Ley. 13405. Modifica Leyes 10397 (codigo Fiscal), 10707 (catastro Territorial), 13244 (regularizacion Fiscal), 12074 (fuero CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO), 11430 (código de Tránsito), DEC-LEY 11643/63 (registro de la Propiedad), 12837, 10295. Deroga Ley 13065., de 28 de Diciembre de 2005

RESUMEN

Fundamentos de la Ley 13405       La Plata, 13 de diciembre de 2005.- HONORABLE LEGISLATURA:   Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, con el objeto de someter para su tratamiento y consideración el adjunto proyecto medio del cual se introducen modificaciones al Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires -Ley 10.397- T.O 2004, y a las Leyes 10.295,10.707, 11.430, 12.074, 13.244 y Decreto-Ley 11.643/63. El debido resguardo o cautela de los créditos del Fisco resulta un aspecto fundamental a normar a la hora de definir una política seria en materia de percepción de la renta pública, la que, demás esta decir, no tiene otro fin que el interés general que subyace en la prestación por parte del Estado de los servicios esenciales a la comunidad -salud, educación, justicia, seguridad, etc.-. Sin este debido resguardo, el cobro de las acreencias del Fisco se torna, en la gran mayoría de los casos, ilusorio. En este entendimiento, se propone incorporar con el proyecto adjunto, una serie de herramientas que, como puede advertirse, se dirigen a asegurar la efectiva cobranza de las acreencias, evitando que medidas elusivas y dilatorias, las tornen irrealizables. Así, se propone sustituir el segundo párrafo del artículo 13 del Código Fiscal, aclarando, tal como lo hace el artículo 14 de dicha norma, que las medidas cautelares que se soliciten deberán ser decretadas por los jueces en forma ágil, sin necesidad de acreditar peligro en la demora y bajo la responsabilidad del Fisco. Asimismo, se incorpora, a la norma una previsión respecto de la imposición de las costas, en caso de cancelación o regularización de la deuda cautelada y sustitución de la medida. En el mismo sentido, se propone la incorporación del artículo 13 bis al Código Fiscal, por el que se otorga a la Dirección Provincial de Rentas la facultad de trabar medidas cautelares preventivas, en resguardo de créditos exigibles, con anterioridad al inicio del juicio de apremio en tanto se llevan acabo los procedimientos necesarios para el inicio de tal proceso. Dichas medidas se encuentran sujetas a un plazo perentorio de caducidad si dentro de los sesenta días no se inicia la pertinente ejecución. Una vez iniciada ésta última, debe informarse la existencia de la medida al juez interviniente. Por su parte, si antes del inicio del apremio, el contribuyente o responsable regulariza la deuda, la medida podrá ser mantenida, aún excediendo el plazo de sesenta días, hasta tanto se cancele el cincuenta por ciento de la misma. Se establece, mediante la incorporación al Código Fiscal del artículo 14 bis, la responsabilidad solidaria de las entidades financieras y personas físicas o jurídicas depositarias de bienes embargados, en los casos que la medida asegurativa se vea frustrada, -en cualquier instancia que se encuentre-, por causas que les sean imputables. Asimismo, y con la finalidad de resguardar el crédito fiscal, también se propone incorporar al Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires -Ley 11.430-, como artículo 4 bis, una previsión que, teniendo en cuenta las particulares características de Impuesto a los Automotores, autoriza a la Dirección Provincial de Rentas, -en ejercicio de sus facultades de verificación y contralor de las obligaciones fiscales-, a proceder a la detención de vehículos para verificar el pago del impuesto respectivo y, en su caso, a disponer su secuestro cuando se registren incumplimientos de determinada magnitud y siempre que se trate de vehículos de alto valor económico, cuyo monto deberá establecer la reglamentación en función de ciertos parámetros que fija la norma. En el mismo sentido, toda vez que las arcas fiscales se nutren no solamente de las sumas que ingresan periódicamente de los contribuyentes y responsables, que cumplen regularmente con sus obligaciones, sino también de las que provienen de la regularización de situaciones de morosidad, resulta necesario crear herramientas idóneas que permitan asegurar que el flujo de tales ingresos no se vea interrumpido. Así, se propone incorporar al Código Fiscal el artículo 98 bis, mediante el cual se faculta a la Dirección Provincial de Rentas para exigir a lo contribuyentes o responsables que formulen acogimiento a planes de pago o de espera, y en oportunidad de suscribir los mismos, la constitución de hipoteca con cláusula de mandato irrevocable de venta, y admitir, cuando se considere pertinente, la constitución de otras garantías tales como el aval solidario de entidades de crédito o seguros de caución, prenda, fianza personal y solidaria, entre otras. Previendo asimismo la norma, en orden a no acrecentar los costos de la regularización, que los actos por los que se constituyan derechos reales de garantía se otorguen por ante la Escribanía General de Gobierno y se encuentren exentos del pago de gravámenes y tasas. En el orden internacional la Ley General Tributaria de España en su artículo 82 y el Código Orgánico Tributario de Venezuela en sus artículos 70, 71 y 72, contemplan un sistema de garantías de igual entidad al antes descripto. En otro orden, se propone incorporar al Código Fiscal, una nueva redacción del artículo 16, en cuanto define quiénes revisten el carácter de contribuyentes, incorporando expresamente supuestos que, si bien son considerados tales por la Administración y así se han asumido, su entidad o naturaleza jurídica justifica que se encuentren claramente definidos como contribuyentes en la norma, así por ejemplo, el caso de las uniones transitorias de empresas, las agrupaciones de colaboración, los patrimonios destinados a un fin determinado, etc. Sujetos tales que ya han sido incorporados oportunamente en el Código Fiscal de Catamarca artículo 20. Por otra parte, se propone la incorporación de un inciso 5 al artículo 18 del Código Fiscal, por el cual se establece como responsables solidarios en el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes a los síndicos y liquidadores de las quiebras, representantes de sociedades en liquidación, administradores legales o judiciales de las sucesiones, y a falta de estos, el cónyuge supérstite y los herederos, ello atendiendo al conocimiento del hecho imponible que su condición les confiere. Tal como fuere establecido en el Código Fiscal de Catamarca artículo 25, Código Fiscal del Chaco artículo 14 y a nivel internacional en el artículo 28 del Código Orgánico Tributario de Venezuela. En el marco de una serie de medidas que tienden a otorgar mayor seguridad a la relación del Fisco con los administrados, se propone modificar el régimen de consulta regulado en el Título V de la parte general del Código Fiscal, ello a través de la sustitución de los artículos 23, 24, 27 y 28 del citado cuerpo legal, dejando expedita la posibilidad de que la autoridad de aplicación establezca un régimen de consulta vinculante y, atendiendo a las mayores exigencias que debido a ello recaerán sobre la administración al momento de resolver estas consultas, y las mayores verificaciones de las condiciones de hecho que deberán realizarse, se amplía el exiguo plazo actualmente previsto para la contestación de las mismas. Quedando así conformado el régimen similar al que fuera establecido en el orden nacional a través de la Ley 11.683 con las modificaciones de la Ley 26.044 y Resolución General 858 A.F.I.P.; y en el orden internacional en la Ley General de España en su artículo 89. Con relación al instituto del domicilio fiscal de los contribuyentes responsables, se propone una modificación integral del régimen, sobre la base de priorizar el principio de la realidad económica, sin desmedro de asegurar el normal y ágil ejercicio de las facultades de verificación por parte de la autoridad tributaria. Así, se tiende a la constitución de un único domicilio fiscal por sujeto, respecto de todos lo gravámenes, dentro del territorio de la Provincia, y en ese ámbito privilegiando el lugar donde los contribuyentes y responsables desarrollan efectivamente sus actividades, el entendimiento de que ello facilitará el normal ejercicio de las funciones de recaudación y verificación de los gravámenes a cargo de la Dirección Provincial de Rentas y asegurará la toma de conocimiento de las intimaciones y notificaciones que la autoridad de aplicación efectúa a los administrados. En este camino se prevé la posibilidad de que la Dirección Provincial de Rentas, mediante un procedimiento a establecer por reglamentación, determine la correcta ubicación del domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables en los supuestos en que hubiesen omitido denunciarlo, como así también en los que habiéndolo hecho, el mismo no se corresponda con el que la norma ha previsto. El sistema así implementado se complementará con la información, obrante en poder de la administración tributaria, obtenida a través de los diversos regímenes de información vigentes, o de los informes suministrados por otras personas, entidades u organismos públicos. Estableciéndose así un sistema que guarda estrecha similitud con el instaurado por Ley 11.683 artículo 3 con las modificaciones de la Ley 26.044. Con relación a la misma materia se propone también, la incorporación del llamado domicilio fiscal electrónico, con el fin de aprovechar los beneficios que ha reportado en los últimos años el avance de la tecnología, procurando de esta manera una mayor agilidad, seguridad y eficacia en la comunicación de la Administración con el contribuyente y viceversa. A estos fines, se propone la sustitución del artículo 29 y la incorporación del artículo 29 bis al Código Fiscal. Similar instituto se ha establecido en el derecho comparado, así, lo establecido en los artículos 31 y 125 del Código Orgánico Tributario de Venezuela. En orden a adecuar otras normas del Código a este nuevo régimen se incorpora como inciso d) al artículo 136 del mismo cuerpo legal, la posibilidad de efectuar notificaciones, citaciones, intimaciones, etc., por comunicación informática en el domicilio fiscal electrónico; a la vez que se establece como deber formal la obligación de contestar requerimientos por vía electrónica en los casos que corresponda. Con la finalidad de coadyuvar al control del pago de los gravámenes por parte de los contribuyentes y responsables, se propone modificar el artículo 33 del Código, estableciendo la obligación a los funcionarios de la Provincia y de las municipalidades de informar o denunciar los actos, contratos u operaciones en que hubieran intervenido en ocasión de sus funciones vinculados con materias imponibles, haciéndolos en caso de incumplimiento, responsables en forma personal del pago del gravamen o del perjuicio que pueda derivarse para el Fisco. Similar previsión se propone con la incorporación del artículo 33 bis al Código Fiscal, respecto de escribanos, agrimensores, titulares de registros seccionales de la propiedad automotor y créditos prendarios y del Registro Nacional de Buques, respecto de hechos y actos que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de su profesión o función. Un régimen de responsabilidad similar ha sido receptado en el Código Orgánico Tributario de Venezuela en su artículo 124. En otro orden, no puede obviarse la trascendencia que detenta la información vinculada a la actividad económica realizada por los contribuyentes de la Provincia, de allí que, en miras a permitir la realización de controles más exhaustivos que coadyuven a aumentar el cumplimiento tributario, se propone... (ver resumen completo)


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