Sentencia de Sala A, 2 de Septiembre de 2013, expediente FRO 032000575/2012/24/CA005

Fecha de Resolución 2 de Septiembre de 2013
EmisorSala A

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A FRO 32000575/2012/24/CA5 Nº 279-P-I Rosario, 2 de septiembre de 2013.-

Visto, en Acuerdo de la Sala "A", el expte. Nº 32000575/2012/24/CA5 caratulado: "M.G.J.; R.E.O.;T., C.E.;L.M.C.; G.T., M.Á.;F., L.R.;N., L.D.;N., O.D.; Á. D.; F.A.S.;B., F.D.;R., D.C.;B.M.Á.;D., J.M.;L., C.V.;O., H.A.; L.J.A. en autos ‘B. y Otros s/

Infracción Ley 23.737’" (originario Juzgado Federal Nº 3 de esta ciudad, Secretaría “B”), del que resulta que:

Vienen los autos a conocimiento del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de: M. Á. B., G.J.M. a fs. 877/884; de D.

  1. R. a fs. 930/936; de E.O.R. a fs. 930/936 y M. Á. G.T.

    a fs. 937/954; de A.S.F. a fs. 937/954; de C.E.T. a fs.

    937/954; de J.A.L. a fs. 937/954; de F.D.B. a fs.

    877/884; de C.

    V. L. a fs. 911/918, contra el auto Nº 340 de fecha 19 de abril de 2013 obrante a fs. 759/777 que resolvió:

    1) Ordenar el procesamiento con prisión preventiva de J. A.

    L., F.D.B., C. E. T. C.

    V. L. y J.M.D., por considerarlos coautores del delito previsto por el artículo 5º, inc. c) de la ley 23.737 (en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización) agravado por el artículo 11, inc. c) de la misma ley, sin perjuicio que respecto de D. debe estarse a lo resuelto por auto Nº 281 dictado en el incidente de prisión domiciliaria. 2) Ordenar el procesamiento sin prisión preventiva de M. Á. G.T., A. S F, M. Á. B., G.J.M., C.D.R. y E.O.R. por considerarlos coautores del mismo delito y su agravante. También apeló esta resolución el Fiscal de primera instancia, a fs. 1078/1091 y 1062/1077 con relación a que no se dictó la prisión preventiva de B., M. y R.. También a fs. 819/821 la defensa oficial impugnó las cauciones de $12.000 impuestas por el Juez para conceder la soltura de M. Á. G.T., A.S.F., G. J.

  2. y E.O.R..

    La defensa particular de D., B., B. y M., señaló al apelar la resolución de mérito que con relación a la primera sólo se han tenido en cuenta mensajes y escuchas que no tienen ningún valor probatorio, que existen comentarios de la nombrada que dan cuenta que no tiene ninguna vinculación con algún negocio ilícito. Que sólo se la involucra por ser la madre de los hijos del principal investigado O.. Con relación a M. señaló que como bien lo destacó el J. ni siquiera surge su nombre de las investigaciones previas ni en escuchas telefónicas por lo que no se lo puede considerar autor de los delitos que se le imputan. Que tampoco se ha establecido qué grado de participación tuvo en la organización. Expresó que tampoco hay elementos probatorios suficientes que involucren a B. y B.. Se quejó respecto de las calificaciones legales aplicadas por el tribunal alegando que la cantidad del material secuestrado y la forma en la que fue presuntamente encontrado no coincide con la calificación seleccionada. También fundamentó, con jurisprudencia y doctrina aplicables, sobre la errónea (a su entender) aplicación de la prisión preventiva a B. y D..

    La defensa particular de C.

    V. L.

    calificó el resolutorio como arbitrario y desajustado al derecho vigente, señalando que se han forzado pruebas para incriminar a su defendida y de esta forma privarla de su libertad. Criticó que se haya dictado su prisión preventiva y no la de otros imputados sin justificación al respecto.

    Calificó al fallo como nulo por resultar carente de fundamentación y contradictorio, y que en lo que respecta a su asistida sólo se basa en un mensaje de texto que la Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A FRO 32000575/2012/24/CA5 involucraría en la organización. Insistió en que se decretó

    el procesamiento de todos los imputados dictándose el arresto de unos y de otros no, sin dejarse aclarado el por qué de tal distinción entre los encartados. En definitiva, destaca que se agravia por la prisión preventiva dispuesta y tiene en cuenta que su defendida estaba en su domicilio a pesar de que sabía que iba a ser allanado, cuando según, dice, la “experiencia” del Tribunal debía haberse dado a la fuga.

    La defensa oficial, en nombre de los imputados A.S.F., C.D.R. y E.O.R., refirió que, R., apareció en la investigación a tan sólo diez días que se produjeran los allanamientos, lapso que deviene insuficiente como para atribuirle participación en la organización y venta de estupefacientes. Que en lo que respecta a lo secuestrado en su domicilio no puede obviarse que éste se encontraba desocupado al ser allanado y que los testigos ingresaron en forma posterior al personal policial, lo que arroja un manto de duda sobre la existencia de la droga incautada en su casa.

    Alegó que tampoco le resulta aplicable la agravante figura ya que no se ha acreditado la estabilidad de los integrantes ni la relación entre ellos. Que tampoco resulta relevante el hecho indicado por personal policial con relación a que su defendido ya había sido detenido anteriormente por tráfico de estupefacientes ya que esto demuestra una intencionalidad de la preventora en involucrarlo en la organización. Respecto de la situación de R. destacó que únicamente se lo procesó por encontrarse en un lugar en que se secuestró droga, aunque no fue sindicado ni en las investigaciones previas ni en las escuchas telefónicas. Destacó que se le atribuyó la tenencia de 19 grs. de droga y que en virtud de haberse encontrado envoltorios del mismo color que los hallados en otros domicilios allanados, se concluyó en que participaba de alguna forma en la banda delictiva investigada, a lo que califica como un despropósito mayúsculo. Con relación a su defendida A.S.F. destacó la misma situación fáctica descripta con respecto a R., sobre todo en cuanto a que no se encontraba mencionada en las investigaciones previas ni en las escuchas telefónicas, resaltando que las circunstancias tenidas en cuenta por el J. no resultan idóneas para fundar el dolo de tráfico y menos aún la organización para el comercio de estupefacientes.

    La defensa de C.E.T. y J.A.L., a cargo del Defensor Público Oficial, destacó que la intervención telefónica, que involucra al primero de los nombrados, es irregular en tanto no se ha demostrado que las conversaciones que comprometerían a su defendido provengan de un aparato de su titularidad. Alegó que esta incertidumbre permite considerar que no existen elementos que conlleven a afirmar que el autor de las supuestas llamadas y mensajes de texto corresponden a su asistido. Aun así, argumentó que la intervención telefónica ordenada por el Juez careció de la debida fundamentación exigida por la norma procesal ya que no se avizoran elementos serios que justifiquen la intromisión en el ámbito privado, por lo cual peticionó, en definitiva, la nulidad del auto recurrido en el punto. Respecto de la situación procesal de J. A. L. también destacó

    irregularidades con relación a las escuchas telefónicas, ampliando sus apreciaciones en cuanto al elemento objetivo del tipo penal, que consideró no se encuentra acreditado. Por lo demás, señaló que tampoco se ha determinado que hubiese algún tipo de estructura jerárquica, organización o distribución o la existencia conocida de un centro de decisiones de sus asistidos, lo que justificaría la Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A FRO 32000575/2012/24/CA5 imposición de la agravante que cuestiona, en referencia a la aplicación del artículo 11, inc. c) de la ley 23.737.

    También la Defensa Pública Oficial apeló

    el resolutorio del juez con relación a M. Á. G.T.. Con relación a este imputado el recurrente señaló que sólo se ha dictado su procesamiento por encontrarse en un lugar en el cual se secuestró droga sin la existencia de ningún otro elemento que corrobore su participación en los hechos investigados. Que no existe ninguna información de la que surja que su defendido forma parte de la organización descubierta, ni constancias de llamadas telefónicas o mensajes de texto. Tampoco como integrante de una “clara distribución de tareas y funciones para delinquir” tal como lo señalase un miembro de la prevención. También encaminó sus quejas al hecho de que la ultra-intencionalidad no se encuentra demostrada.

    Por su parte, el Fiscal de primera instancia apeló que no se ordenara, junto con los procesamientos, la prisión preventiva de los imputados R., B. y M. destacando, en primer lugar, la gravedad de los hechos que se les imputaran, y detallando, en cada caso, las consideraciones por las que entiende que existe peligrosidad procesal sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de droga secuestrada, el resultado de las...

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