Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Diciembre de 2019, expediente FBB 022000093/2012/TO01/9/CFC001

Fecha de Resolución 9 de Diciembre de 2019
EmisorCAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1 FBB 22000093/2012/TO1/9/CFC1 REGISTRO N° 2139/19 la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 9 días del mes de diciembre de 2019, se reúne la S. I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el señor juez Diego G.

Barroetaveña como P., y los señores jueces D.A.P. y A.M.F. como Vocales, asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos por la querella AFIP-DGI y por la defensa oficial de W.A.P. en el presente legajo nº FBB 22000093/2012/TO1/9/CFC1 del registro de esta S., caratulado “PIPKIN, W.A. y otra s/recurso de casación”, de cuyas constancias RESULTA:

  1. ) Que el día 6 de diciembre de 2018 el juez de cámara O.E.A., integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, resolvió: “(…) 2do.) DENEGAR LA SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA solicitada por el señor Defensor Oficial respecto a W.A.P. (art. 76 ter. último párrafo del CP). 3ro.) CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA respecto de ROSANA DI MEGLIO por el término de dos (2) años siempre que la nombrada cumpla con las siguientes condiciones: a) Fijar residencia y someterse a la Dirección de Control de Asistencia y de Ejecución Penal y realizar según la frecuencia que indique la institución que se designe (art. 27 bis inc.

    Fecha de firma: 09/12/2019 Firmado por: DIEGO G. BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: D.G.B., JUEZ CAMARA FEDERAL CASACION PENAL Firmado por: D.A.P., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA #33122872#251454787#20191209103933589 1ro.) y 76 ter, primer párrafo, CP.); b) Realizar noventa y ocho (98) horas de tareas no remuneradas en el término de la suspensión en la institución que aquel organismo designe, fuera de sus horarios habituales de trabajo. 4to.) TENER por cumplida la reparación del daño causado (…)” (fs. 7/9, el resaltado corresponde al original).

    Contra los puntos dispositivos 3ro. y 4to. de aquél resolutorio impetraron recurso de casación las Dras. M.A.G., C.D.Á. y M.L., en nombre y representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos –

    Dirección General Impositiva (AFIP-DGI), querellante en autos (confr. fs. 17/25vta.).

    Por su parte, contra el punto dispositivo 2do.

    de ese pronunciamiento interpuso recurso de casación el Dr. J.I.P.C., Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahia Blanca, en representación de W.A.P. (confr. fs. 11/16).

    Los mentados remedios procesales fueron concedidos a fs. 26/29 y mantenidos ante esta instancia a fs. 36 y 40/vta.

  2. ) La querella encuadró su pretensión en las previsiones del inciso primero del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación (en adelante C.P.P.N.), pues atribuyó a la resolución cuestionada la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva al haber dispuesto suspender el juicio a prueba respecto de R.D.M., por el término de dos Fecha de firma: 09/12/2019 Firmado por: DIEGO G. BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: D.G.B., JUEZ CAMARA FEDERAL CASACION PENAL Firmado por: D.A.P., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA #33122872#251454787#20191209103933589 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1 FBB 22000093/2012/TO1/9/CFC1 años, y considerar razonable la reparación del daño ofrecida.

    En primer lugar, aclaró que la legitimación impugnaticia de esa parte se encuentra fuera de toda discusión, en tanto el reconocimiento de su legitimación legal para actuar en juicio (cnfr. art. 82 del C.P.P.N.) involucra, al amparo de la garantía constitucional del debido proceso legal, el derecho a recurrir el auto impugnado en su calidad de acusador privado para hacer efectivo su derecho a una tutela judicial efectiva. Agregó que el reconocimiento de ese derecho es conteste con el que se encuentra plasmado en los artículos , 8º, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

    Sentado ello, alegó que el Tribunal de mérito, para resolver del modo en que lo hizo, se apartó de la oposición fundada expuesta por el representante del Ministerio Público F., sin haber efectuado un control de logicidad y fundamentación alguno respecto de esa opinión, siendo el acuerdo fiscal condición para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis del Código Penal –en adelante C.P.-).

    Precisó que el carácter vinculante de la oposición fiscal deriva de que a esa parte le incumbe la promoción y el ejercicio de la acción pública por mandato del art. 120 de la Constitución Nacional (en adelante C.N.), del propio código de rito y de la ley orgánica del referido Ministerio.

    Por otro lado, indicó que el a quo tomó como momento consumativo del hecho la declaración de quiebra Fecha de firma: 09/12/2019 Firmado por: DIEGO G. BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: D.G.B., JUEZ CAMARA FEDERAL CASACION PENAL Firmado por: D.A.P., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA #33122872#251454787#20191209103933589 en el año 2012, pero omitió considerar que a esa fecha resultaba plenamente aplicable lo dispuesto por el último párrafo del art. 76 bis del C.P. incorporado por la ley 26.735.

    Aunado a ello, refirió que el Tribunal Oral, al tener por cumplida la reparación del daño, no ha efectuado un análisis de razonabilidad del ofrecimiento en cuestión que exige la mencionada norma, teniendo en consideración el perjuicio a la hacienda pública ocasionado por el delito que constituye el objeto de la presente causa.

    Sobre esa cuestión, agregó que conforme surge del informe socio ambiental obrante a fs. 1201 y de los dichos de la propia defensa, la imputada lleva un nivel de vida superior a la media y, en consecuencia, cuenta con posibilidades de reparar los daños ocasionados al erario público, las cuales no fueron adecuadamente valoradas por el magistrado del Tribunal de la anterior instancia.

    Remarcó que el resarcimiento ofrecido por la defensa no satisface la finalidad que buscó el legislador, pues el hecho de tener por resarcido el daño a través de un pago realizado por el esposo de la encausada D.M. y no por ella, demuestra que la nombrada no está llevando adelante el esfuerzo que exige la norma para reparar el perjuicio ocasionado por el delito.

    Hizo reserva del caso federal.

  3. ) Por su parte, la defensa de W.A.P. encarriló la impugnación en las causales Fecha de firma: 09/12/2019 Firmado por: DIEGO G. BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: D.G.B., JUEZ CAMARA FEDERAL CASACION PENAL Firmado por: D.A.P., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA #33122872#251454787#20191209103933589 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1 FBB 22000093/2012/TO1/9/CFC1 previstas en los incisos primero y segundo del art. 456 del C.P.P.N.

    Alegó que el fallo recurrido no siguió los lineamientos del precedente “A.“(Fallos 331:858), en tanto correspondía hacer una exégesis del art. 76 bis y sgtes. del C.P. para dotar al instituto de mayor operatividad posible, en consonancia con el principio pro homine.

    En este sentido, indicó que el Tribunal de la anterior instancia realizó una errónea interpretación de lo normado por el art. 76 ter anteúltimo párrafo del C.E., en tanto el antecedente penal que su defendido registra ante el Tribunal en lo Criminal nro.

    2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca (causa nro.

    223-07 de ese registro), en el marco del cual se le concedió la suspensión del proceso a prueba con fecha 8 de septiembre de 2008, se halla en concurso real con el ilícito tratado en el expediente de marras, razón por la cual procedería la concesión de la probation solicitada por aplicación de lo normado por el art. 76 bis, segundo y cuarto párrafo, del C.P.

    Por otra parte, señaló que si respecto de la imputada D.M. se estimó suficiente la reparación del daño ofrecida, tal conclusión es trasladable sin hesitación a P., al igual que las reglas de conducta impuestas a la nombrada.

    Finalmente, hizo reserva del caso federal.

  4. ) En la oportunidad prevista en los arts.

    465 cuarto párrafo y 466 del C.P.P.N. se presentaron a fs. 44/51vta. la señora Defensora Pública Oficial ante esta Cámara, doctora L.B.P., a fs.

    Fecha de firma: 09/12/2019 Firmado por: DIEGO G. BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: D.G.B., JUEZ CAMARA FEDERAL CASACION PENAL Firmado por: D.A.P., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA #33122872#251454787#20191209103933589 52/56 el señor F. General ante esta instancia, doctor M.A.V., y a fs. 57/59 la Dra.

    M.A.G., en nombre y representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos –

    Dirección General Impositiva (AFIP-DGI).

    1. El señor F. General ante esta instancia, en primer lugar alegó que el consentimiento fiscal es requisito sine qua non para la concesión de la suspensión del juicio a prueba y que la oposición fiscal a tal concesión es vinculante para el Tribunal conforme lo normado por el art. 76 bis del C.P.

      Explicó que el consentimiento al que hace referencia la norma constituye un caso de regulación de la promoción y ejercicio de la acción penal constitucionalmente asignado al Ministerio Público F. conforme el art. 120 de la C.N.

      Asimismo, resaltó que el Tribunal a quo no realizó el examen de logicidad y razonabilidad de la...

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