Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 26 de Octubre de 2021, expediente CAF 075931/2017/CA002

Fecha de Resolución26 de Octubre de 2021
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

- SALA IV -

Expte. Nº CAF 75931/2017/CA2: “LEMBO, E.S. c/

EN-AFIP-DGI s/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA”.

En Buenos Aires, a 26 de octubre de 2021, reunidos en acuerdo los señores jueces de la S. IV de esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer el recurso interpuesto en los autos “LEMBO, E.S. c/ EN-

AFIP-DGI s/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA”, contra la sentencia del 19/4/2021, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara M.D.D. dijo:

  1. ) Que por sentencia del 19/4/2021, el a quo rechazó la demanda promovida por E.S.L. contra el Estado Nacional -

    AFIP-, e impuso las costas al actor vencido (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

    Para resolver de tal modo, el juez de grado recordó que la acción había tenido por objeto impugnar las resoluciones nº 105/2017 y 106/2017

    (DV SRR1), que rechazaron el recurso de reconsideración interpuesto por el contribuyente contra las resoluciones AFIP-DGI (DV SRR1) nº 351/2015 y 352/2015.

    Tras enunciar las defensas opuestas por las partes, el magistrado puntualizó que: (i) la resolución 351/2015 había cuestionado las declaraciones juradas presentadas respecto al Impuesto a las Ganancias, ejercicio 2009, imponiéndole al contribuyente la obligación de ingresar $411.570,07 y $784.589,74 en concepto de capital e intereses resarcitorios, respectivamente, y aplicó una multa equivalente a dos veces el impuesto no ingresado, que ascendió

    a $823.140,14; y (ii) la resolución 352/2015 impugnó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado, períodos 1/2009, 5/2009, 7/2009, 8/2009 y 12/2009, determinando una deuda de $265.034,96 y $532.384,62 en concepto de capital e intereses resarcitorios, respectivamente, e impuso una multa de $530.069,92 de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la ley 11.683.

    En este escenario, señaló que la validez de los actos administrativos dependía del cumplimiento de ciertos requisitos esenciales,

    enunciados en el art. 7 de la ley 19.549 (conocidos como los “elementos”), entre los que se hallaba el deber de aquéllos de sustentarse en los hechos y antecedentes que le servían de causa y en el derecho aplicable.

    Fecha de firma: 26/10/2021

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    A continuación, destacó -en forma escueta- que lo resuelto por la AFIP era una derivación razonada de los hechos y de los antecedentes del caso, y que el actor no había logrado probar la arbitrariedad o falta de razonabilidad de las resoluciones impugnadas. Agregó que no se advertía la existencia de vicios que privaran al acto administrativo de sus efectos propios, por lo que confirmó el criterio del Organismo Recaudador.

  2. ) Que, disconforme con este pronunciamiento, el actor interpuso recurso de apelación el 21/4/2021, que fue concedido libremente el 22/4/2021.

    Puestos los autos en la Oficina, el recurrente expresó sus agravios el 14/5/2021, que fueron contestados por su contraria el 30/5/2021.

  3. ) Que, en primer término, el recurrente aduce que la sentencia es arbitraria, toda vez que el a quo no expresó cuál era el derecho aplicable ni los antecedentes que le habían servido de causa. Agregó que el magistrado de grado se había limitado a convalidar los actos administrativos cuestionados sin exponer los hechos y las pruebas considerados relevantes y conducentes al efecto.

    En este orden de ideas, refirió que el juez debió ceñir su actuación a constatar la validez probatoria de todos los expedientes remitidos ad effectum videndi et probandi, única prueba relevante y conducente en autos, lo que no hizo. Sostiene que tal omisión torna nula a la sentencia, al no ser una derivación razonada de los hechos fehacientemente acreditados y de la normativa vigente, en detrimento del derecho de defensa y del principio de legalidad que lo ampara.

    Con relación al ajuste fiscal, explica que la AFIP forzó un proceso de fiscalización basado en hechos falsos, atribuyéndole un presunto incumplimiento fiscal, sustentado en meras conjeturas. En este orden de ideas,

    arguye que un depósito bancario no tiene virtualidad suficiente para producir “la estafa al fisco”, y que no es causa adecuada para determinar el hecho imponible.

    Por su parte, niega haber adquirido moneda extranjera y sostiene que ello nunca fue acreditado con la prueba documental correspondiente,

    esto es, los instrumentos a través de los cuales se formalizaron dichas operaciones de cambio (v.g., la copia de la declaración jurada que se presenta al momento de efectuar la compra). Señala que la determinación de oficio debió efectuarse sobre base cierta y que los informes de los bancos o de las casas de cambio no resultaban suficientes para probar el perjuicio fiscal.

    Fecha de firma: 26/10/2021

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

    - SALA IV -

    Expte. Nº CAF 75931/2017/CA2: “LEMBO, E.S. c/

    EN-AFIP-DGI s/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA”.

    En esta línea, alega que los movimientos bancarios no provenían de ganancias no declaradas sino del giro habitual de su desempeño profesional. En este sentido, afirma que, como abogado patrocinante, tenía facultades para cobrar y percibir de sus poderdantes y que había colectado fondos que pertenecían a sus clientes o mandantes judiciales. Manifiesta que durante el año 2009 se depositaron en sus cuentas bancarias cheques que pertenecían a terceras personas correspondientes a pagos de indemnizaciones y honorarios regulados en juicios que finalizaron y/o fueron percibidos durante ese año. Para probar este aserto, hace mención a una serie de expedientes en los que actuó como mandatario judicial, aclarando que las liquidaciones allí practicadas contenían detalles de rubros, importes, fecha y cálculo de intereses compensatorios.

    Asimismo, aclara que los cheques fueron librados por agentes de retención (personas jurídicas), por lo que se dedujeron los gravámenes fiscales que correspondían tributar.

    Concluye que todas las operaciones bancarias se concretaron con dinero provenientes exclusivamente de su actividad profesional: los fondos depositados eran producto de indemnizaciones judiciales percibidas por cuenta y orden de sus mandantes y de regulación de honorarios por la labor desarrollada en dichos expedientes.

    Por su parte, se agravia de la imposición de una multa por defraudación, toda vez que al no haber probado el hecho imponible no correspondía sanción, resultando, por lo tanto, improcedente y arbitraria por ser contraria a derecho.

    Finalmente, se queja de: (i) la “ofensa moral padecida”

    durante la etapa de fiscalización, toda vez que debió soportar, en medio de intrigas y suspicacias, un trato calumnioso e injuriante por parte de los funcionarios actuantes; (ii) que no tuvo acceso a las actuaciones administrativas durante el proceso determinativo; (iii) lo expuesto por el juez administrativo respecto al incumplimiento del primer requerimiento, alegando que no lo había podido contestar porque su presentación se había “mojado por la lluvia”, lo que lo hizo “ilegible”; y (iv) no tener la obligación de conservar la prueba que le fue requerida en instancia administrativa (v.g., documentación relativa a la constitución de los plazos fijos).

    Fecha de firma: 26/10/2021

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

  4. ) Que, de manera preliminar, cabe recordar que la finalidad de la expresión de agravios no se orienta únicamente a que el Tribunal oiga al justiciable, sino que requiere, asimismo, que se entienda bien lo que se dice (Carrió, G., Cómo estudiar y argumentar un caso. 1ª ed. Buenos Aires,

    Abeledo-Perrot, 1997, p. 43 y ss.). En otros términos, hace al buen ejercicio del derecho de defensa no entorpecer el análisis de la cuestión litigiosa, y ello inevitablemente ocurre cuando se escriben páginas enteras con desapego a una sintaxis correcta, reiterando temas ya abordados y/o formulando argumentaciones mezcladas sobre distintas cuestiones que no aparecen debidamente separadas entre sí (cfr., esta S. in re “Chen, Linen c/ Estado Nacional – Min. del Interior,

    Obras Públicas y Vivienda – DNM s/ Recurso Directo DNM”, sentencia del...

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