Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Octubre de 2013, expediente FSA 024000744/2004/1

Fecha de Resolución28 de Octubre de 2013
EmisorCAMARA FEDERAL DE SALTA

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SALTA Salta, 28 de octubre de 2013.-

AUTOS Y VISTOS:

En esta causa caratulada: “M., C.A., Ríos Ereñú, H.L. s/ privación ilegal libertad agravada art. 142 inc. 5 en perjuicio de O., J. de D.”, Expte. FSA 24000744/2004/1/CA1 (originario del Juzgado Federal N° 2 de Salta)

y, RESULTANDO:

  1. Que vienen las presentes actuaciones a consideración del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los Defensores Públicos Oficiales ad hoc de H.L.R.E. a fs. 527/531 y de C.A.M. a fs.

    533/537, en contra del auto que ordenó el procesamiento de los nombrados por considerarlos “prima facie” responsables del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y amenazas; también por su calidad de funcionarios públicos y el abuso de esa condición, así como la prolongación indebida de la detención sin poner a las víctimas a disposición del juez competente (art. 141, 142 inc. 1, 143 inc. 2 y 144 bis inc. 1 del Código Penal vigente al tiempo de los hechos), en concurso real con el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80, inc. 2° y del Código Penal) en calidad de autores mediatos, en perjuicio de J. de D.O., convirtiendo en prisión preventiva las detenciones que vienen cumpliendo los nombrados (arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación); trabando embargo sobre sus bienes (fs.

    507/526).

  2. 1.- Que al expresar agravios en la anterior instancia, los Defensores Públicos Oficiales ad hoc, de C.A.M. y H.L.R.E., sostienen que la resolución cuestionada no cumple con las exigencias del art. 123 del código de forma, en cuanto no acredita la responsabilidad penal de sus asistidos respecto de los distintos delitos que se les imputan, por lo que la consideran nula por falta de motivación, lo que la convierte en arbitraria, estimando que ello constituye una violación al derecho constitucional de defensa en juicio y al debido proceso.

    Alegan que los procesamientos están desnudos de pruebas que avalen la conclusión del a quo respecto a la responsabilidad de sus defendidos y sostienen que de los relatos de los testigos de la época se pueden inferir hipótesis, pero éstas deben ser probadas.

    Dicen que se afirma como motivo del hecho, el odio personal o venganza, razones político ideológicas o ambas, sembrar el terror en la población y otras, considerando en función de ello que el decisorio no respeta los principios de la lógica, de la razón suficiente y de no contradicción.

    Estiman que el a quo realiza una construcción forzada de los hechos, violando el principio de congruencia, en razón de que partiendo de premisas aparentemente veraces concluye en afirmaciones fácticas carentes de razonabilidad y alejadas de la verdad real.

    Aseveran que en el caso resulta de aplicación la doctrina de la arbitrariedad a los fines de resguardar la garantía de defensa en juicio y del debido proceso (art. 18 C.N.), al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

    Ponen de resalto que sus representados gozan del “estado de inocencia” consagrado por los arts. 18 de la Constitución Nacional; XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 11 de la Declaración de los Derechos Humanos, 8 inc. 2 de la Convención Americana sobre Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SALTA Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y de otras convenciones y tratados internacionales, manifestando que también se encuentran amparados por el principio constitucional y legal denominado in dubio pro reo.

    De esa manera mencionan que se han violado las garantías del debido proceso y de defensa en un claro perjuicio de innegable índole constitucional, lo que a su vez origina un vicio de nulidad que perjudica las prisiones preventivas recurridas.

    Por ello sostienen que los procesamientos son nulos por falta de motivación.

    Por todo lo expuesto solicitan se declare la nulidad del auto de procesamiento y prisión preventiva por falta de motivación, o en su defecto se revoque el procesamiento y se dicte el sobreseimiento o la falta de mérito de sus defendidos C.A.M. y H.L.R.E. ordenando su inmediata libertad, haciendo reserva del caso federal (art. 14, ley 48).

  3. 2.- Que la defensa de H.L.R.E. ante esta instancia, expone que la madre de la víctima, en su declaración expresó que suponía que la gente que ingresó en su domicilio era del Ejército, ya que a pesar de no poder verlos por falta de luz, pudo sentir sus voces firmes. Relata las circunstancias que expresara en sus diversas declaraciones resaltando que en el año 1974 cuando volvió su hijo de Tucumán fue citado por el Ejército para que se presentara urgentemente en la ciudad de Tartagal porque había quedado como reservista pero que él se negó, por lo que estimó que quienes lo secuestraron eran del Ejército.

    Luego aborda el testimonio de su hermano Á.H., quien refirió que el día del secuestro se encontraba durmiendo junto con su familia y que las personas que se lo llevaron parecían militares por los ruidos de sus pisadas y sus voces. Añadió

    que su hermano no integraba ningún grupo político, aclarando que tuvo problemas cuando realizó la “colimba” en el año 1973 ya que una vez desertó y luego lo encontraron y debió cumplir con el tiempo que faltaba. Expresa que su hermano fue buscado en varias oportunidades por un Unimog del Ejército y que, según sus dichos, era llevado a T. a buscar guerrilleros y, de paso, cometer otro tipo de delitos como robar, torturar y violar, a lo que su hermano siempre se negaba.

    Manifiesta que la circunstancia de la deserción no consta en ningún registro del Ejército Argentino, habiendo informado la citada fuerza que J. de D.O. ingresó en fecha 29 de marzo de 1974 y dado de baja en mayo de 1975.

    Por otra parte, sostiene que su asistido R.E. se hizo cargo del Regimiento de Monte 28 Tartagal, el 9 de diciembre de 1975, asumiendo formalmente en forma efectiva el 5 de enero de 1976, es decir siete meses después de que la víctima fuera dado de baja en el Ejército.

    Pone de resalto un error en la información que surge de fs. 278/293 para concluir que J. de D.O. nunca estuvo bajo el mando de su defendido. Destaca que la única constancia que existe acerca de la supuesta intervención de O. en el “Operativo Independencia” lo constituye la declaración de su hermano sin tener en consideración que dicha “Operación” se inició

    recién en febrero de 1975, resultando poco probable que O. hubiera participado.

    De igual modo puntualiza que O. no registraba actividad política alguna; que tampoco había sufrido detenciones que pudieran determinar que se encontraba en las listas negras del gobierno constitucional; que la carta del Ejército convocándolo como reservista habría sido enviada en agosto o setiembre de 1975, fecha en la cual R.E. no se encontraba a cargo del Regimiento.

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SALTA Seguidamente cuestiona la conformación de la Sub-Área 322-1 cuya jefatura le fue endilgada a su representado -lo que fue negado por R.E.-, basándose en el contenido del libro “Sobre Áreas y Tumbas” de F. y J.M. sin que exista ningún otro respaldo documental. Expresa que el informe resulta poco fidedigno toda vez que la fuente de esta información resulta F.M., ex Capitán del Ejército, quien es coautor del libro “El Escuadrón Perdido”, junto a J.L.D.M. a quienes Ríos Ereñú les inició una demanda civil que tuvo resultado favorable en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2007.

    Expone que las medidas probatorias por las cuales se podría comprobar la versión de su representado fueron negadas sistemáticamente en el curso de la instrucción. Añade que estas medidas también fueron solicitadas en el marco de otros dos expedientes, N° 740/04 y 477/07, sin que fueran proveídas. Reitera que no existió en todo el país una Sub Área y alude a diversas reglamentaciones mediante las cuales se puso en funcionamiento la lucha contra la subversión.

    Afirma que el Regimiento de Monte 28 era una unidad orgánica de la Brigada I V sin participación en la lucha contra la subversión en la provincia de Salta y que no tenía control operacional sobre Gendarmería Nacional y la Policía Provincial de Tartagal por no tener en la ciudad ningún problema subversivo y ser sólo responsable de la sede del Regimiento que dependía de Tucumán, a cargo del G.. B..

    Alega que tampoco se constituyó ninguna Comunidad Informativa en el RIM 28 Tartagal, ni participó personal del mismo en la Comunidad Informativa existente en Salta, lo que podría acreditar J.C.A. si se le recibiese declaración testimonial en autos.

    Expresa que por las contradicciones existentes entre las declaraciones de M. y Ríos Ereñú, solicitó un careo, medida procesal a la que M. se negó.

    Refiere que R.E. solicitó que hubiese un solo conducto para recibir pedidos, informaciones, etc, por parte del Jefe del Área 322 las que deberían ser reclamadas ante el C. de Brigada I V quien a su vez, las haría llegar a la Unidad si lo estimaba adecuado. Menciona que su asistido nunca recibió una orden que tuviera origen en el Jefe de Área o del Destacamento Inteligencia de la Provincia de Salta.

    Señala que la Unidad no disponía de efectivos ni de medios para cubrir las necesidades operativas que involucraba tal responsabilidad. Tan es así que para cumplir la misión de seguridad y control en la localidades de Tartagal, V. y General Mosconi, el Regimiento 28 pidió el apoyo de Y.P.F. de tres camionetas para el transporte de efectivos.

    Menciona que el RIM 28 Tartagal no desarrolló lucha contra la subversión en la Provincia de Salta, que sólo participó en la Zona de la Provincia de Tucumán y que su tarea era ejercer alternativamente la Jefatura de la Fuerza de Tareas “IBATIN” en la ZO “Independencia”.

    Sostiene como una prueba más de la no dependencia del...

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