Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, 6 de Septiembre de 2016, expediente FCB 035020655/2010/3/CA002

Fecha de Resolución 6 de Septiembre de 2016
EmisorCAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A 35020655/2010 doba, 06 de septiembre de 2016.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “LEGAJO DE PRORROGA DE PRISION PREVENTIVA DE MARTELLA, L.S., B., E.G. por, PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART. 142 INC.1), en concurso Real con IMPOSICIÓN DE TORTURA (art. 144 TER. Inc. 1) (E.. FCB 35020655/2010/3/CA2), llegan a conocimiento de esta Sala A del Tribunal, a los fines del contralor establecido por la ley 24.390 -modificada por la ley 25.430- de la resolución dictada por el J. Federal N° 3 de Córdoba con fecha 4 de abril de 2016, y del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Público Oficial doctora B.O., con fecha 03 de mayo de 2016 (fs. 57/58) en representación de L.S.M., en contra de la citada de fecha 14 de diciembre de 2015.

Dicho pronunciamiento dictado con fecha 4 de abril de 2016 dispuso: “

I) HACER LUGAR A LA OPOSICIÓN FORMULADA POR LA SRA. FISCAL FEDERAL, y en consecuencia, PRORROGAR POR EL TERMINO DE UN AÑO la prisión preventiva de E.G.B. y L.S.M., ya filiados. Quienes deberán continuar en esa misma situación hasta el día 23 de marzo de 2017 de 2017, de conformidad a lo establecido en los arts. 1,3 y 4 de la ley 24.390. II)

Comunicar las prórrogas precedentes a la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad, como así también remitir al Consejo de la Magistratura de la Nación el informe previsto en los arts. 1 y 9 de la misma ley.”. III)

PROTOLICESE Y HAGASE SABER”.-

Y CONSIDERANDO:

Fecha de firma: 06/09/2016 Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CÁMARA Firmado por: G.S.M., JUEZA DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, SECRETARIA DE CÁMARA #28125225#161124307#20160906113846278

  1. Con fecha 4 de abril de 2016, el J. Instructor dispuso prorrogar por el término de un año la prisión preventiva de G.B. y L.S.M., quienes deberán continuar en esa misma situación hasta el día 23 de marzo de 2017.

  2. En contra del auto de fecha 4 de abril de 2016 interpuso recurso de apelación la Defensora Pública Oficial B.O., con fecha 13 de abril de 2016 (fs.

    50/51), en representación de G.E.B..

    En el citado auto interlocutorio el Magistrado interviniente sostuvo que, conforme los parámetros establecidos por la ley 24.390, en sus arts. 1, 3 y 4, los plazos de dos y tres años previstos por el primero de esos preceptos no resultan de indefectible ni automática aplicación para hacer cesar la prisión preventiva, sino que deben conjugarse con las pautas del art. 3, para arribar a una conclusión sobre la procedencia de la liberación.

    Entiende que en lo atinente a la “especial gravedad” de los delitos que se les atribuye a los detenidos, el Tribunal de Alzada ya se ha pronunciado sosteniendo que los ilícitos motivo de estas actuaciones constituyen graves violaciones a los derechos humanos e integran la categoría de aquellos delitos a los que específicamente se califica como “crímenes contra la humanidad”. Asimismo, remarca que, por tratarse de conductas de tan extrema gravedad, la comunidad internacional toda es la interesada en reprimirlas, existiendo un conjunto de normas básicas y principios que integran el derecho internacional general y resultan de aplicación imperativa para todos los estados destinadas a asegurar el enjuiciamiento y castigo de las personas culpables de esos delitos.

    Fecha de firma: 06/09/2016 Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CÁMARA Firmado por: G.S.M., JUEZA DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, SECRETARIA DE CÁMARA #28125225#161124307#20160906113846278 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A Tiene en cuenta que los delitos que se le imputan a los encartados se habrían perpetrado en una esfera de absoluta clandestinidad, no resultando de fácil averiguación, sobre todo por ser hechos ocurridos hace más de 30 años, como así también porque, tratándose de operaciones supuestamente concretadas por personal del Ejército Argentino en forma subrepticia, sus responsables habrían procurado no dejar documentación ni registro oficial alguno, todo lo cual complica sobremanera la reunión de eventuales elementos probatorios.

    Advierte además que lejos de concurrir elementos que permitan destruir la presunción legal, existen concretos elementos que corroboran la existencia de riesgo procesal, puesto que, al margen de permanecer detenidos para estos autos, los encartados en cuestión se encuentran detenidos en otras causas penales en las que se les imputan delitos de idéntica gravedad.

    Entiende además que a la multiplicidad de hechos que se les imputan, se suman los concretos elementos de prueba –citados en los respectivos requerimientos fiscales de instrucción y resoluciones de procesamiento y prisión preventiva- que los sitúan en la escena de los hechos investigados, los que evidencian que las imputaciones son sólidas y pueden sostenerse en un juicio oral; verificándose en el caso otro parámetro a tener en cuenta a la hora de valorar el peligro procesal, esto es la fundada expectativa de una condena. En efecto, la magnitud del plexo probatorio acumulado en contra de los imputados, permite inferir que el pronóstico a realizar por los mismos –en relación a las probabilidades de enfrentar una condena privativa de libertad- son decididamente altas.

    Fecha de firma: 06/09/2016 Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CÁMARA Firmado por: G.S.M., JUEZA DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, SECRETARIA DE CÁMARA #28125225#161124307#20160906113846278

  3. En oportunidad de deducir recurso de apelación en contra de la resolución citada, la Defensora Pública Oficial, se agravia por entender que el pronunciamiento en crisis efectúa una interpretación equivocada de las normas previstas en la ley 24.390 modificada por Ley 25.430.

    Entiende, en primer lugar, que las disposiciones de la ley no se aplican a la medida de coerción que actualmente pesa sobre su defendido en segundo lugar porque de todas formas no se dan los requisitos previstos en la ley en la jurisprudencia par acepta la prórroga por un año más y en tercer lugar porque la resolución tiene fundamentación aparente.

    Advierte que se encuentran en juego las garantías del debido proceso, el plazo razonable, el principio de inocencia y su derivado, el derecho a permanecer en libertad durante el proceso. Formula reservas de recurrir en casación y del Caso Federal en caso de un pronunciamiento adverso.

  4. Efectuadas las consideraciones precedentes, este Tribunal abordará la cuestión sometida a revisión de acuerdo al orden de votación establecido a fs. 85 de las presentes actuaciones, debiendo pronunciarse en primer lugar la señora J. de Cámara doctora G.M., en segundo lugar el doctor E.A. y en tercer lugar el doctor A.G.S.T..

    La señora J. de Cámara doctora G.M. dijo:

  5. Acerca del objeto bajo estudio -prórroga de la prisión preventiva-, estimo propicio consignar aquí que esta Cámara se ha expedido sobre los lineamientos generales del instituto en autos: “Aplicación de la Ley 24.390 en autos: B.L., G.E. y sus acumulados”

    Fecha de firma: 06/09/2016 Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CÁMARA Firmado por: G.S.M., JUEZA DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, SECRETARIA DE CÁMARA #28125225#161124307#20160906113846278 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A (E.. N° 268/2011), (E.. 19-A-07), resolución de fecha 31.07.2008; y otros precedentes similares subsiguientes.

    De acuerdo a lo sostenido en los autos citados, la prórroga de la prisión preventiva es una facultad que resulta privativa del juez de grado, por expresa aplicación de lo dispuesto en el Art. 1° de la Ley 24.390, no obstante lo cual este Tribunal de Alzada cuenta con atribuciones para controlar tal decisión.

    De este modo, el a-quo no puede ejercer a su arbitrio esa potestad, sino que la propia ley ha previsto una segunda instancia de contralor necesaria imponiéndose así un doble conforme como garantía constitucional, ello atento la naturaleza de lo decidido por un órgano jurisdiccional por mandato legal. Se impone así legalmente una revisión de lo que se ha decidido con un claro alcance:

    el control de legalidad y con ello las reglas del debido proceso, haciéndose efectivo y con un alcance extensivo la necesaria “tutela judicial efectiva” como garantía constitucional (art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada a la C.itución Nacional a su mismo nivel, conforme art. 75 inc. 22).

    Ahora bien, a los fines de efectuar un exhaustivo análisis del caso corresponde fijar previamente el marco normativo que rige la cuestión, para luego analizar la resolución puesta a conocimiento y la situación de los imputados.

    De conformidad al artículo 1 de la ley 24.390, la prisión preventiva no puede ser superior a los dos años sin que se haya dictado sentencia. Excepcionalmente, se estipula que el encierro puede extenderse por un año más, cuando la cantidad de delitos imputados o la evidente Fecha de firma: 06/09/2016 Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CÁMARA Firmado por: G.S.M., JUEZA DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, SECRETARIA DE CÁMARA #28125225#161124307#20160906113846278 complejidad de la causa hayan impedido el dictado de una sentencia en el plazo de dos años.

    No obstante la letra de la ley, el Alto Tribunal de la Nación -en diversos pronunciamientos- ha relativizado esta obligación de que se otorgue automáticamente la libertad a los imputados en los plazos previstos por el art. 1º de la ley 24.390, doctrina a la que ha adherido el J. de instrucción en las presentes actuaciones, esta Cámara Federal en diversos precedentes y numerosos tribunales del país.

    ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR