Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Mayo de 2018, expediente CFP 006204/2011/8

Fecha de Resolución30 de Mayo de 2018
EmisorCAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 6204/2011/8 CCCF - Sala I CFP 6204/11/8/CA3 “S., S.M. y otros s/ procesamiento y embargo”

Juzgado n° 8 - Secretaría n° 16 Buenos Aires, 30 de mayo de 2018.-

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

I.

Motivan esta nueva intervención del Tribunal los recursos de apelación introducidos por las defensas de: A.C.F. -fs 413/23-, J.F.L. -fs 387/95-, D.A.N. -fs 308/10-, S.K.N. -fs 410/2-, C.C. y C.F. -fs 372/4-, S.M.S. -fs 319/29-, P.G.S. -fs 296/304- y H.M.P. de Bonafini -fs 361/71-, contra la resolución de fecha 15 de mayo de 2017 a través de la cual el juez de la anterior instancia dictó

sus procesamientos en orden al delito de defraudación en perjuicio de una administración pública -en calidad de coautores, en el caso de los seis primeros, y de partícipes necesarios, a los tres restantes- (art. 174 inciso 5, en función del art. 173, inciso 7 del Código Penal). Los defensores de L., F., los hermanos S. y D. y S.N., también impugnaron el embargo trabado sobre los bienes de cada uno de ellos -por la suma de doscientos cincuenta millones de pesos, en el caso de los cuatro primeros, y por el monto de ciento cincuenta mil pesos y setenta y cinco mil pesos, respectivamente, para los dos restantes-.

Asimismo, las defensas de A.A.G. -fs 354/9-, G.A.S. -fs 333/6-, José

Fernando Caparrós Gómez -fs 280/91-, E.O.R. -fs 345/53-, H.O.G. -fs 339/44-, D.L. -fs 375/86-, M.C. -fs 305/7-, M.M. -fs 330/2-, Fecha de firma: 30/05/2018 Firmado por: M.I., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: T.M.V., Secretaria de Camara #29962746#207672066#20180530122826182 P.J.S. y A.D.B. -fs 337/8-, E.M.G. -fs 292/5- y G.G. -fs 396/409-, impugnaron dicho pronunciamiento en cuanto dictó sus procesamientos en orden al delito de lavado de activos (art. 278 inciso 1° a del Código Penal) y decretó embargo sobre los bienes de cada uno de ellos por la suma de doscientos cincuenta millones de pesos -salvo los defensores de G. y G.-.

Por último, la Unidad de Información Financiera -organismo que ejerce el rol de parte querellante en este proceso-

impugnó la falta de mérito decretada a S. y P.S., H. de Bonafini y C.T., en orden a los hechos vinculados con los convenios n° 41 y 42 del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y a J. de V., en orden al suceso que el a quo calificó como defraudación en perjuicio de una administración pública -fs 311/8-.

II.

En su escrito de apelación, el Dr. H.F., en representación de S.S., planteó, en primer lugar, la nulidad de la intimación cursada a su asistido al momento de ser oído en declaración indagatoria, alegando la falta de precisión del hecho allí descripto. Seguidamente, postuló la nulidad del procesamiento por violación al principio de congruencia, argumentando que la posible existencia de sobreprecios en las obras adjudicadas a la Fundación no fue incluida en aquella intimación. También formuló un planteo de nulidad sobre la base de la pretendida “sistemática denegatoria” de las medidas de prueba sugeridas por esa parte, invocando una afectación al derecho de defensa en juicio.

En forma subsidiaria, cuestionó la valoración de la prueba efectuada por el juez de la anterior instancia, a la que calificó

de arbitraria e intentó rebatir las conclusiones a las que aquél arribó.

Sintéticamente, afirmó que la contratación directa no sólo encontraba sustento legal válido, sino que además se justificaba en la modalidad de ejecución de las obras y, fundamentalmente en la trayectoria de la Fecha de firma: 30/05/2018 Firmado por: M.I., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: T.M.V., Secretaria de Camara #29962746#207672066#20180530122826182 Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 6204/2011/8 Fundación en el ámbito de la promoción de los Derechos Humanos.

Destacó que las obras comprometidas fueron realizadas en su totalidad, y que los avances físicos y financieros mantuvieron correspondencia y sostuvo que el juez ha “inventado” la existencia de sobreprecios, apoyándose en presunciones que no poseen sustento en los antecedentes de la causa, y omitiendo el hecho de que el peritaje llevado a cabo por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que concluyó que los costos se correspondían con los valores de mercado. Expuso el letrado que la totalidad de los ingresos a la Fundación estaban justificados, circunstancia que motivó el dictado de falta de mérito a todas las autoridades locales que suscribieron los certificados de obra correspondientes y criticó que el juez haya valorado las operaciones de la Fundación sin haber determinado el origen de los fondos en cuestión, incumpliendo las directivas trazadas expresamente por esta Sala, en una anterior intervención. Siguiendo esa misma línea, afirmó la inexistencia de perjuicio al Estado pues los fondos aplicados a las operaciones aquí

investigadas ya no le pertenecían. Expuso que, a su criterio, resultaba absurdo afirmar una defraudación al Estado mediante operaciones de una entidad privada, con fondos adquiridos legítimamente y propios de su actividad. Concluyó que no podía existir defraudación alguna si las obras a las que la Fundación se comprometió fueron realizadas, y si existe correspondencia entre los certificados de obra y el dinero erogado por el Estado.

Por último, y en forma subsidiaria, tildó de desproporcionado el monto del embargo trabado sobre sus bienes.

A su turno, la defensora oficial, Dra. Florencia Plazas, en representación de P.G.S., afirmó

la inexistencia de elemento de prueba alguno que permita afirmar que el nombrado haya llevado a cabo un aporte necesario a la conducta materia de investigación, resaltando que aquél carecía de facultades para comprometer la voluntad de la Fundación, y que no tuvo Fecha de firma: 30/05/2018 Firmado por: M.I., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: T.M.V., Secretaria de Camara #29962746#207672066#20180530122826182 injerencia alguna en la firma de los convenios que aquí se investigaron.

Criticó, además, que la situación de su defendido hubiera sido evaluada en forma conjunta con la de su hermano S., cuando su intervención fue diferente, pues aquél sí contaba con poder suficiente para comprometer la voluntad de la Fundación y fue quien suscribió los convenios. Sobre esa base, invocó una afectación al principio de culpabilidad, que impide castigar a alguien por un hecho ajeno.

En otro orden, reiteró que al momento de prestar declaración indagatoria su pupilo explicó las razones en virtud de las cuales se utilizó su cuenta bancaria -se había inhabilitado la cuenta de la Fundación- y hasta propuso diligencias probatorias tendientes a comprobar tal extremo, las que no fueron producidas por el juzgador, circunstancia que constituía una violación a lo normado por el artículo 304 del Código Procesal de la Nación. Agregó que las operaciones llevadas a cabo por las firmas Habemus S.A. y L. no estaban relacionadas con la hipótesis que se le atribuyó a su pupilo.

Seguidamente, sostuvo que aún de verificarse un supuesto de administración infiel en el seno de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, no resultaba de aplicación la agravante prevista en el artículo 174 inciso 5 del código sustantivo, pues la Fundación es un ente privado, al igual que los fondos que aquél administraba.

Vinculado con ello, indicó que los avances físicos de las obras realizadas se correspondían con los avances financieros percibidos, por lo que los fondos que ingresaron a la Fundación no fueron sino la contraprestación de las obras llevadas a cabo.

En forma subsidiaria, impugnó el monto del embargo impuesto por el a quo, señalando la ausencia de actor civil en este proceso, y el hecho de que la defensa de P.S. sea de carácter oficial.

El Dr. F.G. -defensor de José

Francisco López- postuló, en primer término, la nulidad del auto en Fecha de firma: 30/05/2018 Firmado por: M.I., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: T.M.V., Secretaria de Camara #29962746#207672066#20180530122826182 Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 6204/2011/8 crisis por deficiencias en su fundamentación, precisando que aquél adolece de un análisis de las pruebas colectadas en la investigación que expliquen la configuración del estado de probabilidad que es propio de dicho acto procesal.

Seguidamente, cuestionó que el a quo no hubiera tomado en cuenta el descargo desarrollado por su asistido, esencialmente en lo relativo a que el control de las obras correspondía a las jurisdicciones donde aquellas se realizaban. Reiteró que L. expuso que tras la renuncia de S.S. a la Fundación, ordenó la realización de una auditoría de la que surgió que el grado de terminación de las obras era el adecuado y que los avances físicos coincidían con los certificados de obra. Agregó que en virtud de no haber advertido desvío alguno, ordenó a las jurisdicciones que continuaran con las obras.

En otro orden, aclaró que la intervención del Estado Nacional se limitaba al otorgamiento de financiación y que el contacto inicial de la Fundación con las jurisdicciones se producía sin la injerencia de ningún funcionario nacional.

Indicó el letrado que el peritaje practicado por la Universidad de Buenos Aires permitió comprobar que los valores de las obras eran similares a los de mercado, por lo que la incertidumbre sobre el precio aludida por el a quo no era tal. Expuso que no existía prueba alguna que acreditara la existencia del supuesto acuerdo tácito entre el Ministerio y la Fundación y la pretendida imposición a las jurisdicciones de esa modalidad de contratación.

Concluyó que no había elemento probatorio que autorizara a afirmar el dolo por parte de su defendido.

En último lugar alegó la falta de fundamentación del decisorio en lo concerniente al embargo fijado por el juez, al que consideró excesivo...

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