Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 24 de Agosto de 2023, expediente CFP 002364/2017/6/CA006

Fecha de Resolución24 de Agosto de 2023
EmisorCAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2

Poder Judicial de la Nación CFP 2364/17/6/CA6

P., C. y otros s/

procesamiento

.

J.. Fed. n° 6 – S.. n° 12.

Buenos Aires, 24 de agosto de 2023.

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

El Dr. M.I. dijo:

I- Las defensas de C.E.P., A.M.C., N.B.B. y M.E.M. apelaron la decisión que los procesó y embargo USO OFICIAL

por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248, CP).

II- Se imputa a los procesados, haber vulnerado el secreto que debían cumplir conforme a los artículos 39 y 40 de la ley 21.526. Ello, cuando el Banco Central dio respuesta al pedido que le realizó el Consejo de la Magistratura de la Nación, de que remitiera determinada información bancaria y financiera vinculada al ex juez E.F., en el marco de un proceso disciplinario seguido en su contra.

M.M. era por entonces Subgerente General Jurídico;

N.B.B., Gerente Principal de Asesoría Legal; C.E.P. ejercía como Gerente de Derecho Financiero, Cambiario y Comercial; y A.C. era Subgerente de Derecho Cambiario. Todos ellos firmaron el dictamen n°

92/17, mediante el cual se le dio curso al requerimiento del Consejo de la Magistratura, luego que aquél reiterara un oficio inicial y de que un primer dictamen del BCRA opinara que no correspondía acceder a ello.

En líneas generales, sus versiones de defensa transitaron un mismo carril.

Fecha de firma: 24/08/2023

Alta en sistema: 25/08/2023

Firmado por: M.I., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: E.G.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: R.J.B., JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: N.A.P., SECRETARIO DE CAMARA

Todos afirmaron que el criterio que se plasmó respondió a los términos en que, en una nueva requisitoria, el Consejo de la Magistratura aseguró

que mantendría en secreto la información, a la par que resultó conteste con el de otras opiniones legales -ante casos que se estimaron análogos-, donde se había entendido configurada la condición necesaria para relevar el secreto a pedido de órganos que no eran “jueces” en sentido estricto. Se trataba –según ellos- de una postura que se reiteró en otras situaciones.

El juez desestimó tales descargos. Para ello, realizó un análisis sobre la normativa aplicable y los fundamentos de la respuesta administrativa, su trámite previo y los precedentes que se estimaron pertinentes. Sobre esa base,

concluyó que los imputados omitieron dolosamente cumplir con el deber de reserva a que los obligaba la ley.

III- Advierto que el escenario que hoy presenta la causa no ha variado del que valoré al confirmar la falta de mérito de otros implicados y negar a la fiscalía su pretensión de convocar a otras personas a indagatoria (incluidas las situaciones ahora bajo revisión).

Cabe, entonces, que vuelva sobre esas consideraciones (mi voto en CFP 2364/17/4/CA4 del 4/10/22). .

Como dije en dicha oportunidad, aquí se trata una imputación penal y a esos fines lo dirimente no pasa por el acierto o error de una postura de índole técnico-jurídica sobre la viabilidad de proveer determinada información en las condiciones en que se lo hizo (en punto a la posición institucional del órgano que la pidió y el contexto del requerimiento, entre otras), más allá de la incidencia que la respuesta a ese interrogante pueda tener en el asunto.

La corroboración, aunque sea provisoria, de cargos de esta índole, exige contar con pruebas de acciones u omisiones dirigidas a incumplir con las leyes aplicables, a sabiendas de que ello efectivamente estaba sucediendo y con intención de conducirse de esa manera.

Fecha de firma: 24/08/2023

Alta en sistema: 25/08/2023

Firmado por: M.I., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: E.G.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: R.J.B., JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: N.A.P., SECRETARIO DE CAMARA

Poder Judicial de la Nación Tal el punto en derredor del cual se mantienen, a la fecha,

interrogantes en pie.

La posición del juez –compatible con aquella que su momento postuló la fiscalía y la Procuradoría de Investigaciones Administrativas- partió,

como premisa básica, de una inteligencia restrictiva sobre los alcances de las condiciones –respecto al órgano peticionante- en que es posible revelar información bancaria secreta.

Diferentes fueron las posturas que, también fundadamente, se expusieron en las actuaciones administrativas que se invocaron como antecedentes de la respuesta cuestionada. Se aplicó allí una interpretación amplia de los requisitos impuestos por las normas aplicables para exceptuar la prohibición de proveer los datos. Lo anterior condujo a concluir que era procedente acceder a lo requerido por el Consejo de la Magistratura, dada su ubicación en el diseño constitucional y el USO OFICIAL

marco del ejercicio de funciones en que se insertó la solicitud (control disciplinario de magistrados de la Nación).

Frente a esta disyuntiva, el foco –se insiste- debe ponerse en las exigencias propias de una imputación penal. Con tal mirada, los antecedentes del caso me conducen nuevamente a destacar las siguientes circunstancias:

(1) Que las posiciones técnico-jurídicas que se expusieron tenían, en el ámbito de la administración, precedentes que las respaldaban.

Por un lado, tanto la Procuración del Tesoro de la Nación (Dictámenes 3/93 y 98/02) como el área de asesoría jurídica del Banco Central (Dictámenes 523/96, 157/97, 226/03, 600/13) habían aplicado una inteligencia extensiva de la ley, accediendo a requerimientos de información secreta formulados por funcionarios que no eran “jueces”, como fiscales federales y provinciales;

también por integrantes de Comisiones Investigadoras de ambas Cámaras del Poder Legislativo. Después de los hechos, el BCRA proveyó datos similares a pedido del Consejo de la Magistratura, en procesos disciplinarios no relacionados al objetado (Dictamenes 229/18 y 65/19).

Fecha de firma: 24/08/2023

Alta en sistema: 25/08/2023

Firmado por: M.I., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: E.G.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: R.J.B., JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: N.A.P., SECRETARIO DE CAMARA

Distinta posición se había fijado antes, frente a un pedido del Consejo de la Magistratura, en un dictamen previo del Banco Central donde se negó

la provisión de la información (SEF y C n° 176/02). Allí, se invocaron posturas similares de otros organismos (ver copias reservadas).

(2) El trámite interno del caso puntual donde se trató la requisitoria realizada por el Consejo de la Magistratura al Banco Central reflejó esas divergencias interpretativas.

Inicialmente, en el Dictamen N° 935/16 se entendió que las atribuciones legales conferidas por la Constitución Nacional y las Leyes Especiales al Consejo de la Magistratura no eran asimilables a las de los jueces en causas judiciales –a los que con los recaudos establecidos por las normas respectivas, se les aplica la excepción del art. 39, inc. “a” de la Ley 21.526-. Por ende, se aconsejó no suministrar “los datos relativos a operaciones pasivas”, protegidos por el deber de reserva (arts. 39 y 40).

Frente a un oficio reiteratorio del órgano requirente, el Dictamen N° 92/17 propició acceder a la entrega. Fundó esa opinión en que el CMN manifestó expresamente que a la documentación recabada se le otorgaría el tratamiento acorde a la clasificación de seguridad (secreta) con que fuera remitida y que la obligación prevista en el art. 39 de la Ley 21.526 quedaba delegada en el Poder Judicial de la Nación, al tiempo que el BCRA y las entidades alcanzadas resultaban relevadas del secreto bancario.

A ello refirieron los descargos de los imputados, que fueron desestimados por el juez haciendo hincapié en los movimientos internos que registraron las actuaciones. No se realizaron averiguaciones, por fuera de lo documentado, sobre los pormenores de aquella actividad y el contexto que pudo haberla rodeado. Tampoco hay a esta altura -ni tampoco se alegaron en la apelación- demostraciones independientes que denoten arbitrariedad o desvío en el cumplimiento de las obligaciones que sujetaban la actuación de los agentes o que se hubieren guiado por motivaciones ajenas a sus funciones. Además, no se probó

Fecha de firma: 24/08/2023

Alta en sistema: 25/08/2023

Firmado por: M.I., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: E.G.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: R.J.B., JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: N.A.P., SECRETARIO DE CAMARA

Poder Judicial de la Nación connivencia delictiva entre las autoridades máximas del órgano y las de aquél que realizó la requisitoria.

Incluso, el director del proceso no ha entendido configurada la sospecha necesaria para convocar a otros de los implicados por la fiscalía (que así lo pidió), incluso con cargos de mayor jerarquía que los procesados.

(3) La objeción que se trajo a este expediente penal no es novedosa.

En el marco del proceso de remoción, la defensa del Dr. F. postuló la nulidad de lo actuado sobre la base, entre otras cosas, de una supuesta violación de los secretos bancarios y fiscales. La crítica fue desestimada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en dos ocasiones (ver acta del 24 de octubre de 2017 y su remisión a decisión del 21 de septiembre de 2017; fs.

1737 de expediente disciplinario).

El recurso extraordinario dictado contra el fallo definitivo dictado en dicha sede fue rechazado y la Corte Suprema informó que no registraba ningún remedio directo contra ello (ver respuesta del 24 de abril de 2018 a fs. 344

del ppal.).

(4) Con todo, el procesamiento no es avalado por la prueba del caso. Corresponde revocarlo y declarar la falta de mérito, porque ante la persistencia de interrogantes que hacen al núcleo central de las sospechas que esgrimió el acusador, la solución expectante se corresponde con lo previsto en la ley (art. 309, CPPN).

Tal mi voto.-

El Dr. R.J.B. dijo:

I- Emitiré mi voto sobre las apelaciones de las defensas de C.E.P., A.M.C., N.B.B. y M.E.M. contra la decisión que los procesó y embargó por el delito de incumplimiento de...

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