Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 11 de Mayo de 2022, expediente FBB 022000093/2012/TO01/9/CFC002

Fecha de Resolución11 de Mayo de 2022
EmisorCAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1

Sala I- CFCP

FBB 2000093/2012/TO1/9/CFC2

PIPKIN, W.A. y otro s/ recurso de casación

Cámara Federal de Casación Penal Registro nro.: 521/22

Buenos Aires, 11 de mayo de 2022.

AUTOS Y VISTOS:

Integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores A.M.F.-.-, M.H.B. y J.C.G.-.-, reunidos de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y 5/21 de esta Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), para decidir acerca de la admisibilidad del recurso de casación interpuesto en el presente legajo FBB 22000093/2012/TO1/9/CFC2 del registro de esta Sala I, caratulado: “P.W.A., DI

MEGLIO, R. s/recurso de casación”.

Y CONSIDERANDO:

  1. ) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, en fecha 15 de septiembre de 2020,

    resolvió: “DENEGAR LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA

    solicitada en favor de R.D.M., en virtud de la oposición desarrollada por el Ministerio Público Fiscal”

    (destacados presentes en el original).

  2. ) Que, contra esa decisión, el defensor público oficial de R.D.M. interpuso recurso de casación en favor de la nombrada, el que fue concedido por el tribunal a quo.

  3. ) La defensa fundó su presentación en los términos de ambos incisos del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y manifestó que la decisión del tribunal es arbitraria.

    Fecha de firma: 11/05/2022 1

    Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

    Firmado por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

    Luego de recordar los antecedentes del caso,

    sostuvo en primer lugar que la postura asumida por la anterior intervención de la Sala I de esta Cámara Federal de Casación Penal implicó comprometer la responsabilidad del Estado Argentino, en tanto “…el derecho al recurso impacta en la tarea del juez de casación como garantizadora de los derechos fundamentales del imputado”.

    Afirmó que la intervención de Casación no se trata de “…

    introducir meramente una instancia más del proceso cuyo fin y objetivos son sólo formales, ya que al final, en todos los casos lo que se procura al arribar a dicha instancia no halla pábulo en razones lógicas o de costos profesionales, sino para que el afectado agote todas las etapas previstas en la legislación a su favor”. Citó

    jurisprudencia en abono de su postura.

    Luego, en lo que hace al tema a resolver, afirmó

    que la decisión recurrida es arbitraria pues deniega la aplicación de la suspensión de juicio a prueba omitiendo analizar los fundamentos de la oposición esgrimida por el Fiscal. Así, afirmó que “En ese sentido, referir que ha superado el control de logicidad, sin evaluar el dictamen de la acusación, convierte a dicho control en aparente. Se añade sin más, que la oposición tiene carácter vinculante para el Tribunal. Pero el caso, es que no obra desarrollado el fundamento, ni la hermenéutica que le permitió al Juez arribar a tal conclusión y que lo lleva a sostener el por qué el representante de la vindicta pública ha superado dicho recaudo”. En ese orden de ideas,

    manifestó que “el resolutorio atacado se restringe a indicar al dictamen fiscal como vinculante para el tribunal, minimizando el hecho de que existen limitaciones legalmente impuestas, como por ejemplo requisitos de procedencia y admisibilidad estipulados en el art. 76 bis 2

    Fecha de firma: 11/05/2022

    Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

    Firmado por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

    Sala I- CFCP

    FBB 2000093/2012/TO1/9/CFC2

    PIPKIN, W.A. y otro s/ recurso de casación

    Cámara Federal de Casación Penal del Código Penal, dentro de las cuales la actuación del Ministerio Público debe estar circunscripta y cuya observancia, logicidad y adecuación al caso concreto corresponde al órgano judicial controlar en el supuesto”.

    Por otra parte, se agravió por considerar que la sentencia recurrida es una remisión a la decisión de esta Cámara pero que “El criterio asumido por el Magistrado,

    afecta la garantía de independencia judicial, que constituye el nexo para asegurar la imparcialidad de las decisiones de los jueces. Al respecto la doctrina ha sentado que la independencia judicial no es un fin en sí

    mismo, sino un medio para garantizar la imparcialidad. En el supuesto, es la independencia judicial – en la faz interna- la que se vislumbra conculcada, toda vez que, el propio Magistrado alude que deja a salvo su opinión sobre el alcance jurisdiccional de la decisión que entiende constreñida por el Superior. El último señalamiento da pábulo a la concreta afectación de la imparcialidad con la que se decidió el caso, vicio que derrama en su invalidez”.

    Aunado a ello, sostuvo que en el caso se encuentran reunidos los requisitos para suspender el juicio a prueba a R.D.M., corresponder anular la decisión recurrida y dictar una acorde a derecho. Ello, aún más, considerando que los hechos imputados datan del año 2005 la aplicación del instituto alterno a la solución punitiva estatal se impone pues resulta razonable la aplicación del derecho que se reclama a la luz de la garantía de plazo razonable.

    Finalmente hizo expresa reserva del caso federal.

    Fecha de firma: 11/05/2022 3

    Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

    Firmado por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

    La señora jueza doctora A.M.F. dijo:

  4. ) Previo a ingresar al análisis de los agravios planteados por el recurrente, cabe recordar que el hecho que se le imputa a R.D.M. en las presentes actuaciones ha sido calificado como el delito de insolvencia fiscal fraudulenta, previsto por art. 10 de la ley 24.769,

    Concretamente, surge del procesamiento de P. y de Di Meglio “…a modo de síntesis, considero que mediante las distintas acciones expuestas en la presente,

    entre las cuales podemos destacar la transferencia de fondos y bienes de la sociedad fallida y de sus miembros a otras personas jurídicas sin que se haya demostrado el sustento de esas transferencias en operaciones reales, los socios y administradores de las sociedades involucradas,

    que se encuentran vinculadas por quienes poseen el carácter de tales, buscaron confundir y ocultar intencionalmente al fisco el estado patrimonial de la firma SARASOTA CORP S.R.L. imposibilitando el accionar de la AFIP y frustrado así el cumplimiento de las obligaciones fiscales en cuestión, con conocimiento de las deudas fiscales que la firma poseía con la AFIP,

    presentándose entonces los supuestos requeridos para la configuración del tipo penal establecido en el art. 10 de la ley 24.769. Asimismo, los imputados buscaron disminuir y hacer inexistentes sus patrimonios personales,

    transfiriendo sus bienes a una sociedad anónima, en vistas a una posible persecución económica de dichos patrimonios por parte del organismo acreedor.”.

  5. ) Tal como fue recordado en la anterior intervención de esta Cámara, de las constancias de las presentes actuaciones, surge que, una vez radicado el expediente en la instancia oral, los imputados W. 4

    Fecha de firma: 11/05/2022

    Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

    Firmado por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

    Sala I- CFCP

    FBB 2000093/2012/TO1/9/CFC2

    PIPKIN, W.A. y otro s/ recurso de casación

    Cámara Federal de Casación Penal A.P. y R.D.M., con la asistencia del señor Defensor Oficial, Dr...

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