Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 16 de Diciembre de 2020, expediente FRO 045248/2019/6/CA004

Fecha de Resolución16 de Diciembre de 2020
EmisorCAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

FRO 45248/2019/6/CA4

Visto, en Acuerdo de la S. “A”

integrada, el expediente Nº FRO 45248/2019/6/CA4, caratulado “Legajo de apelación en autos `CALVO, A.C.,

TOBARES, S.D., CORONEL, L.D. y OTROS por Infracción Ley 23.737´” (del Juzgado Federal de la ciudad de Venado Tuerto).

Vinieron los autos a conocimiento de este Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Dr. S.R., por la defensa de L.D.C. y A.N.C.; la Dra. S.C.,

Defensora Pública Oficial, por la defensa de A.C.C., S.D.T., M.S.D., A.L.N., S.D.M., M.S.D.,

L.D.C., Y.Z.R., E.E.D., A.B.R. y F.N. contra la Resolución del 27 de julio de 2020, en cuanto ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de A.C.C.,

M.S.D., M.S.D., L.D.C.,

Y.Z.R., E.E.D., A.D.,

A.N.C., A.B.R. y F.N., como coautores del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada,

previsto y penado en los arts. 5 inc. c) y 11 inc. c) de la ley 23.737. A su vez, dispuso procesar con prisión preventiva a L.D.C. y S.D.T., como coautores del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada, previsto y penado en los art. 5 inc. c) y 11 inc.

  1. de la ley 23737, y respecto de sus detenciones, se remitió

    a lo resuelto en los incidentes N.. FRO 48093/2019/2 y 3.

    Por último, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva Fecha de firma: 16/12/2020

    Alta en sistema: 17/12/2020

    Firmado por: A.P., JUEZ DE CÁMARA 1

    Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado por: V.M.M., SECRETARIA DE CAMARA

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    de A.L.N. y S.D.M., como coautores del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada (art. 5 inc. c) y 11 inc. c) de la ley 23.737), y de tráfico de estupefacientes en su modalidad de guarda de semillas para producirlos (art. 5 inc. a) de la ley 23.737,

    en concurso real (art. 55 CP).

    Una vez formado el presente legajo, se elevó a la Alzada y recibido en esta S. “A”, se integró el Tribunal de acuerdo a lo dispuesto por Acordada 219/2019

    CFAR, se designó audiencia conforme artículo 454 del CPPN, y se puso en conocimiento de las partes que según las Acordadas nº 43/2020 y 73/2020 de la CFAR, dictadas en consonancia a lo ordenado por la CSJN, no se realizarían audiencias presenciales ante este Tribunal durante el lapso expresado en aquéllas (fs. 2482). Agregados los memoriales presentados por el F. General, y los D.. R. y S.C. –

    Defensora Pública Oficial, la causa quedó en estado de resolver.

    El Dr. A.P. dijo:

    La defensa de L.D.C. y A.N.C., se agravió porque considera que la resolución apelada es arbitraria por fundamentación aparente.

    Dijo que la imputación es poco clara, sin detalles de la conducta atribuida. Señaló contradicción entre las constancias de la causa y los hechos imputados, lo que –dice-

    afecta el derecho de defensa, debida fundamentación de resoluciones, derecho a ser oído y debido proceso legal.

    Respecto a la figura del art. 5, inc.

    c), de la ley 23.737 solicitó su revocación y se dicte la falta de mérito a sus defendidos. Subsidiariamente, pidió el cambio de calificación al de tenencia simple (art. 14, párr.

    Fecha de firma: 16/12/2020

    Alta en sistema: 17/12/2020

    Firmado por: A.P., JUEZ DE CÁMARA 2

    Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado por: V.M.M., SECRETARIA DE CAMARA

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    primero, de la ley 23.737), y posteriormente se dicte sus sobreseimientos.

    Argumentó su petición en el escaso material probatorio respecto al comercio de estupefaciente atribuido,

    en el hecho de que no existen filmaciones, ni se indica la fuente de información brindada, no se detallan las tareas de inteligencia por las que se logró determinar la participación de sus defendidos en los hechos atribuidos. Tildó a las probanzas existentes en la causa de ilegítimas, ya que impiden el control de parte, y se fundamentan en aseveraciones del personal policial actuante. Afirmó que no se encuentra probada la actividad de comercio de estupefacientes que se les imputó a sus pupilos, ni que el hallazgo de sustancias ilícitas en el domicilio de C. tenía como destino su comercialización. Manifestó que no se encuentran acreditados los elementos objetivos ni subjetivos,

    como tampoco la ultraintención requerida por la figura legal atribuida.

    Respecto a L.C., solicitó la revocación de su prisión preventiva, o se morigere la medida de coerción por una menos gravosa. Pidió su libertad bajo fianza,

    detención domiciliaria o cualquier otra en atención a la vulnerabilidad a la que quedan sus hijos (su madre A.C. no puede brindarles los cuidados necesarios), C. es el sostén económico de su familia. Manifestó que no existe riesgo de fuga, señaló que no se puede demostrar de qué forma podría entorpecer la investigación y sostuvo que debe considerarse la situación de pandemia que actualmente atraviesa nuestro país, y los riesgos a los que se encuentra expuesto C..

    Por su parte, la Defensora Oficial desarrolló sus agravios en torno a las figuras legales atribuidas a sus Fecha de firma: 16/12/2020

    Alta en sistema: 17/12/2020

    Firmado por: A.P., JUEZ DE CÁMARA 3

    Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado por: V.M.M., SECRETARIA DE CAMARA

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    pupilos. Sobre el procesamiento en los términos del art. 5,

    inc. c), de la ley 23.737 planteó que la argumentación brindada por el a quo es imprecisa, confusa y violatoria del principio de inocencia y del derecho de defensa, ya que los hechos atribuidos no fueron debidamente comprobados. Alegó

    que la prueba recabada se basa en indicios colectados sin referencia a hechos concretos. Puntualizó que el procesamiento se sustenta exclusivamente en escuchas telefónicas –carentes de valor probatorio- con ausencia de tareas. Indicó que no se pudo determinar cuáles serían los estupefacientes comercializados, ni el rol que habrían cumplido cada uno de los procesados para la concreción de las actividades atribuidas. Expresó que no hubo tareas de inteligencia que permitan determinar la existencia de conductas compatibles con la hipótesis sostenida.

    La Defensora Oficial de L.C., Y.R., S.M. y A.L.N. expresó que de la prueba de cargo recolectada no puede determinarse que desarrollarían conductas compatibles con la comercialización de sustancias estupefacientes.

    Sobre E.D., M.D. y A.C.,

    refirió a la falencia de la escucha telefónica como medio autónomo de prueba, y consideró que se forzó la interpretación de algunos encuentros entre las nombradas (registrados fílmicamente) en cuanto a que ellos aludían a supuestos intercambios de estupefacientes.

    Afirmó que no hay pruebas que demuestren el vínculo existente entre S.T. y M.S.D.,

    siendo insuficientes los argumentos que refieren a la comercialización de estupefacientes en forma organizada.

    Fecha de firma: 16/12/2020

    Alta en sistema: 17/12/2020

    Firmado por: A.P., JUEZ DE CÁMARA 4

    Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado por: V.M.M., SECRETARIA DE CAMARA

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    Remarcó la condición de adicto de F.N., y la falta de pruebas que lo vinculen a la comercialización de estupefacientes.

    En referencia a S.M. y A.N., dijo que no existen elementos probatorios que los vinculen con los demás coimputados, ni que prueben que el destino final del material estupefaciente incautado en sus domicilios no estaba destinado al consumo personal, máxime cuando se incautó una “pipa” con vestigios de marihuana.

    Invocó el principio de in dubio pro reo. Solicitó el sobreseimiento de sus pupilos.

    Sobre el procesamiento en los términos del art.

    5, inc. a), de la ley 23.737 atribuido a estos imputados,

    planteó que no se presenta el elemento subjetivo distinto del dolo, requerido para esa figura. T. de arbitraria la calificación que adoptó el juez a quo. Propuso encuadrar la conducta dentro de los parámetros establecidos en el penúltimo párrafo del inciso a) del art. 5 de la ley 23.737,

    solicitando la inconstitucionalidad de dicha norma, y consecuentemente sus sobreseimientos. Subsidiariamente peticionó encuadrar la conducta en la prevista en el art. 14,

    párr. primero, de la ley 23.737.

    Respecto a la agravante del art. 11, inc. c), de la ley 23.737 alegó carencia de elementos probatorios para acreditar -prima facie- la organización criminal investigada.

    Dijo que se efectuó una interpretación parcializada del resultado de las escuchas telefónicas obtenidas a lo largo del sumario; no se determinó qué relación une a los procesados, ni cuál es el rol atribuido a cada uno de ellos.

    Cuestionó la prisión preventiva dispuesta a S.D.T.. Señaló falta de tratamiento de las Fecha de firma: 16/12/2020

    Alta en sistema: 17/12/2020

    Firmado por: A.P., JUEZ DE CÁMARA 5

    Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado por: V.M.M., SECRETARIA DE CAMARA

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    medidas de coerción alternativas previstas en el art. 210 del CPPF y omisión de valoración del contexto de pandemia.

    Invocó falta de fundamentación y excesivo monto del embargo, sin considerar las circunstancias personales de sus defendidos.

    Formuló reservas de recurrir en casación y por recurso extraordinario federal.

    Por su parte la F.ía solicitó la confirmación de los procesamientos dictados y se declare abstracto el agravio deducido por la defensa de L.D.C. contra la prisión preventiva impuesta. Formuló reservas recursivas.

    Y considerando:

    1.- Previo a ingresar al tratamiento de los motivos en que la parte apelante...

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