Legisladores y jueces bonaerenses siguen sin dar cuenta de sus bienes

Pasaron 21 meses desde que la gobernadora decretó que se hagan públicas las declaraciones juradas de los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, pero la medida no se extendió a los demás poderes: jueces, fiscales y legisladores bonaerenses siguen sin estar obligados a dar a conocer la evolución de sus patrimonios.

El resultado electoral de octubre podría modificar una parte de ese escenario: en el oficialismo esperan que, antes de fin de año, la Suprema Corte de Justicia provincial redacte una acordada para que jueces y fiscales presenten una declaración jurada (DD.JJ.) de bienes cada año y que una versión sintética de esa DD.JJ. sea de acceso público.

El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, es el ariete de Vidal en ese terreno: el funcionario empuja desde febrero un proyecto para que 4000 fiscales, defensores, asesores, curadores y secretarios del Ministerio Público publiquen sus declaraciones juradas.

Desde los tribunales advierten que sólo la Corte puede decidir un nuevo régimen de DD.JJ. y que trabaja en esa reforma desde diciembre de 2016. Pero no parecen compartir el apuro de Vidal.

Hoy, los jueces bonaerenses están regidos por la acordada de 1981, que los obliga a presentar sus DD.JJ. al ingresar al cargo y renovarlas cada cinco años o cuando modifican su patrimonio. Pero no se prevé un mecanismo de acceso público, salvo que el interesado denuncie y presente pruebas contra el magistrado.

Un mecanismo similar al que regía para el Poder Ejecutivo durante la gestión de Daniel Scioli y que, en los hechos, funciona como un bloqueo a la información pública.

El panorama no es mucho mejor en la Legislatura bonaerense, donde varios proyectos del oficialismo y la oposición para obligar a diputados y senadores a publicar sus DD.JJ. han perdido estado parlamentario o están cerca de caducar.

Hoy, de hecho, el único habitante de la Legislatura obligado a publicar su DD.JJ. es el titular del Senado, Daniel Salvador. En su carácter de vicegobernador, está sujeto a los decretos 116 (marzo de 2016), 647 (junio de 2016) y 407 (agosto de 2017) de Vidal, que comprenden sólo al Poder Ejecutivo: desde el gobernador hasta policías y agentes del servicio penitenciario.

Quien busca emularlo es el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca (Cambiemos): planea publicar su DD.JJ. en la página web de la Cámara baja. Un gesto para reimpulsar la discusión y convertir en...