias para
su protección, incluso aquellas de carácter preventivo que impidan el traslado
indebido del menor a otro Estado.
Estas medidas serán comunicadas por medio de las Autoridades Centrales a
las autoridades competentes del Estado de la anterior residencia habitual del
menor. Las autoridades intervinientes adoptarán cuantas medidas sean
necesarias para que los titulares de la acción de localización y restitución del
menor estén informados de las medidas adoptadas.
ARTICULO 17:
De conformidad con los objetivos de esta Convención, las Autoridades
Centrales de los Estados Parte intercambiarán información y colaborarán con
sus autoridades competentes judiciales y administrativas en todo lo relativo al
control de la salida y entrada de menores a su territorio.
ARTICULO 18:
Las adopciones y otras instituciones afines constituidas en un Estado Parte
serán susceptibles de anulación cuando su origen o fin fuere el tráfico
internacional de menores.
En la respectiva acción de anulación, se tendrá en cuenta en todo momento el
interés superior del menor.
La anulación se someterá a la ley y a las autoridades competentes del Estado
de constitución de la adopción o de la institución de que se trate.
ARTICULO 19:
La guarda o custodia serán susceptibles de revocación cuando tuvieren su
origen o fin en el tráfico internacional de menores, en las mismas condiciones
previstas en el artículo anterior.
ARTICULO 20:
La solicitud de localización y de restitución del menor podrá promoverse sin
perjuicio de las acciones de anulación y revocación previstas en los artículos 18
y 19.
ARTICULO 21:
En los procedimientos previstos en el presente capítulo, la autoridad
competente podrá ordenar que el particular o la organización responsable del
tráfico internacional de menores pague los gastos y las costas de la
localización y restitución, en tanto dicho particular u organización haya sido
parte de ese procedimiento.
Los titulares de la acción o, en su caso, la autoridad competente podrán
entablar acción civil para obtener el resarcimiento de las costas, incluidos los
honorarios profesionales y los gastos de localización y restitución del menor, a
menos que éstos hubiesen sido fijados en un procedimiento penal o un
procedimiento de restitución conforme a lo previsto en esta Convención.
La autoridad competente o cualquier persona lesionada podrá entablar acción
civil por daños y perjuicios contra los particulares o las organizaciones
responsables del tráfico internacional del menor.
ARTICULO 22:
Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para lograr la
gratuidad de los procedimientos de restitución del menor conforme a su
derecho interno e informarán a las personas legítimamente interesadas en la
restitución del menor de las defensorías de oficio, beneficios de pobreza e
instancias de asistencia jurídica gratuita a que pudieran tener derecho,
conforme a las leyes y los reglamentos de los Estados Parte respectivos.
CAPITULO IV
CLAUSULAS FINALES
ARTICULO 23:
Los Estados Parte podrán declarar, al momento de la firma, ratificación o
adhesión a esta Convención o con posterioridad, que se reconocerán y
ejecutarán las sentencias penales dictadas en otro Estado Parte en lo relativo a
la indemnización de los daños y perjuicios derivados del tráfico internacional de
menores.
ARTICULO 24:
Respecto a un Estado que tenga en cuestiones tratadas en la presente
Convención dos o más sistemas jurídicos aplicables en unidades territoriales
diferentes, toda mención
a) a la ley del Estado se entenderá referida a la ley en la correspondiente
unidad territorial;
b) a la residencia habitual en dicho Estado se entenderá referida a la residencia
habitual en una unidad territorial de dicho Estado;
c) a las autoridades competentes de dicho Estado se entenderá referida a las
autoridades autorizadas para actuar en la correspondiente unidad territorial.
ARTICULO 25:
Los Estados que tengan dos o más unidades territoriales en las que se
apliquen sistemas jurídicos diferentes en cuestiones tratadas en la presente
Convención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o
adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o
solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores,
que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se
aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se
transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos y surtirán efecto noventa días después de recibidas.
ARTICULO 26:
Los Estados Parte podrán declarar, al momento de la firma, ratificación o
adhesión a la presente Convención o con posterioridad, que no se podrá
oponer en juicio civil en ese Estado Parte excepción o defensa alguna que
tienda a demostrar la inexistencia del delito o irresponsabilidad de una persona,
cuando exista sentencia condenatoria ejecutoriada por este delito, pronunciada
en otro Estado Parte.
ARTICULO 27:
Las autoridades competentes de las zonas fronterizas de los Estados Parte
podrán acordar, directamente y en cualquier momento, procedimientos de
localización y restitución más expeditos que los previstos en la presente
Convención y sin perjuicio de ésta.
Nada de lo dispuesto en esta Convención se interpretará en el sentido de
restringir las prácticas más favorables que entre sí pudieran observar las
autoridades competentes de los Estados Parte para los propósitos tratados en
ella.
ARTICULO 28:
Esta Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos.
ARTICULO 29:
Esta Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se
depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
ARTICULO 30:
Esta Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado
después que haya entrado en vigor. Los instrumentos de adhesión se
depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
ARTICULO 31:
Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al momento de
firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una
o más disposiciones específicas y que no sea incompatible con el objeto y fines
de esta Convención.
ARTICULO 32:
Nada de lo estipulado en la presente Convención se interpretará en sentido
restrictivo de otros tratados bilaterales o multilaterales u otros acuerdos
suscritos entre las Partes.
ARTICULO 33:
Esta Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día
a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de
ratificación.
Para cada Estado que ratifique esta Convención o se adhiera a ella después de
haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya
depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
ARTICULO 34:
Esta Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Parte
podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año
contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante.
ARTICULO 35:
El instrumento original de esta Convención, cuyos textos en español, francés,
inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia
auténtica de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las
Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará
a los Estados miembros de dicha Organización y a los Estados que hayan
adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de
ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiera y el retiro
de las últimas.
FIRMANTES
EN FE DE LO CUAL los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados
por sus respectivos Gobiernos, firman esta Convención.
El texto corresponde al original.