Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Agosto de 2020, expediente FRO 018811/2019/7/CA001

Fecha de Resolución28 de Agosto de 2020
EmisorCAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL

1 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO – SALA B

Penal/Int.

Visto, en Acuerdo de la Sala “B” integrada el expediente nº

FRO 18811/2019/7/CA1 de entrada, caratulado “Legajo de Apelación en autos GALLARDO, R.P.; L., M.F.; SESSA, S. y otros por Infracción Ley 23.737, Infracción Art. 189 bis apartado (2) 1º

párrafo” (del Juzgado Federal de Rafaela, Secretaría Penal), del que resulta que:

Vinieron los autos a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación deducidos por el Dr. N.A.R.D., en ejercicio de la defensa técnica de R.P.G. (fs. 57 y vta.); el Dr. L.A., defensor de M.F.L. y M.A.G. (fs. 60/71 vta.) y el Defensor Público Oficial, Dr. E.M.C., en ejercicio de la defensa de S.S. (fs. 73/77), W.M.A. (fs. 84/89) y L.G.P. (fs. 90/95), contra la resolución del 10/12/2019 (fs. 38/52) en cuanto dispuso: a) el procesamiento con prisión preventiva de M.F.L. y M.A.G. como presuntas coautoras del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas para AL cometerlo –art. 5º, inc. c) y art. 11, inc. c), ambos de la ley 23.737 y b) impuso la prisión preventiva de R.P.G., S.S., Walter ICI

Manuel A.bornoz y L.G.P..

OF

Una vez formado el presente legajo se elevó a la alzada e SO ingresado en esta Sala “B” (fs. 101 y vta.), se integró el Tribunal de conformidad con lo dispuesto en Acordadas 340/2018 y 59/2019 CFAR y se fijó

audiencia en los términos del art. 454 del CPPN (fs. 108), la que se suspendió

en virtud de la feria extraordinaria dispuesta por la C.S.J.N. mediante Acordada 4/2020 (fs. 109) y posteriormente, ante el pedido de habilitación de feria formulado por el Dr. Cerda (fs. 110 y vta.), se reprogramó (fs. 111), oportunidad en la que el F. General, Dr. C.M.P. (fs. 112/115), la Fecha de firma: 28/08/2020

Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.V.V., SECRETARIA DE CAMARA

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Defensora Pública Oficial, Dra. R.G. (fs. 116/117) y el Dr.

L.A. (fs. 118/140) acompañaron minutas sustitutivas que se agregaron en autos. Con posterioridad a ello, se informó que el encartado R.P.G. actualmente está siendo asistido por el Defensor Público Oficial (fs. 142) y se fijó nueva audiencia en los términos del art. 454 del C.P.P.N., oportunidad en la que el F. General, la Defensora Pública Oficial y el Dr. A. acompañaron en forma digital memoriales sustitutivos, por lo que se labró el acta pertinente (fs. 144). Con posterioridad a ello, se advirtió que M.F.L. en la actualidad es representada por la Defensoría Pública Oficial, motivo por el cual se fijó nueva audiencia en los términos del art. 454 del CPPN (fs. 145), en la que se recibió memorial sustitutivo –en formato digital- acompañado por su defensa y se labró el acta correspondiente (fs. 146), por lo que quedó la causa en estado de ser resuelta.

El Dr. Pineda dijo:

  1. ) A. interponer el recurso, el entonces abogado defensor del encartado R.P.G., se agravió de la prisión preventiva que se le impuso, afirmando que su asistido no resulta peligroso para el proceso, lo que posibilita que acceda a una excarcelación, dado que no obstaculizará la investigación ni tampoco existe riesgo de que se fugue del proceso. Por otra parte, sostuvo que la participación criminal de su defendido en los hechos que se le atribuyen no es tal, siendo que los elementos probatorios reunidos son meros indicios que no acreditan su participación en el hecho.

  2. ) Por su parte, el Dr. L.A., por entonces a cargo de la defensa de las encartadas M.F.L. (quien actualmente es asistida por el Defensor Público Oficial) y de M.A.G., se agravió por considerar que el decisorio que ataca resulta arbitrario dado que no posee ningún basamento fáctico ni jurídico que lo sustente.

    En tal sentido, afirmó que la conducta que se les atribuye a las nombradas no se encuentra probada por ningún elemento incorporado a la Fecha de firma: 28/08/2020

    Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.V.V., SECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: A.P., JUEZ DE CAMARA

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    causa. Indicó que de las escuchas telefónicas obtenidas no puede inferirse su vinculación con los hechos que se pesquisan; que respecto de M.G. a criterio del recurrente se encuentra acreditado que trabaja en la venta de ropa, resultando una interpretación forzada la efectuada por el magistrado instructor en el decisorio que se revisa.

    Respecto de L., afirmó que no existe ninguna comunicación telefónica que la comprometa; que durante el allanamiento realizado en su domicilio se secuestró una pequeña cantidad de droga que tenía por destino el consumo personal de su asistida y su pareja.

    Afirmó que el magistrado instructor para decidir no tuvo en cuenta los dichos de sus asistidas al ampliar sus declaraciones indagatorias ni tampoco lo declarado por la testigo S. que ratificó los dichos de las nombradas.

    Indicó que las escuchas telefónicas no arrojan ninguna sospecha relativa a alguna actividad ilícita por parte de sus defendidas; se agravió de que también se las haya procesado por la agravante numérica prevista en el art. 11 inc. c) de la ley 23.737, dado que en el caso dicha cuestión fue resuelta de manera automática e infudada, dado que no se AL estableció cuál es el rol específico que tendrían en la organización, ni se discriminó cuál es la función que desarrollaría cada uno de sus integrantes.

    ICI

    Por otra parte, refirió que tampoco se encuentra acreditado el OF

    dolo específico requerido por la figura por la que se las procesó, dado que el SO hecho de que se haya encontrado droga en un domicilio no posibilita tener por probado la finalidad de esa tenencia.

    Asimismo, se agravió de la prisión preventiva que se les impuso, dado que en el caso sus defendidas dieron cuenta de suficiente arraigo, demostraron sus medios lícitos de vida, cuentan con domicilio conocido y carecen de antecedentes penales. Afirmó que en ningún momento sus clientas quisieron eludir la acción de la justicia, motivo por el cual nada les Fecha de firma: 28/08/2020

    Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.V.V., SECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: A.P., JUEZ DE CAMARA

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    impide transitar el proceso en libertad. Respecto de las medidas probatorias que se encuentran pendientes de producción, afirmó que pueden ser ejecutadas sin demora, no vislumbrándose de qué manera sus defendidas pueden obstaculizar la investigación.

    Finalmente, se agravió del monto de embargo que se les impuso, al que consideró carente de fundamentación y sin referencia concreta y fundada con los hechos de la causa.

    Peticionó –en subsidio- la prisión domiciliaria de sus defendidas y formuló reservas.

  3. ) El Defensor Público Oficial, D.E.M.C., al interponer los recursos respecto de sus asistidos S.S., W.M.A. y L.G.P., cuestionó la prisión preventiva que se les impuso, citando inicialmente el informe sobre el uso de la Prisión Preventiva de las Américas, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 30/12/2013, en cuanto refiere a la presunción de inocencia, también reconocida en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 11.1), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2), Declaración Americana (art. XXVI) y la Convención Americana (art. 8.2, párrafo 131).

    Expresó que esa disposición atribuye a favor del acusado la presunción de que debe ser considerado inocente y tratado como tal, mientras no se determine su responsabilidad penal mediante una sentencia firme.

    Sostuvo que de tal principio, se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia.

    Afirmó que la CIDH, ha sostenido que el principio general de esta materia es que la libertad es siempre la regla y la limitación o restricción siempre la excepción. Citó jurisprudencia.

    Fecha de firma: 28/08/2020

    Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.V.V., SECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: A.P., JUEZ DE CAMARA

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    Por otra parte, indicó que actualmente se implementaron algunos artículos del Código Procesal Penal Federal que reafirman la posición de los Organismos Internacionales de Derechos Humanos sostenida por esa parte y que a su criterio establece un nuevo paradigma para la imposición de una medida de coerción, la cual debe ser solicitada en forma expresa por el Ministerio Público F. y con oportunidad de contradicción por parte del imputado.

    En ese rumbo, refirió como motivo de agravio que en el caso de autos la medida cautelar impuesta fue ordenada directamente por el J. de la causa sin mediar requerimiento por parte de la F.ía, lo que a su entender contradice la normativa hoy vigente que impone que la actuación del juzgador esté supeditada a la instancia del acusador, que es quien ejerce la acción penal, situación que deriva en que ante la inexistencia de pretensión fiscal de que en la causa se imponga una medida de coerción personal respecto del procesado, imposibilita su imposición de oficio. Formuló reservas.

  4. ) Previo a ingresar al análisis de los motivos en los que los recurrentes fundaron la interposición de los recursos de apelación en estudio,

    cabe recordar que en comentario al art. 306 del CPPN, se ha expresado que el AL auto de procesamiento es “…un juicio de probabilidad (CNCP, S.I., ED,

    ICI 187-1237; CCCF, S.I., DJ, 2001-2-322; CCC, S.I., JA, 1995-IV-573), que no requiere, por tanto, certidumbre apodíctica (CCCF, S.I., 2001-B-110; CF

    OF

    Corrientes, LL Litoral, 2001-1036; CF Bahía Blanca, DJ, 2001-2-883; CCC,

    S.I., DJ, 2001-3-333) y que importa el reconocimiento del mérito de la SO

    imputación (Clariá Olmedo...

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