Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Marzo de 2022, expediente CPE 001557/2014/TO01/7/CFC001

Fecha de Resolución30 de Marzo de 2022
EmisorCAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CPE 1557/2014/TO1/7/CFC1

REGISTRO N° 341/22

la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo de dos mil veintidós, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor M.H.B. como P. y los doctores J.C. y A.E.L. como Vocales, para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en la causa CPE 1557/2014/TO1/7/CFC1,

caratulada: “BIANCHETTI, E.W. s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

  1. El Tribunal Oral en lo Penal Económico n°

    3 de esta ciudad, con fecha 17 de septiembre de 2021,

    resolvió: “HACER LUGAR al planteo de excepción de falta de acción en los términos del art. 59 inc. 6to.

    del C.P. y en consecuencia DECLARAR EXTINGUIDA LA

    ACCION PENAL y SOBRESEER totalmente en la presente causa a E.W.B. (…), respecto del hecho por el que fuera requerido la elevación a juicio (arts. 59 inc. 6 del C.P. y 336 inc. 1ro. del C.P.P.N.)”.

  2. Contra dicha decisión, interpuso recurso de casación la parte querellante (AFIP-DGI), que fue concedido por el tribunal de procedencia, en cuanto a su admisibilidad formal, el 4 de octubre de 2021 y mantenido ante esta instancia.

  3. Los recurrentes canalizaron la impugnación a través del art. 456 inc. 1° del C.P.P.N., por considerar erróneamente aplicados los arts. 4 y 59 inc. 6° del C.P., a la vez que infringidas las garantías del debido proceso y de defensa en juicio.

    Afirmaron que era desacertado sostener que no hay una norma que excluya la posibilidad de instar la extinción de la acción penal por reparación integral en casos de delitos tributarios.

    Precisaron que “…si bien por el artículo 59,

    inciso 6° se establece un mecanismo de extinción de la acción penal de aplicación con carácter general, debe Fecha de firma: 30/03/2022

    Alta en sistema: 31/03/2022

    Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

    Firmado por: A.E.L., JUEZ DE CAMARA DE CASACION 1

    Firmado por: C.J.C., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

    Firmado por: M.F.O., PROSECRETARIO DE CAMARA

    tenerse presente que por el artículo 16, de la ley 24.769, se establece un régimen de extinción de la acción penal específico para los delitos tributarios”.

    Citaron precedentes jurisprudenciales en refrendo de sus dichos.

    Recordaron que el art. 4 del C.P. fijaba la aplicación de las disposiciones generales allí

    contenidas a delitos previstos en leyes especiales,

    pero con la salvedad de que esas últimas no dispusieran lo contrario. Indicaron que, bajo tal entendimiento, no se vulneraba el principio de legalidad ni la igualdad.

    En segundo orden, manifestaron que el objetivo de las normas fiscales cuya transgresión se imputaba a B., no era solo la recaudación,

    sino que incluía “…[el] mantenimiento del normal flujo de los ingresos (…) de la hacienda pública (…) al estar afectada la propia constitución del Estado (…) y (…) la sujeción de los particulares a los reglamentos fiscales y las normas tuteladas…”.

    Puntualizaron que, en el caso de conductas como la atribuida a B., “…lo que ha querido el legislador (…) no ha sido proteger únicamente el patrimonio o el erario público, sino que además lleva ínsito contenido de carácter social…”.

    Concluyeron que las características particulares del delito y los alcances del bien jurídico protegido, no permitían sostener que el pago de lo adeudado se equiparara a una reparación integral, por lo que solicitaron que se revocara el sobreseimiento dispuesto.

    Formularon reserva del caso federal.

  4. Durante el término de oficina previsto en los arts. 465 y 466 del C.P.P.N., realizaron presentaciones la defensa de E.W.B. y el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia.

    1. La defensa indicó que la vía recursiva estaba vedada para la AFIP-DGI, pues “ni la CADH ni el Fecha de firma: 30/03/2022

      Alta en sistema: 31/03/2022

      Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

      Firmado por: A.E.L., JUEZ DE CAMARA DE CASACION 2

      Firmado por: C.J.C., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

      Firmado por: M.F.O., PROSECRETARIO DE CAMARA

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      PIDCyP, se propusieron conceder un recurso al acusador estatal y menos aún a un organismo de recaudación de impuestos dependiente del Poder Ejecutivo (…).

      En este orden la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho en ‘A.’ (Fallos: 320:2145),

      luego de analizar el alcance del art. 8.2.h de la CADH

      (…) que solo ampara los intereses de la persona y que dicho término se refiere únicamente al ser humano”.

      Destacó que, en razón de no haber realizado su presentación en término luego de la vista conferida merced al art. 346 del C.P.P.N., el 12 de diciembre de 2018 se tuvo por decaído el derecho de la parte querellante a efectuar su acusación y añadió que “un órgano Estatal que demostró su falta de interés en el presente proceso penal pues cuando debía hacerlo no lo hizo (…) no es titular de dicha garantía”.

      Detalló que la restricción al ejercicio del poder estatal estaba comprendida entre las finalidades de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que, por tanto, dichos órganos y sus representantes no podían ampararse en los derechos y garantías allí

      reconocidos.

      Citó doctrina en sustento de su posición y pidió que el recurso fuera declarado mal concedido.

      En segundo lugar, planteó la ausencia de cuestión federal que habilitara la intervención de esta Cámara en términos del precedente de Fallos 328:1108 (“Di Nunzio”). Sostuvo que la decisión no era carente de fundamentos ni se vislumbraba el uso de afirmaciones dogmáticas, sino que el recurso se basaba en “…una mera discrepancia con la decisión adoptada por el tribunal oral interviniente”.

      Concluyó que, entender en tales condiciones,

      que existe habilitación para revisar el fallo cuestionado, implicaba afectar la garantía de imparcialidad del tribunal.

    2. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que debía hacerse lugar al recurso de casación y revocarse la decisión cuestionada.

      Fecha de firma: 30/03/2022

      Alta en sistema: 31/03/2022

      Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

      Firmado por: A.E.L., JUEZ DE CAMARA DE CASACION 3

      Firmado por: C.J.C., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

      Firmado por: M.F.O., PROSECRETARIO DE CAMARA

      Valoró que los institutos del art. 59 inc. 6°

      del C.P. no eran aplicables a todos los delitos, sino que, en aquellos casos en los que la cuestión relativa a la suspensión o extinción de la acción penal estaba prevista en normas especiales, debía estarse a esas reglas más específicas.

      Recordó la letra del art. 4° del C.P. y especificó que la ley especial de la materia regulaba el mismo aspecto que el art. 59 inc. 6°, pero con reglas particulares para acceder a la salida del proceso penal.

      Indicó que dar lugar a la reparación integral, supondría, en el caso, infringir el espíritu y la finalidad de la ley especial, que serían el reflejo de una decisión de criterio político-criminal.

      Detalló que el art. 59 inc. 6° del C.P. y el art. 16 de la ley 24.769 tenían igual jerarquía normativa y expresó que “tampoco se puede considerar que la modificación de la ley general posterior (art.

      59 del CP en el año 2015) derogó la ley especial anterior (art. 16 ley 24.769 –sancionada en 1996 y modificada en 2011-) ya que al conectar el criterio cronológico con el de especialidad se arriba a la vieja solución: ‘lex posterior generalis non derogat priori speciali’”.

      Consideró que la sucesión de leyes en el tiempo tampoco habilitaba a apartarse del régimen especial y aplicar el general, pues los sucesivos regímenes penales tributarios habían mantenido un sistema especial de extinción por pago.

      Estimó que el art. 59 inc. 6° era incompatible con la normativa penal tributaria,

      deviniendo esa característica del hecho de que “…el legislador ha considerado que sólo ante determinadas circunstancias debe concederse al imputado por la comisión de un delito tributario la posibilidad de extinguir la acción por pago, mientras que la aplicación del art. 59 inc. 6 no establece condicionamientos de tal índole. De lo expuesto se Fecha de firma: 30/03/2022

      Alta en sistema: 31/03/2022

      Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

      Firmado por: A.E.L., JUEZ DE CAMARA DE CASACION 4

      Firmado por: C.J.C., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

      Firmado por: M.F.O., PROSECRETARIO DE CAMARA

      Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

      CPE 1557/2014/TO1/7/CFC1

      deduce que, si la ley especial contiene disposiciones de solución de controversias aplicables a su contenido, aquélla prevalece sobre cualquier disposición de solución de controversias en la ley general”. Citó un precedente de esta Sala IV –con integración parcialmente diferente- que avalaría su posición.

      Sopesó que, dadas las especiales características de los delitos tributarios y el bien jurídico que se busca proteger con su sanción “…no en todos los casos el pago de la obligación tributaria y sus accesorias podrá configurar una reparación integral en el sentido de restablecer la situación vigente antes del acaecimiento del delito (ver art.

      1740 del Código Civil y Comercial de la Nación). En efecto, el perjuicio derivado de la comisión de un delito tributario no se ciñe únicamente a la cantidad defraudada sino que comprende el normal flujo de los ingresos y egresos de la hacienda pública, lo que excede el plano individual para afectar la capacidad financiera del Estado, que debe continuar cumpliendo con sus roles esenciales aun cuando los fondos respectivos no sean ingresados por el contribuyente”.

  5. Con fecha 21 de febrero del corriente año,

    se cumplieron las previsiones del art. 468 del C.P.P.N., oportunidad en la que presentaron breves notas la parte querellante y la defensa de Bianchetti.

    La querella reafirmó los argumentos desarrollados en el recurso de casación expresando que, de acuerdo al art. 4 del Código Penal, el...

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