Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 29 de Junio de 2017, expediente CFP 002111/2010/3/CA002

Fecha de Resolución29 de Junio de 2017
EmisorCAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 2111/2010/3/CA2 CCCF – Sala I CFP 2111/10/3/CA2 “B., A. y otros s/procesamiento y embargo”

Juzgado N° 12 - Secretaría N° 24 Buenos Aires, 29 de junio de 2017.

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

Los doctores J.L.B. y L.B. dijeron:

I- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de B.A.V. y Á.P.R. –a fs.

74/78vta. y 166/168vta.-; F.G. y G.G. –a fs. 79/82 y 163/5; D.R. –a fs. 83/4 y 159/60- y A.B. –a fs.

85/90 y 161/162vta., contra la resolución obrante en copias a fs. 1/73, en cuanto decretó los procesamientos sin prisión preventiva de los nombrados por encontrarlos responsables del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración Pública (art. 174, inc.5, 173, inciso 7°, del Código Penal y arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación). En los casos de B.V. y B., como coautores y el resto de los imputados en calidad de partícipes necesarios (art. 45 del código de fondo).

A su vez, V., P.R., Reposo y B. apelaron los montos de los embargos dispuestos sobre sus bienes por considerarlos elevados.

En esos mismos recursos, los apelantes también cuestionaron la decisión por la cual el juez de grado amplió los procesamientos de los nombrados -fs. 133/157vta.- por encontrarlos, Fecha de firma: 29/06/2017 Alta en sistema: 30/06/2017 Firmado por: J.L.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: E.R.F., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: I.S.Q., SECRETARIA DE CÁMARA #28864040#182725884#20170629135234488 además, responsables del delito de uso de documento falso, el que hizo concurrir de modo ideal con aquel ya indicado (arts. 45, 55, 174, inciso 5°, en función del art. 173, inciso 7°; y 296, en función del 292, segundo párrafo, del Código Penal y arts. 306 y 310 del Código Penal).

II- La causa tuvo inicio a partir de la denuncia del Dr. R.M.S., presidente de la Asociación Civil Anticorrupción. El Ministerio Público Fiscal circunscribió la investigación a la adquisición de 19 vehículos de alta gama innecesarios por parte del Ministerio de Economía de la Nación.

En el marco del expediente CUDAP nro.

S01:0430579/2009, el 22 de diciembre de 2009 y con el dictado de la Resolución n° 347, rubricada por el licenciado B.A.V., se autorizó a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial a efectuar gestiones para la adquisición de una partida vehicular innecesaria, mediante subasta privada direccionada a favor de la empresa “G.G.S.A.”, por la suma total de dos millones trescientos un mil doscientos veintisiete pesos con 25/100 ($2.301.227,25), la que finalmente se concretó por un monto total de dos millones ciento treinta y un mil cuatrocientos pesos ($2.131.400), sorteando la modalidad de contratación correspondiente al caso y habilitando, a tales fines, los mecanismos económicos y de procedimiento necesarios para efectivizar la compra que, a la postre, conllevaba el pago de montos abultados y desventajosos para el Estado.

Posteriormente, la imputación se amplió al evento vinculado a la incorporación de la “Nota SIGEN n° 734/2009 –SGN”, fechada el 21 de diciembre de 2009 y rubricada por el síndico D.R., a fs. 66 del expediente CUDAP S01:0430579/2009 –antes referido-, la que a la luz de las constancias colectadas durante la investigación fue sospechada de ser apócrifa.

Fecha de firma: 29/06/2017 Alta en sistema: 30/06/2017 Firmado por: J.L.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: E.R.F., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: I.S.Q., SECRETARIA DE CÁMARA #28864040#182725884#20170629135234488 Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 2111/2010/3/CA2

III- Del análisis del mentado expediente administrativo se advierte que se inició con fecha 20 de octubre de 2009, a partir de una nota de la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía –dirigida a la Dirección-, en la cual se adjuntaban las Cláusulas Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas correspondiente a la adquisición de veinte (20) vehículos utilitarios tipo Sedan 4 puertas destinados al parque automotor de dicho Ministerio. A su vez, se solicitó que una vez realizado el P.L. correspondiente se remita para que esa Dirección verifique y dé su conformidad. Posteriormente, con fecha 2 de noviembre, se remitieron las actuaciones con el proyecto de bases y condiciones para su verificación (fs. 1/10 y 15/43 del expte.).

No obstante ello, luego de más de un mes de inactividad, el día 11 de diciembre, el Director de Compras y Contrataciones elevó una nota con el fin de dar a conocer que el día 16 de diciembre, o sea, cinco días después, se llevaría a cabo una “Subasta Privada” de vehículos por cuenta y orden de G.G.S.A. –según publicación del diario Clarín-. Al respecto, se requirió

que se evalúe y determine el curso de acción a seguir (fs. 44/45 del expediente).

En virtud de ello, luego de que la Dirección Técnica Operativa indicara que los vehículos a ser subastados coincidían con las características de los requeridos, se remitieron las actuaciones para que la Dirección General informe si en el marco de los procedimientos de compras y contrataciones vigentes resultaba factible la modalidad de subasta.

En tal dirección, el Dr. P.R. analizó la normativa vigente que prevé la posibilidad de utilizar el procedimiento de subasta pública para la adquisición de bienes muebles, inmuebles, etc. (Decreto N° 1023/01, art. 25, inciso b)

apartado 1). A su vez, aludió a la norma que lo reglamenta, Decreto 436/00, artículo 26, apartado b), que reza: “Por concurrir las mismas razones establecidas por la ley para el caso de los inmuebles, la Fecha de firma: 29/06/2017 Alta en sistema: 30/06/2017 Firmado por: J.L.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: E.R.F., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: I.S.Q., SECRETARIA DE CÁMARA #28864040#182725884#20170629135234488 compra en remate público, se podrá aplicar también cuando se trate de la compra de bienes muebles o semovientes…”

En ese contexto normativo, analizó a qué se refiere la norma al otorgarle el carácter de pública a la subasta, y concluyó que era opinión de esa Dirección General que se refiere a la publicidad con que debe estar investido ese acto. Para ello, realizó un paralelismo con la licitación o concurso y mencionó que el decreto los define como públicos cuando se invita a participar a una cantidad indeterminada de oferentes, en contraposición con la licitación o concurso privado, que es cuando el llamado a participar está dirigido exclusivamente a ciertos proveedores.

En tal sentido, al haberse dado a conocer el remate en un diario de gran circulación, entendió procedente autorizar que se realice la oferta en dicha subasta, para lo cual se debía dar cumplimiento con lo exigido en la Resolución SIGEN n° 79/2005 y sus modificatorias, en materia de control a través del Sistema de Precios Testigo, debiéndose tener en cuenta lo dictaminado por la SIGEN y lo previsto en el Capítulo IV del Anexo de la mencionada resolución, a los efectos de la puja correspondiente (fs. 48/50 del expediente).

Tras ello, y una serie de cuestiones que se suscitaron hasta la culminación del proceso, los autos fueron finalmente adquiridos. Dicha operatoria marcaría, así, el origen de las imputaciones que hoy enfrentan los recurrentes, y que procuran desafiar ante esta S..

IV- Las asistencias letradas, en líneas generales, refieren que la compra de automotores para el Ministerio de Economía se encontraba contemplada dentro del presupuesto para ser aplicado en el año 2009, poniendo especial énfasis en que, en el caso de no ser utilizado durante ese período, se perdería la partida para concretar la mentada adquisición. A su vez, la idea que subyacía era la de evitar la erogación de gastos excesivos que implicaba el alquiler de vehículos y resolver la cuestión con la compra de autos propios.

Fecha de firma: 29/06/2017 Alta en sistema: 30/06/2017 Firmado por: J.L.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: E.R.F., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: I.S.Q., SECRETARIA DE CÁMARA #28864040#182725884#20170629135234488 Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 2111/2010/3/CA2 Explicaron las razones para defender el procedimiento cuestionado y sostener que cada una de sus etapas se encontró dentro del marco normativo que rige la materia.

Ahora bien, más allá de la controversia suscitada acerca del carácter de la subasta –pública o privada-, lo cierto es que el giro en las actuaciones administrativas, en un principio encaminadas hacia una forma de contratación por licitación, fue el primer paso de una serie de sucesos que habrían tendido a enmascarar la compra directa de los automotores por parte del Ministerio de Economía a la empresa G.G.S.A . y por un importe perjudicial para el Estado.

Recuérdese que al momento de los eventos bajo estudio –diciembre de 2009-, el régimen en vigor para las contrataciones efectuadas por el Estado Nacional resultaba de la combinación entre los decretos 436/00 y 1023/01.

A fin de no resultar reiterativos, nos remitiremos a la exhaustiva exposición normativa brindada en este tema por el juez a quo, para detenernos en los puntos más sobresalientes.

En primer lugar, la normativa aplicable –definida en el mismo expediente administrativo- es clara en cuanto a que la organización del sistema de selección del contratante para la ejecución de los contratos de la Administración Nacional “…se hará, por regla general mediante licitación pública o concurso público”, como garantía clara de transparencia (art. 24 del decreto 1023/01).

A su vez, para el caso de que la elección del procedimiento de selección estuviera determinada por el monto estimado del contrato...

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