Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 17 de Diciembre de 2020, expediente A 70767

PresidenteGenoud-Pettigiani-Soria-Torres-Kogan-Kohan
Fecha de Resolución17 de Diciembre de 2020
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 70.767, "L., P.M. c/ Provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresG., P., S., T., K., K..

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó, en lo sustancial, la sentencia de primera instancia que anuló parcialmente la resolución ministerial 2.923/06 y la resolución 1.323/07, por la cual se declaró al actor prescindible de la fuerza policial, por aplicación del régimen de la ley 13.409 (art. 4 y concs.).

Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, el que fue concedido a fs. 253/254.

Dictada la providencia de autos (v. fs. 274) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J.d.G. dijo:

I.1. El señor M.P.L. promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, solicitando la anulación de la resolución 2.923 de fecha 21 de diciembre de 2006 emanada del Ministerio de Seguridad por la cual se lo declaró prescindible y de la resolución 1.323/07 que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra la primera. En consecuencia, solicitó la reincorporación e indemnización por los daños y perjuicios que adujo haber sufrido con la medida cuestionada (v. fs. 21/39).

I.2. El juez de primera instancia hizo lugar a la pretensión anulatoria, ordenó la reincorporación del actor a la fuerza policial y condenó a la demandada al pago de los salarios caídos -descontándose los montos que percibiera en ocasión de la jubilación extraordinaria concedida- y una suma de dinero en concepto de daño moral.

Resolvió así considerando que, no obstante que el actor se hallaba en condiciones de acceder a un beneficio de retiro, en tanto contaba con veinticinco (25) años, diez (10) meses y doce (12) días de servicios en la policía provincial, se lo declaró prescindible en manifiesta transgresión del art. 5 de la ley 13.409 que establece: "La prescindibilidad no podrá ser aplicada al personal que se hallare en condiciones de acceder a retiro o jubilación".

  1. Por su parte, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás acogió parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado y modificó la indemnización otorgada en concepto de daño material, pero confirmó la sentencia apelada en cuanto a la anulación del acto de prescindibilidad respecto del actor.

    Para así decidir consideró que de las constancias de la causa surge que el señor L. contaba con una antigüedad de veinticinco (25) años, diez (10) meses y doce (12) días al momento de ser declarado prescindible, y se le acordó el beneficio de jubilación extraordinaria, acorde a los años de servicios (v. fs. 159). Sin embargo, entendió que tal solicitud no implicó la renuncia a su reclamo, sino que fue consecuencia de aquella medida y para compensar la pérdida de haberes. Afirmó que, por esta razón, no puede prosperar el planteo de la demandada respecto de la aplicación al caso del art. 6 de la ley 13.409 que prevé la renuncia a todo reclamo administrativo o judicial en caso de optar por el retiro.

    Entendió que cabe interpretar el art. 5 de la ley que declaró el estado de emergencia de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, de modo que incluya todos los beneficios reconocidos en la norma previsional sectorial, ya que esa norma no efectúa ninguna distinción, debiendo primar los fines tuitivos propios de la materia, sin que se desnaturalicen los derechos reconocidos a todo empleado público o, en el peor de los casos, se produzca la pérdida o desconocimiento de los mismos por una interpretación amplia de una norma de excepción, o una restrictiva de las excepciones legales a ésta.

    Consideró que no puede interpretarse que la condición del actor de acceder a retiro se encuentre fuera del límite de aplicación dispuesto por el art. 5 si no ha sido dispuesto por el legislador.

    Señaló que debe tenerse en cuenta que las normas de prescindibilidad, por ser de emergencia y transitorias, deben ser interpretadas restrictivamente.

    Agregó que no puede sostenerse que, por alguna razón no expuesta por el legislador, la jubilación móvil extraordinaria a que tiene derecho el actor y que lo pone "en condiciones de acceder a retiro o jubilación",se encuentre fuera del límite impuesto en el art. 5 de la ley de emergencia.

    Expresó que, al no haber sido reglamentada la posibilidad de retiro activo obligatorio o jubilación anticipada, carecía de razonabilidad declarar prescindible al actor cuando aparecía excluido por hallarse en condiciones de obtener un haber de pasividad, o bien, ante la posibilidad de optar entre éste o permanecer en las fuerzas hasta reunir las condiciones necesarias para obtener una jubilación ordinaria, ya que su antigüedad solo le permitía acogerse al beneficio jubilatorio previsto en el art. 35 inc. "b", es decir, al retiro o jubilación móvil voluntario (art. 38).

    Adunó que si el sentido de la norma hubiera sido el de disponer que quienes se encuentren en condición de obtener el beneficio previsto en el art. 25 inc. "c" de la ley 13.326 estaban excluidos, debió decirlo expresamente. Así también, si la intención hubiera sido disponer un sistema de retiro anticipado obligatorio, debió haber sido regulado concretamente, estableciendo los parámetros para ello, disponiendo cuáles serían los criterios a seguir, ya sea la edad de corte o las condiciones para su aplicación, pero nada de ello ocurrió.

    Consideró que con este mismo criterio debe ser interpretado el art. 6 de la ley en punto a que la opción de recibir una indemnización o el retiro allí prevista se aplica a quienes no han alcanzado los veinticinco años de servicios (v. fs. 226/236).

  2. Contra ese pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso de inaplicabilidad de ley alegando el apartamiento de la normativa aplicable.

    Reconoce que el art. 5 de la ley 13.409 establece que la prescindibilidad no procede respecto de aquellos agentes que se hallaren en condiciones de acceder al retiro o jubilación. Sin embargo, considera que tal limitación debe ser interpretada en el marco de la emergencia que justificó el dictado de dicha norma.

    Observa que si bien el actor podría haber accedido a la jubilación que contempla el art. 38 de la ley 13.236, tal posibilidad se encuentra supeditada a su exclusiva voluntad. De lo contrario, la relación de empleo público que lo vinculaba con la Administración jamás se podría haber extinguido por jubilación.

    Destaca que esa particularidad está ausente en los restantes supuestos de acceso al beneficio previsional, que se encuentran reglados en la normativa mencionada, de modo que para acceder a la jubilación ordinaria (art. 28), prestación por invalidez (art. 30 y sigs.), o los demás casos de las denominadas jubilaciones extraordinarias (art. 35 inc. "a", "c", y "d"), la exteriorización de la voluntad del agente para acogerse a la pasividad, no resulta ser condición imprescindible para acceder al beneficio.

    En cada uno de esos supuestos, agrega, la administración puede por sí misma instar la extinción del vínculo, mientras se reúnan los requisitos que objetivamente deben acudir para el acceso al beneficio jubilatorio.

    Afirma que, por lo tanto, la prestación previsional prevista en el art. 25 inc. "c" de la ley 13.236, que permite acceder a una jubilación contando con un período de servicios notoriamente inferior a los treinta y cinco (35) años que se requieren para acceder al beneficio ordinario, no habilita a la Administración a disponer el cese de la relación de empleo público por jubilación, excepto que exista petición expresa del agente.

    Considera que, si así fuera, los agentes policiales que tienen veinticinco (25) años de servicios, pero no alcanzan a reunir los treinta y cinco (35) años que requiere el art. 28 de la ley 13.236 para el retiro previsional ordinario, bajo la interpretación que siguieron tanto el juez de primera instancia como la Cámara, tendrían en sus manos la posibilidad de sortear los mecanismos previstos por el legislador para resolver la emergencia policial.

    Estos fundamentos, afirma el recurrente, invalidan la decisión judicial recurrida, en tanto...

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