Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Junio de 2021, expediente FMZ 049470/2018/TO01/2/3/CFC003
| Fecha de Resolución | 4 de Junio de 2021 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1 |
CFCP – Sala I
FMZ 49470/2018/TO1/2/3/CFC3
LEYES, J.A. s/
recurso de casación
Cámara Federal de Casación Penal Registro nro.:852/21
Buenos Aires, 4 de junio de 2021.
AUTOS Y VISTOS:
Integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores D.A.P.-.-, A.M.F. y Diego G.
Barroetaveña -Vocales-, reunidos de manera remota y virtual de conformidad con lo establecido en las Acordadas 27/20 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN- y 15/20 de esta Cámara Federal de Casación Penal -CFCP-, para decidir acerca de la admisibilidad del recurso de casación interpuesto en el presente legajo FMZ
49470/2018/TO1/2/3/CFC3 del registro de esta Sala I,
caratulado: “LEYES, J.A. s/recurso de casación”.
Y CONSIDERANDO:
La señora jueza doctora A.M.F. dijo:
-
Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
1 de Mendoza, integrado de manera unipersonal por la señora jueza de ejecución M.P.M., en fecha 2 de septiembre de 2020, en lo que aquí interesa, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 56 bis de la ley 24.660 -según ley 27.375- y en consecuencia, no hizo lugar al pedido de salidas transitorias articulado en favor de J.A.L..
-
Que, contra esa decisión, el defensor público oficial a cargo de la asistencia técnica de J.A.L., doctor S.B., interpuso el recurso de Fecha de firma: 04/06/2021 1
Firmado por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: D.A.P., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: D.G.B., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
casación en estudio, que fue concedido por el tribunal a quo el 10 de septiembre de 2020.
-
La parte impugnadora encausó su recurso en los términos previstos por los arts. 456, ambos incisos, y 474 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).
En primer lugar, sostuvo que la norma contenida en el art. 56 bis de la ley 24.660 -según ley 27.375-
resulta inconstitucional, habiéndose resuelto la incidencia a través de un pronunciamiento que desconoce la jerarquía de la Constitución Nacional (CN) y tratados internacionales de derechos humanos que llevan a la inevitable conclusión de que la norma antes mencionada no puede superar un examen de convencionalidad pues conculca el principio resocializador (arts. 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos -CADH- y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -PIDCyP-), a la vez que lesiona los principios de proporcionalidad y progresividad de las penas, igualdad, derecho penal de acto,
culpabilidad, legalidad, razonabilidad, pro homine y pro libertatis (arts. 16, 18 y 28 de la CN, 1, 6 y 12 de la ley 24.660).
En esa dirección, indicó que el propósito resocializador se estructura a partir de un régimen de progresividad penitenciaria, respecto de lo cual la norma en trato se desinteresa en tanto desatiende el progreso evidenciado por el privado de libertad durante el tratamiento penitenciario.
Puso de manifiesto que “…los condenados por la ́
comision de determinados delitos quedan ubicados en una ́
categoria diferente respecto del resto de las personas que se encuentran cumpliendo pena, puesto que ́
mas allá de ́
cualquier circunstancia reveladora de readaptacion social,
su supuesta ‘peligrosidad’ -presumida juris et de jure-
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Fecha de firma: 04/06/2021
Firmado por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: D.A.P., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
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CFCP – Sala I
FMZ 49470/2018/TO1/2/3/CFC3
LEYES, J.A. s/
recurso de casación
Cámara Federal de Casación Penal determina la ́
perdida del derecho a acceder a las modalidades comprendidas en el Periodo de Prueba e impide ́ ́ ́
tambien la prision discontinua (art. 36), semidetencion (art. 39) y libertad asistida (art. 54)…”.
Sobre esa base, adujo que la restricción contenida en el art. 56 bis de la ley 24.6660 carece de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad y, por tanto, no es susceptible de ser validada constitucionalmente.
Puntualizó que el conflicto entre el régimen progresivo regulado por la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y los obstáculos que plantea el art. 56 bis de ese mismo cuerpo legal, debe resolverse en favor del primero, en tanto así lo impone la normativa internacional y los principios pro homine y pro libertatis.
A su vez, refirió que el órgano jurisdiccional omitió efectuar el debido control constitucional de las políticas criminales que emanan de los demás poderes y que pueden responder a “fundadas preocupaciones sociales (aunque intereses electorales) pero no ser legítimas ni legales, si se las tamiza como prudentemente corresponde”.
También sostuvo que la norma cuestionada resulta lesiva del principio de igualdad en tanto decide -de antemano- respecto de un colectivo indeterminado de personas y sin importar su desenvolvimiento particular dentro del régimen penitenciario de ejecución penal,
determina “…una ‘clase especial de autores’ sobre quienes se establece un Código Penal especial, con penas más graves que las normales según la valoración del hecho…”.
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Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: D.A.P., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
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Por otra parte, indicó que la resolución criticada no brinda respuesta a la alegada vulneración al principio de culpabilidad en tanto “…el art. 56 bis de la ́ ́
ley 24.660 sostiene una restriccion basada en la comision ́
de determinados delitos y no en funcion exclusivamente de ́
la conducta desplegada en el marco de la ejecucion de la pena privativa de libertad, como así tampoco lo hace respecto del principio de legalidad que exige reglas ́
previas, claras y no sujetas a una interpretacion que no ́ ́
solo doble sino que rompa su teleologia de garantia”.
Puntualizó que la norma en trato resulta lesiva del principio de derecho penal de acto pues éste prohíbe la imposición de restricciones basadas en diferenciaciones que excedan los parámetros que importa sustancialmente tal principio y que se sustenten en cualidades personales que detentarían los autores de determinados delitos, aplicando indebidamente un trato diferencial y desigual a partir de una presunción de iure en su contra.
En derredor de los principios de resocialización,
progresividad y proporcionalidad expresó que el a quo omitió que “…es el Estado quien debe cargar con la ́
obligacion de resocializar al privado de libertad, es decir, que la simple operatividad del art. 56 bis de la ley 24.660 significa castigar exclusivamente al individuo por sus cualidades personales, ́
desconociendose los principios de humanidad y progresividad de la pena”.
En esa dirección, consideró que la postura adoptada en la reforma legal que importa la ley 27.375
resulta irraccional al atentar contra los fines de la pena ́
dado que “…si la ejecucion de la pena se inspira en un objetivo resocializador, la ́
reglamentacion de su desarrollo debe procurar la posibilidad de que el condenado logre, ́
solo ́
segun una ́
evolucion personal 4
Fecha de firma: 04/06/2021
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LEYES, J.A. s/
recurso de casación
Cámara Federal de Casación Penal ́
favorable hacia la adecuada reinsercion social, morigerar la inicial rigidez del encierro carcelario mediante su ́
incorporacion gradual a modalidades de ́
ejecucion penitenciaria en las que tiende a limitarse y sustituirse el enclaustro riguroso por ́
regimenes que permiten el egreso de la ́
carcel, basados en la confianza en su capacidad de gobernar apropiadamente su conducta”.
En segundo término, la parte recurrente sostuvo que el pronunciamiento impugnado presenta inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva en tanto se ha denegado el acceso de Leyes a las salidas transitorias como consecuencia del rechazo de la inconstitucionalidad planteada respecto del art. 56 bis de la ley 24.660, cuando existe un ordenamiento de jerarquía superior que neutraliza los efectos de tales disposiciones y en consecuencia, torna operativa la posibilidad de incorporar a su asistido al mentado régimen liberatorio.
En esa dirección, apuntó que su asistido se encuentra formalmente en condiciones de acceder al régimen de salidas transitorias pues cumplió la mitad de su condena, reuniendo así los requisitos previstos en los arts. 15, 16, 17 y 18 de la ley 24.660.
En tercer y último lugar, puso de manifiesto que la resolución cuestionada resulta arbitraria en tanto no sólo desconoce el fin resocializador de la pena, sino que además afecta el debido proceso, falencias que impiden reputarlo como acto jurisdiccional válido y debe ser anulado en los términos del art. 123 del CPPN.
Fecha de firma: 04/06/2021 5
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Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: D.A.P., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
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En abono a sus planteos, citó jurisprudencia y doctrina a la que se hace expresa remisión en honor a la brevedad.
En suma, por los motivos expuestos, solicitó que se haga lugar al recurso de casación interpuesto y en consecuencia, se case la sentencia recurrida, declarándose la inconstitucionalidad del art. 56 bis de la ley 24.660, y consecuentemente se disponga el inicio de los trámites relativos al instituto de las salidas transitorias en beneficio...
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