Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 14 de Julio de 2017, expediente FSA 076000089/2011/TO01/15/4/CFC026

Fecha de Resolución14 de Julio de 2017
EmisorCAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSA 76000089/2011/TO1/15/4/CFC26 “J., E.J. s/recurso de casación”

Registro nro.: 749/17 la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 14 días del mes de julio de 2017, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores J.C.G., E.R.R. y Á.E.L., bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora M. de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa FSA 76000089/2011/TO1/15/4/CFC26, caratulada “JUAREZ, EDUARDO JOSE s/ recurso de casación”. Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor R.O.P., ejerce la defensa oficial la doctor F.G.´cia Jurado.

Efectuado el sorteo para que los jueces emitan su voto, resultó establecido el siguiente orden: doctores J.C.G., E.R.R.Y.Á.E.L..

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor J.C.G. dijo:

  1. Que el Tribunal Oral Federal de Jujuy, con fecha 5 de mayo del corriente, resolvió no hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria solicitado en favor del E.J.J. (cfr. fs. 1/4vta.).

  2. Contra dicha decisión, interpuso recurso de casación el Defensor Público Oficial, doctor M.G.P., el que fue concedido por el a quo (conf. fs. 7/16 y 17, respectivamente).

  3. Que la defensa oficial encarriló sus agravios en orden al segundo inciso del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

    En primer lugar, planteó que la resolución recurrida vulneraba el principio de inocencia consagrado en nuestra Constitución Nacional y en los pactos internacionales de derechos humanos con la misma jerarquía, y destacó que la obligación de investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad nunca podría prevalecer sobre aquel principio al solo efecto de un reconocimiento del propio estado.

    En segundo lugar, sostuvo que no podía interpretarse, como había hecho el a quo, que la gravedad del delito por el que fue condenado su asistido fuera un obstáculo para conceder la Fecha de firma: 14/07/2017 Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: EDUARDO R. RIGGI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL 1 Firmado por: A.E.L., JUEZ DE CAMARA CASACION Firmado(ante mi) por: MARIA DE LAS MERCEDES LOPEZ ALDUNCIN, SECRETARIA DE CAMARA #29922329#184024160#20170714125343749 modalidad morigerada de detención solicitada, lo cual resultaba arbitrario. En ese sentido, citó jurisprudencia en favor de su postura.

    Por último, consideró que el Tribunal había negado una mirada global sobre la persona humana al negarle a su asistido el derecho a acceder a un arresto domiciliario, todo lo cual iba en detraimiento, también, del principio “pro homine” que imponía privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal.

    Hizo reserva del caso federal.

  4. A fs. 37 se celebró la audiencia prevista por el artículo 465 bis del Código Procesal Penal de la Nación, en función del artículo 454 y 455 del mismo digesto legal, oportunidad en la que el Defensor Público Coadyuvante con funciones en la Unidad de Letrados Móviles, doctor F.G.J., mantuvo el recurso y presentó breves notas.

  5. Toda vez que el recurso impetrado, a la luz de lo previsto por los artículos 438, 456, 457, 459 y 463 del Código Procesal Penal de la Nación, es formalmente admisible, he de adentrarme a dar respuesta a los planteamientos articulados por la defensa.

  6. L., previo a contestar los agravios expuestos por el recurrente, entiendo oportuno realizar ciertas consideraciones en torno al tema que en definitiva se trae a estudio de este tribunal de alzada, esto es, la procedibilidad del arresto domiciliario atento a la avanzada edad del interno (conforme a las previsiones de la ley nro. 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, y del artículo 10 del Código Penal) en el marco de causas en las que se investigan delitos calificados de lesa humanidad, en virtud de la reciente doctrina emanada de la actual integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Alespeiti” (causa nro. CFP 14216/2003/TC1/6/1/CS1).

    Ello, toda vez que, conforme lo desarrollaré a continuación, a lo largo de mi ejercicio jurisdiccional en esta instancia, dejé asentada -tanto en actuaciones principales como incidentales- la que entiendo es la correcta interpretación que debe darse a los intereses y derechos en juego, conforme no sólo a la normativa constitucional y convencional, sino también a la jurisprudencia nacional e internacional.

    VII.

    Reiteradamente vengo sosteniendo que, en pleno entendimiento de Fecha de firma: 14/07/2017 Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: EDUARDO R. RIGGI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: A.E.L., JUEZ DE CAMARA CASACION Firmado(ante mi) por: MARIA DE LAS MERCEDES LOPEZ ALDUNCIN, SECRETARIA DE CAMARA #29922329#184024160#20170714125343749 Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSA 76000089/2011/TO1/15/4/CFC26 “J., E.J. s/recurso de los valores en pugna, en causas como la que casación”

    nos ocupa, resulta menester conjugar prudentemente la obligación internacional de juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad, con el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores.

    Ello no significa desconocer la gravedad de los hechos que se han ventilado en autos y la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de perseguir, investigar, sancionar adecuadamente a los responsables y hacer cumplir la pena que les fuere eventualmente impuesta (en el supuesto de autos se discute justamente si la misma puede ser cumplida en su modalidad de arresto domiciliario) sino, por el contrario, compatibilizarlo y equilibrarlo mensurativamente con los derechos que le asisten al interno de 70 años o mayor.

    En efecto, dicha obligación internacionalmente asumida por la Argentina no implica sortear los principios y garantías constitucionales inherentes a un debido proceso, pues ello conllevaría al quiebre del Estado de Derecho. Sino, por el contrario, aquélla requiere -a lo que a la cuestión traída a revisión concierne- un análisis racional de los derechos y garantías en juego, principalmente, los derechos humanos que asisten a las personas adultas mayores, no obstante se encuentren sometidos a proceso penal o ya habiendo sido declarados responsables por algún delito, incluso, si fueran condenados por hechos calificados como de lesa humanidad, atendiendo no sólo a la normativa constitucional sino, además, a los estándares y obligaciones internacionalmente asumidos acerca de la vejez.

    Ello, pues, reitero, aquellas...

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