Ley. 13210. (derogada por Ley 13482) la Presente Ley Crea las Bases Jurídicas, de Organización de las Polícias Comunales de Seguridad de la Provincia. art. 2 Incorpora Inciso Nuevo Al Art. 5 de la Ley 12154.

RESUMEN

Fundamentos de la Ley 13210       HONORABLE LEGISLATURA:   Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, remitiendo el adjunto proyecto de ley de creación de las Policías Comunales de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El proyecto de ley adjunto crea la Policía Comunal de Seguridad con destino a los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, cuya población no supere los 70 mil habitantes. Dado el carácter por demás novedoso de la iniciativa, las implicancias institucionales y las diversas cuestiones de naturaleza constitucional involucradas, resulta conveniente abordar los fundamentos histórico-políticos y normativos que le dan sustento.   1.- ANTECEDENTES.   1.1. Las funciones judiciales, municipales y de policía de seguridad.   La seguridad pública, la justicia y los municipios siempre fueron de tratamiento conjunto en cualquier Estado. Desde los de la antigüedad (comenzando por los romanos) pasando por los medievales (sobre todo el ayuntamiento o cabildo español y la comuna francesa -con su "juramento común" naciendo para la defensa de la sociedad contra los delincuentes de la época-) hasta nuestros días; de los autocráticos hasta los democráticos. Hoy, este tema, cobra una relevancia especial a la luz de los hechos que estamos viviendo los argentinos, un clima en el que se ha impuesto el miedo, una sensación de indefensión que se traslada a todos los pueblos.   A) En el período colonial y después de la Revolución de Mayo de 1810. En este territorio de donde emergió la república -aquel 25 de Mayo de 1810- imperó un sistema judicial, policial y municipal que instaló la corona española. Nuestro cabildo, era el régimen municipal de la capital y de la campaña, y sus "cincuenta brazos" se extendían a las más variadas funciones dentro de las cuales contamos a las judiciales, políticas, policiales y legislativas. El cabildo revolucionario de mayo tenía trece (13) miembros, algunos de ellos se compraban en remate público y otros electivos, en este caso, el regidor juez de Policía. Este "se ocupaba de lo concerniente al orden público, moralidad y comodidad del vecindario, o, en otros términos, de la higiene, moralidad y seguridad públicas en la localidad; era el jefe de los presbostes de hermandad, o alcalde de policía, o comisario como diríamos ahora" (TENAGLlA, Iván Darío, Elementos de Derecho Municipal Argentino, Tomo I, Editorial Universitaria de La Plata, La Plata, 1997, pp 61 y ss.). También había alcaldes de hermandad (en Buenos Aires a partir de 1609, porque antes los alcaldes ordinarios eran también de "la hermandad"), los que eran designados anualmente para vigilar el yermo (donde vagaban los cimarrones y corrían a los indígenas) y hacer en él justicia sumaria en los delitos criminales y resolver como jueces pedáneos (que dictaban sentencias de a pie sin formulismos procesales) las diferencias leves de los vecinos rurales; teniendo a su cargo la "partida", réplica criolla de la "cuadrilla" de la Santa Hermandad Española. En estos cargos y funciones se encuentran los orígenes de nuestros intendentes de la Provincia Grande, ya que a sus funciones primitivas añadieron las de, entre otras, presidentes de las municipalidades de los pequeños poblados" (Idem, ibídem, p. 62). "Además eran escribanos que otorgaban poderes y daban fe de lo ocurrido, y comisarios de policía. El Reglamento de la Justicia de Hermandad de Buenos Aires dado por la Audiencia en 1789 les señala funciones de celar los pecados públicos, vigilar a los vagos, prender a los delincuentes tomados en flagrante delito e instruirles la sumaria que debería remitirse a la ciudad con el detenido" (ídem, ibídem, p. 66). Desde 1766 se les fijó partido judicial, naciendo así el concepto y la división territorial para lo político-administrativo-judicial-notarial-social, del partido, nombrando en cada uno a los alcaldes de la hermandad, primera autoridad que llegaría a los pagos de la campaña (poblados de muy poca cantidad de habitantes, embrión de sociabilidad pampeana, con sus ranchos, fortín, barracas e iglesia). Al tiempo de la independencia había diecisiete (17) alcaldes de la hermandad.   B) Desde la creación de la Provincia hasta el siglo XX. Esos alcaldes eran veintitrés (23) cuando se disolvieron los dos cabildos existentes con sus respectivos miembros -el de Buenos Aires (capital) y el de Luján (campaña)- por ley inspirada por el ministro de Gobierno de Martín Rodríguez (en diciembre de 1821), Bernardino Rivadavia. En el artículo 2 de esa ley ya se prefiguraba la diferencia entre la capital y la campaña, en lo judicial y en materia de seguridad, fijando dos (2) jueces (letrados) para la capital y tres (3) para la campaña; creando, además, la policía alta y baja, habiendo un jefe de policía y seis (6) comisarios para la capital y ocho (8) para la campaña. Se creó el cargo del juez de Paz, uno por cada parroquia ostentando todo el poder, sobre todo en los pueblos de la campaña. En el período del gobernador Rosas eran, a su vez, cada uno de ellos, presidente de la municipalidad, comandante militar, comisario de policía, jefe del correo, y recaudador fiscal, sin contar sus funciones jurisdiccionales y la certificación de las defunciones. Pero la estructura funcional de seguridad pública y de administración de justicia se completaba en cada municipio con los alcaldes, uno (1) por cada cuartel (división interna del municipio cuya denominación perduró en los tiempos de las luchas con los indígenas) y tenientes de alcaldes en cada barrio. Se generó una especie de cacicazgo caudillesco que se trasladó hasta nuestros días. Esta institución recién dejó de existir en la Constitución de 1854, y se comenzó a denominar municipales (mediante la LOM 35) a los miembros de las municipalidades, siendo el juez de Paz un funcionario que se desempeñaría estrictamente en lo judicial. Con la primera Ley Orgánica Municipal de la Provincia (Nro. 35) la seguridad pública era resorte municipal (se ocupaba de "la organización y arreglo del cuerpo de serenos para hacer observar el buen orden en las horas de descanso nocturno, de las cárceles existentes, las reformas que requiriesen y de los asilos de corrección", entre otras funciones). Es así que, los primeros intendentes, si cabe, ostentaban y ejercían funciones de seguridad pública. Ello se continuó hasta la Constitución Provincial de 1873 (artículo 202, inc. 4) que determinaba claramente la competencia de seguridad (pública) a los municipios, reiteración que queda latente en la Ley Orgánica de 1890 y se traslada hasta nuestros días ... (ver resumen completo)


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